El 31 de octubre de 2004, el pueblo uruguayo, con una abrumadora mayoría del 64,58%, decidió consagrar el agua como un derecho humano fundamental en su Constitución. Hoy, se cumplen dos décadas de este plebiscito que marcó un antes y un después en la gestión de este recurso vital, posicionando a Uruguay como un referente internacional en la defensa del agua como derecho humano.
La iniciativa fue impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, un movimiento social que emergió en 2002 y que reunió a sindicatos, grupos de vecinos, organizaciones ambientalistas y sectores políticos del Partido Nacional y del Frente Amplio. Su objetivo era frenar la expansión de la privatización del servicio público de agua potable, un proceso que había comenzado en la década de los noventa en el departamento de Maldonado.
Con la reforma constitucional, el Estado asumió la responsabilidad exclusiva de garantizar el acceso universal y equitativo a este recurso esencial, estableciendo claramente que el agua no es una mercancía, sino un derecho inherente a cada persona.
Uruguay se convirtió así en el primer país del mundo en reconocer el derecho humano al agua, un logro que fue fruto de una intensa movilización popular.
Es pertinente recordar que el entonces presidente Jorge Batlle advirtió que, si triunfaba la iniciativa popular, «le va a hacer un daño horrible al Uruguay». Sin embargo, a veinte años de aquella histórica jornada, los resultados del plebiscito son innegables.
Uruguay ha realizado avances significativos en la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento, alcanzando estándares de calidad y equidad comparables con los de los mejores países de la región. Además, se ha fortalecido el marco regulatorio y se han implementado políticas públicas orientadas a la gestión sostenible de los recursos hídricos.
No obstante, los desafíos continúan. La sequía, el cambio climático y el crecimiento demográfico son factores que ponen a prueba la capacidad de Uruguay para garantizar el acceso al agua en el futuro.
En este contexto, es fundamental seguir fortaleciendo las instituciones encargadas de la gestión del agua, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso de este recurso.
En 2023, 1,7 millones de personas se vieron afectadas por la sequía, que hizo que el agua corriente se volviera salada e imbebible.
El año pasado, Uruguay enfrentó la peor sequía desde 1947. Esta crisis no se debió únicamente a la falta de lluvias, sino también a una gestión deficiente del recurso. Los gobiernos sucesivos postergaron obras de infraestructura y mantenimiento esenciales para asegurar el abastecimiento de la población, especialmente en la zona metropolitana que alberga al 60% de los habitantes.
Además, el uso excesivo del agua durante períodos de abundancia, combinado con la presión del sector agrícola —principalmente la forestación, la soja y la ganadería—, ha exacerbado la situación en la cuenca del río Santa Lucía.
Marcelo Valverde, secretario general de FFOSE, subraya que, a pesar de la clara voluntad popular, persisten amenazas que han llevado al sindicato a renovar la defensa del agua como derecho humano. Valverde también ha señalado la importancia de luchar contra el «pisoteo» del Estado por parte de «algunos actores de turno», citando casos como la ley de riego y el controvertido Proyecto Neptuno (conocido también como Arazatí). Sobre este último, enfatizó que «es claramente privatizador y no resuelve en absoluto la falta de agua en situaciones de sequía extrema, como la que vivimos en 2023».
«La lucha por la defensa del agua está tan vigente como en 2004», afirma Valverde, quien también destaca la colaboración con organizaciones sociales que, tanto en aquella época como ahora, mantienen la lucha por el agua en clave de derechos humanos y con una profunda preocupación por los temas ambientales.
La experiencia uruguaya ha servido de inspiración para otros países de América Latina y el Caribe que buscan proteger el derecho humano al agua y asegurar una gestión sostenible de los recursos hídricos. La consagración del agua como un derecho humano en la Constitución ha sido reconocida a nivel internacional, contribuyendo al fortalecimiento del movimiento global en defensa de este recurso vital. En 2010, la Organización de las Naciones Unidas adoptó un reconocimiento similar, marcando un hito en la lucha por el acceso al agua en todo el mundo.
