El viernes 22 de marzo pasado, con motivo del Día Internacional del Agua y con el lema nacional «No es sequía, no son inundaciones, es saqueo», organizaciones sociales y ambientales realizaron una concentración en plaza Libertad. Se realizaron distintos reclamos ambientales como la denuncia al modelo extractivista y la exigencia del cuidado de la cuenca del río Santa Lucía, y los proyectos Neptuno e Hidrógeno Verde, entre varios temas. Además, subrayan la necesidad de tomar medidas de adaptación al cambio climático, que agrava las problemáticas que mencionan.
Las organizaciones convocantes, como Coordinación por el Agua, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE, Redes-Amigos de la Tierra y la Coordinación por Palestina, presentaron una declaración en la que detallan los desafíos principales en los territorios y demandan respuestas del sistema político.
En la proclama señalan que “el gobierno actual no está entendiendo la seriedad de la crisis del agua y su mala distribución”. Expresan que en “ocasiones incluso la agrava, y en general, los actores políticos partidarios no están asumiendo el liderazgo necesario para encontrar soluciones».
Afirman que las principales cuencas del país se ven afectadas por el extractivismo y la contaminación debido a la producción agroindustrial y la falta de control de los vertidos urbanos. Como ejemplo, mencionan que en la cuenca de la Laguna Merín se han identificado más de 92 tipos de agroquímicos en investigaciones científicas.
“Situación alarmante” del Santa Lucía
Las organizaciones sociales describen la situación en la cuenca del río Santa Lucía, que suministra agua a más de la mitad del país, como «particularmente alarmante» debido a la desecación de humedales, la tala de monte nativo en las orillas de los cursos de agua y la quema de esteros. Además, señalan que «las acciones tomadas para frenar este deterioro y promover una restauración ambiental han sido no solo insuficientes, sino también inadecuadas».
Frente a esta situación de deterioro ambiental, se demanda que se declare la cuenca como «libre de agrotóxicos y plantaciones forestales industriales», y se inste a llevar a cabo «un plan de restauración efectivo» en la zona.
Falta de protección de los recursos hídricos
Desde la proclama se critica la falta de protección de los recursos hídricos comunes para prevenir la contaminación, así como la aprobación de proyectos que involucran una gran explotación del agua, como el hidrógeno verde y sus impactos en la laguna Merín. Asimismo, resaltan el derrame de UPM que afectó al arroyo Sauce y llegó incluso al río Negro, cuestionando el valor que estas empresas y las instituciones otorgan a la vida. También mencionan la autopista planeada en Canelones, que pone en peligro la Laguna del Cisne, vital para la Costa de Oro.
Presupuesto para un Plan Nacional de Agroecología
Además, piden asignar un presupuesto suficiente al Plan Nacional de Agroecología, priorizar el acceso al agua para los pequeños productores y facilitar el acceso a la tierra y la repoblación de las zonas rurales, donde el Instituto Nacional de Colonización juega un papel fundamental.
Mecanismos de participación ciudadana
En la proclama denuncian que los mecanismos de participación ciudadana, como las comisiones de cuenca, no funcionan adecuadamente y no garantizan que las opiniones de la ciudadanía sean consideradas, siendo convocadas solo por obligación legal.
