El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) pone en tela de juicio la transparencia gubernamental y ha emitido un comunicado revelando la persistente negativa del Poder Ejecutivo a cumplir con una sentencia judicial que ampara su derecho a acceder a documentos relacionados con un Memorando de Entendimiento firmado con la empresa HIF, que prevé construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú.
Hace más de seis meses, se concretó la firma de dicho memorando, lo que motivó a MOVUS a ejercer su derecho de acceso a la información pública bajo la ley 18.381. Tras agotar el proceso administrativo sin éxito, la organización recurrió al Poder Judicial. Este último falló a favor de MOVUS, reconociendo su derecho a obtener los documentos solicitados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha desoído la sentencia, negándose a entregar la información.

MOVUS sostiene que esta negativa no solo socava el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, sino que también impide que la sociedad civil participe de manera informada y responsable en el debate público. Además, este accionar viola el Acuerdo de Escazú, ratificado en Uruguay como la Ley 19.773, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Ante la falta de cumplimiento, MOVUS se ha visto obligado a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente está evaluando el caso. La organización califica de «inconveniente y lamentable» que en un país que predica la transparencia se deba recurrir a instancias internacionales para obtener información pública.
El Poder Ejecutivo ha declarado por Resolución IE605 del 2 de mayo de 2024 que toda la información tratada con la empresa HIF es de carácter confidencial, incluyendo los documentos requeridos por MOVUS. Esta postura ha generado sospechas y descontento, especialmente cuando se ha afirmado que los documentos en cuestión son «inocuos» y no comprometen al Estado.
En un intento de ilustrar la situación, MOVUS cita una frase reciente del Presidente Luis Lacalle Pou: «Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay». Esta declaración resuena como un eco irónico en el contexto actual, subrayando la contradicción entre el discurso oficial y la práctica gubernamental.
La comunidad espera una respuesta clara y una acción concreta del Poder Ejecutivo para resolver este impasse y restaurar la confianza en las instituciones. La transparencia, y el derecho a la información, son pilares fundamentales de una democracia saludable y participativa.