Autor: Redacción Ambienta

La demanda denuncia que el Estado ha sido omiso ante las advertencias técnicas y ambientales, priorizando acuerdos contractuales por encima de la protección de derechos humanos fundamentales. Este movimiento legal surge en un momento crítico, coincidiendo con el dictamen de falta de jurisdicción de la justicia ante los reclamos de colectivos ambientales de la sociedad civil.

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Naciones Unidas advierte que el planeta ha entrado en «bancarrota hídrica», un colapso donde el consumo humano agota irreversiblemente ríos y acuíferos. Con pérdidas económicas de USD 300.000 millones anuales y 2.200 millones de personas sin agua potable, el informe de la ONU reclama un rescate hídrico urgente antes de la Conferencia de 2026.

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