El primer Consejo de Ministros del presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, puso en el centro de la escena el controvertido Proyecto Neptuno. En efecto, tras la reunión en Torre Ejecutiva, Orsi anunció la creación de un «grupo de trabajo» bajo la órbita de Presidencia.
Este equipo, integrado por el MEF, el Ministerio de Ambiente, OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, tendrá un plazo de 90 días para abordar cuestiones cruciales: el impacto ambiental, la viabilidad económica y la garantía de provisión de agua potable.
En concreto, Orsi enfatizó que este grupo deberá alcanzar un acuerdo sobre el proyecto, incorporando los reparos expresados por el Frente Amplio durante la campaña electoral. «Nuestra idea es que en 90 días podamos tener un acuerdo y para eso tenemos que designar los actores que estarán en la mesa», señaló el mandatario. Además, subrayó que la renegociación abarcará todas las preocupaciones previas de su partido.
De esta forma, el Gobierno mantiene una postura «crítica» respecto a la situación actual, lo que impulsa la «necesidad de renegociación con el consorcio responsable». Asimismo, Orsi busca equilibrar dos objetivos primordiales: «asegurar el agua potable para nuestra gente» y «cumplir con las obligaciones» estatales.
Sin embargo, las sombras sobre el proyecto persisten. Recordemos que, en enero, el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó el contrato para la construcción de la planta en Arazatí, San José. Este proyecto privado, que implica una inversión millonaria por parte de OSE, que asciende a unos US$ 900 millones, incluye una captación de agua del Río de la Plata, una planta potabilizadora, una reserva de agua bruta y una cañería conectada a la red hídrica.
No obstante, diversas organizaciones ambientales, sociales y políticas se han movilizado en oposición al Proyecto Neptuno, denunciando sus potenciales impactos negativos en el ecosistema costero. En efecto, la extracción de grandes volúmenes de agua, los vertidos de lodos y la alteración del lecho fluvial generan preocupación por la salud del río y sus especies.
Por otro lado, el Frente Amplio, y el actual ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, han manifestado críticas sobre la viabilidad económica del proyecto y sus implicaciones ambientales. A pesar de ello, existe un contrato firmado, cuyo incumplimiento podría desencadenar arbitrajes internacionales costosos.
