Nota del editor: Este artículo fue actualizado en 2026 para incorporar nuevos datos y políticas nacionales sobre transporte sostenible, entre ellas la aprobación de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible y la creación de la Comisión Interinstitucional en Movilidad Sostenible.


El 26 de noviembre no es una fecha simbólica más. Es un recordatorio de que la forma en que nos movemos define la calidad del aire que respiramos, el tiempo que perdemos en el tránsito, la salud de nuestras ciudades y la equidad en el acceso a oportunidades.

En un planeta donde el transporte es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, hablar de movilidad sostenible es hablar de futuro. Pero también es hablar de Uruguay, un país que avanza, aunque todavía no resuelve su mayor tensión urbana: cómo moverse sin hipotecar el ambiente ni profundizar desigualdades.

Montevideo, con más de 800 vehículos cada 1.000 habitantes, se ubica entre las capitales más motorizadas de América Latina. El parque automotor creció un 40% en la última década, mientras que la infraestructura vial y el transporte público no acompañaron ese ritmo.

La consecuencia es visible. Congestión, ruido, pérdida de espacio público y un aumento sostenido de las emisiones urbanas. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el transporte representa el 60% de las emisiones de CO2 en Montevideo. Convirtiéndose en el principal desafío ambiental de la ciudad.

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La transición que ya empezó, pero aún no alcanza

La ONU define el transporte sostenible como un sistema seguro, accesible, eficiente y ambientalmente responsable. En Uruguay, esa definición se traduce en avances concretos, aunque todavía fragmentados. Entre 2021 y 2023, los ómnibus eléctricos de Montevideo evitaron más de un millón de litros de combustible y redujeron 2.700 toneladas de CO2. Un logro significativo pero insuficiente. Las unidades eléctricas representan apenas el seis por ciento de la flota total.

La movilidad activa sostiene un rol fundamental. Caminar y usar la bicicleta representan cerca del treinta por ciento de los viajes diarios en la capital, pero la infraestructura disponible no acompaña ese protagonismo. Montevideo cuenta con 77 kilómetros de ciclovías, con una meta de llegar a 100, aunque la red sigue siendo discontinua y con escasa integración metropolitana.

Ómnibus eléctrico del Sistema de Transporte Metropolitano, ejemplo de transporte sostenible en Montevideo.
Según datos oficiales entre 2021 y 2023 los ómnibus eléctricos de Montevideo evitaron el consumo de más de un millón de litros de combustible I Foto GUBUY

La electromovilidad privada avanza con mayor velocidad. Uruguay ya supera los 3.500 vehículos eléctricos registrados, con un crecimiento anual cercano al cuarenta por ciento. La red de carga pública supera los doscientos puntos, aunque la mayoría se concentra en el sur del país. Esto evidencia una transición que todavía no es territorialmente equitativa.

La logística urbana enfrenta su propio desafío. Cerca del treinta por ciento del tránsito pesado circula en horas pico, incrementando emisiones y congestión. Existen pilotos de microhubs logísticos impulsados por la Intendencia de Montevideo y el MIEM, pero aún no alcanzan escala. En este escenario, Uruguay cuenta con una ventaja estratégica: su matriz eléctrica renovable, que convierte al país en un candidato natural para liderar la transición hacia un transporte más limpio.

Ciclista en Montevideo, ejemplo de transporte sostenible y movilidad urbana sostenible.
La bicicleta una alternativa que impulsa ciudades más sostenibles y habitables y contribuye a resolver los desafíos de movilidad urbana I Foto Intendencia de Montevideo

Políticas que avanzan, territorios que esperan

La Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, aprobada en 2025, y la creación de la Comisión Interinstitucional en Movilidad Sostenible trazan una visión al 2050 que integra transporte público, movilidad activa, electromovilidad y planificación urbana.

Sin embargo, la distancia entre la política y el territorio sigue siendo amplia. La transición requiere inversión sostenida, coordinación interinstitucional y un cambio cultural profundo. Y, sobre todo, requiere reconocer que la movilidad es un derecho, no un privilegio.

Hoy, en Uruguay, los barrios periféricos tienen menor acceso a transporte público, los tiempos de viaje pueden duplicarse según el código postal y el costo del transporte pesa más en los hogares de menores ingresos.

La infraestructura ciclista está concentrada en zonas centrales y la electromovilidad privada avanza más rápido que la pública. La movilidad sostenible no es solo un asunto ambiental: es una cuestión de justicia urbana.

El futuro se decide en cada viaje

El Día Mundial del Transporte Sostenible nos recuerda que cada decisión cotidiana —elegir un ómnibus, caminar, usar la bicicleta, compartir un viaje, consumir productos locales— forma parte de una transformación mayor. Pero también recuerda que ninguna acción individual sustituye la necesidad de políticas públicas ambiciosas, sostenidas y territorialmente equitativas.

Uruguay tiene la oportunidad de construir un modelo de movilidad que reduzca emisiones, mejore la salud pública y democratice el acceso a la ciudad. La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es cuán rápido quiere hacerlo. Moverse de forma sostenible no es solo llegar a destino. Es decidir qué futuro queremos construir.

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Periodista especializada en política ambiental. Cubre agendas climáticas y justicia ecológica con enfoque territorial.

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