La ONG Escazú Ahora presentó su segundo informe anual sobre la situación de los defensores del medioambiente en Chile, revelando un preocupante aumento de la violencia contra quienes protegen la naturaleza. Durante 2024, las agresiones físicas se triplicaron respecto al año anterior, alcanzando 47 casos que afectaron a 27 defensoras ambientales.
De acuerdo con el informe, el 48,9% de las agresiones reportadas fueron de carácter físico, y las principales víctimas fueron mujeres, quienes representaron el 70,2% de los casos. “Las mujeres enfrentan una violencia que no solo amenaza su integridad física, sino que también ataca su identidad y su derecho a participar en el activismo ambiental”, explicó Francisca Stuardo, editora del informe.
El trabajo de investigación de la organización, presentado ayer lunes, también destaca que el 38,2% de los casos de amenazas no fueron denunciados judicialmente, en parte debido a la desconfianza en el sistema y al miedo a la revictimización.
De las denuncias presentadas, más de la mitad (53,1%) siguen en trámite, mientras que solo el 2,1% recibió una resolución favorable. Además, las amenazas se diversificaron en 2024, empleando tácticas legales como querellas y recursos de protección, además de las demandas habituales.
El sector forestal concentra la mayor parte de las agresiones, con el 38,3% de las amenazas y el 91,3% de los casos de violencia física. A este le siguen los sectores de saneamiento ambiental y energético, ambos con un 17% de las amenazas registradas.
Ausencia de justicia e impunidad
El informe de la ONG Escazú Ahora pone de manifiesto los altos niveles de impunidad en el país. En 25 de los casos denunciados, los procesos judiciales llevan más de seis meses sin resolución. En otros tres, las denuncias fueron rechazadas, y únicamente una culminó con un resultado favorable. “Lo más preocupante es que en 18 casos las víctimas decidieron no tomar acciones legales, reflejando un temor generalizado a represalias o la percepción de que denunciar no hará la diferencia”, afirmó Stuardo.
Ante esta situación, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados discutía ayer un proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales. “Es esencial que el Congreso apruebe esta ley cuanto antes. La impunidad de estos ataques demuestra que la legislación actual es insuficiente”, declaró Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora.
Un problema global
La violencia contra defensores del medioambiente no es exclusiva de Chile, pero la situación en el país destaca por su reciente gravedad. Según el informe de Escazú Ahora, las agresiones físicas se triplicaron en 2024, y las mujeres defensoras acumularon el 70,2% de los casos. Esto refleja un patrón preocupante observado en otros países de América Latina.
- Colombia: Uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con decenas de asesinatos reportados anualmente, según Global Witness.
- Brasil: La deforestación en la Amazonía genera conflictos violentos, especialmente contra comunidades indígenas y activistas.
- México: Los defensores enfrentan amenazas relacionadas con proyectos mineros y energéticos, en un contexto de alta impunidad.
Aunque Chile muestra un aumento alarmante en la frecuencia y brutalidad de los ataques, comparte con estos países la falta de protección efectiva y la impunidad judicial. Esto subraya la importancia de implementar medidas más sólidas, como las estipuladas en el Acuerdo de Escazú, para garantizar la seguridad de quienes protegen el medioambiente.
