Dos organizaciones ambientales presentaron una medida cautelar de no innovar ante la Justicia Civil. El objetivo es suspender de inmediato los contratos de exploración y prospección sísmica firmados por ANCAP con empresas internacionales.
La acción busca detener perforaciones, estudios sísmicos y cualquier actividad de explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Todo queda en pausa hasta que se dicte sentencia sobre la validez de los acuerdos.
El colectivo ciudadano Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil SO.CO.BIO.MA presentaron la medida cautelar. Esto ocurrió el miércoles 19 de noviembre. La meta es frenar la prospección sísmica y la exploración de petróleo en el mar uruguayo.
«Los contratos firmados por Ancap son nulos de pleno derecho. Solicitamos a la Justicia que suspenda de inmediato toda actividad que pueda dañar el océano y su biodiversidad».
Las organizaciones promotoras del recurso señalan que «estos contratos son socioambientalmente disfuncionales. Habilitan actividades que generan daño irreversible, contradicen el interés público y violan el orden jurídico ambiental. Un contrato que permite destruir ecosistemas protegidos carece de causa y objeto lícitos».
Base legal: Violación del Orden Público Ambiental
Las organizaciones sostienen que los contratos son nulos de pleno derecho. Argumentan que violan el orden público ambiental, citando la siguiente normativa:
- Constitución, art. 47: impone el deber de proteger el medio ambiente.
- Ley 19.128: declara al mar territorial y la ZEE como Santuario de Ballenas y Delfines, prohibiendo toda “molestia intencional”.
- Código Civil, art. 1561: establece la nulidad absoluta de contratos con objeto ilícito.
- Código Civil, art. 1321: sanciona el abuso de derecho cuando se ejerce de forma contraria al interés público.
La acción también cita antecedentes. Entre 2012 y 2017, campañas sísmicas sin autorización ambiental coincidieron con pérdidas de hasta 40% en la pesca. También provocaron varamientos de ballenas. Esto generó reclamos judiciales y económicos.
Riesgo por prospección sísmica y contratos vigentes
La solicitud se apoya en hallazgos recientes. Estos provienen de la expedición Uruguay SUB200. La expedición fue realizada en 2025 por la Universidad de la República y el Schmidt Ocean Institute. Por primera vez se exploraron los ecosistemas de aguas profundas del mar uruguayo de forma sistemática. Esto reveló una biodiversidad de “valor incalculable”. También reforzó la obligación constitucional de proteger el patrimonio ambiental.
ANCAP mantiene contratos de exploración. Son con gigantes como Chevron, Shell (BG International), APA Exploration y YPF. Además, hay acuerdos multicliente con firmas de prospección sísmica como Searcher, PGS, Spectrum y CGG.
Estas campañas utilizan cañones de aire comprimido. Estos emiten detonaciones de hasta 260 decibeles cada pocos segundos. Las detonaciones duran meses o incluso años. Afectan gravemente a cetáceos, tortugas y peces.
Competencia, Legitimación y Urgencia
Competencia y legitimación
El escrito enfatiza la competencia de la Justicia Civil ordinaria. Esto se debe a que se trata de contratos administrativos bilaterales y no de actos administrativos unilaterales. Además, las organizaciones comparecientes –SO.CO.BIO.MA. y la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay– acreditan legitimación activa. Esto se justifica por su trayectoria en rescate de fauna, educación ambiental y movilización ciudadana.
El marco jurídico internacional también respalda la acción. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Uruguay, garantiza acceso amplio a la justicia en defensa del medio ambiente. También habilita medidas cautelares para prevenir daños irreversibles.
Urgencia y riesgo
El periculum in mora se fundamenta en la inminencia de nuevas campañas sísmicas. Estas están previstas para el último trimestre de 2025. La propia Dirección Nacional de Cambio Climático reconoció que el país “prevé respetar los contratos de exploración firmados”. La Institución Nacional de Derechos Humanos ya había instado a suspender las autorizaciones ambientales, sin éxito.
Las organizaciones advierten que no adoptar la medida cautelar puede ser un problema. Cualquier eventual sentencia favorable perdería eficacia. El daño ambiental ya estaría consumado.
