El informe de Global Witness es un llamado urgente para la protección a los defensores ambientales. Gobiernos y empresas deben garantizar su seguridad y promover un desarrollo sostenible y justo.
Cifras que hablan: 196 defensores asesinados en 2023
El año pasado, al menos 196 defensores ambientales fueron asesinados mientras intentaban proteger el planeta de las industrias extractivas. El 85% de estos trágicos asesinatos ocurrieron en América Latina, con Colombia, México y Honduras a la cabeza, afectando desproporcionadamente a los pueblos indígenas.
Desde que Global Witness comenzó a documentar estos ataques en 2012, el número total de asesinatos ha alcanzado la escalofriante cifra de 2.106 en todo el mundo. Laura Furones, autora principal del informe, subraya que esta cifra probablemente subestima la realidad, debido a la dispersión y falta de accesibilidad de los datos.
Foto Luis Antonio Rojas Global Witness
Colombia: el país más peligroso para los defensores
El informe, titulado «Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente», destaca a Colombia como el país más peligroso para este tipo de activismo, con al menos 79 asesinatos registrados en 2023. Esta es la cifra anual más alta documentada por Global Witness, y casi el 40% de estos asesinatos afectaron a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
México y Honduras: tendencias similares y desafíos comunes
Tendencias inquietantemente similares se observan en México y Honduras, con 18 defensores asesinados en cada país durante 2023. En México, más del 70% de las víctimas eran indígenas. En Brasil, aunque el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a 25 en 2023, más de la mitad de las víctimas eran indígenas, y se destacan los avances en protección ambiental bajo la presidencia de Lula da Silva.
Centroamérica: una región bajo asedio
Global Witness señala que los defensores en Centroamérica han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otra parte del mundo, con el 97% de ellos ocurriendo en Honduras, Guatemala o Nicaragua. En 2023, se registraron 36 asesinatos en la región, lo que representa casi uno de cada cinco asesinatos documentados a nivel mundial, en una región con menos del 1% de la población mundial.
El informe denuncia la extracción insostenible de recursos naturales en Centroamérica, especialmente en industrias como la tala y la minería, y la falta de consultas adecuadas con las comunidades locales. Un ejemplo claro fue Panamá, donde las protestas nacionales llevaron a la cancelación de un contrato minero.
Llamados a la Acción: un entorno seguro para los defensores
«Voces silenciadas» insta a los gobiernos a crear un entorno seguro para los defensores ambientales, permitiéndoles ejercer sus funciones sin temor por sus vidas. También exige la implementación efectiva de leyes y mecanismos existentes, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Aarhus.
A pesar de que durante la cumbre anual del Acuerdo de Escazú, celebrada en abril en Chile, se aprobó un plan para la protección de los defensores ambientales, su implementación aún se encuentra pendiente. Costa Rica, República Dominicana y Perú no han ratificado el tratado, argumentando que este es incompatible con sus objetivos de desarrollo.
El informe también exhorta a los gobiernos a identificar, documentar y analizar de manera sistemática los ataques dirigidos contra los defensores del medio ambiente, con el objetivo de desarrollar medidas de aplicación de la ley más efectivas.
Los autores subrayan que la recopilación de datos debe ser transparente y participativa, dado que, en muchos casos, son los propios defensores quienes poseen la información más detallada.
