El desmonte ilegal en Argentina continúa representando un desafío persistente, especialmente en el norte del país, donde extensas áreas de bosques nativos están siendo degradadas por prácticas no autorizadas.
Datos recientes publicados por Greenpeace Argentina indican que, durante el primer semestre de 2025, las provincias de Chaco y Santiago del Estero perdieron un total de 31.000 hectáreas de cobertura forestal. Esta cifra equivale a más de una ciudad y media de Buenos Aires.

Dinámicas Provinciales y Cifras Relevantes
Santiago del Estero representa el foco principal del problema, con 22.315 hectáreas deforestadas, mientras que Chaco reporta 8.685. En ambos casos, gran parte de la pérdida corresponde a desmontes ilegales, realizados en zonas protegidas por la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331). Si bien existen particularidades normativas en cada territorio, las similitudes en los mecanismos de degradación reflejan un patrón recurrente.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, señala que la expansión agrícola —principalmente de la ganadería y el cultivo de soja— ha influido en el deterioro forestal, respaldado por modificaciones en la zonificación que desprotegen áreas de alto valor ambiental.


Investigación y Denuncias
Un caso destacado expuesto por Mongabay Latam revela que en 2024 se deforestaron 11.000 hectáreas en Santiago del Estero, en un proceso que incluyó denuncias por amenazas a comunidades indígenas. Greenpeace califica estas prácticas como reiterativas y sistemáticas.
En el caso de Chaco, toda la deforestación registrada en el primer semestre de 2025 fue considerada ilegal. Esto se debe a la vigencia de una medida cautelar que prohíbe nuevos desmontes, emitida tras una denuncia penal presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Legislación y Retos de Implementación
La Ley 26.331 establece criterios claros de protección, clasificando los bosques en categorías roja, amarilla y verde. A pesar de ello, su aplicación ha sido limitada. En Santiago del Estero, por ejemplo, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no se actualiza desde 2015, vulnerando el principio de no regresión legal.
Si bien se han anunciado iniciativas para fortalecer controles y aumentar sanciones, su impacto aún no se refleja en una reducción significativa de la deforestación.

Perspectiva Regional y Proyecciones
La pérdida forestal tiene repercusiones que van más allá de lo local: afecta la biodiversidad, altera los ciclos hídricos y genera inquietudes en mercados internacionales, cada vez más atentos a la trazabilidad de productos. Acuerdos como el de la Unión Europea-Mercosur y compromisos globales como la meta de deforestación cero para 2030 refuerzan la necesidad de avanzar hacia prácticas sostenibles.
Organizaciones ambientalistas remarcan que existen alternativas viables: restauración ecológica, manejo agroforestal y participación en mercados de carbono, entre otras.
Pese a que el ritmo de pérdida ha disminuido en las últimas dos décadas, Argentina sigue ocupando un lugar entre los 15 países con mayor deforestación. La situación exige una respuesta articulada entre sociedad civil, sector productivo y autoridades para proteger los ecosistemas estratégicos del país.
Fuente: Greenpeace Argentina y La Nación.