Un Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue aprobado durante la segunda jornada de la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes del tratado de Escazú.
El objetivo del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú.
¿Qué establece el artículo 9 del tratado?
Entre otras cosas, que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Además, deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
En la última década, casi 2.000 personas que defienden el ambiente fueron asesinadas en el mundo, y 3 de cada 4 de esos asesinatos sucedieron en algún país de América Latina y el Caribe.
El Plan de Acción fue preparado por un Grupo de Trabajo con participación del público, especialmente de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis.
Fue sometido a consideración de los 15 Estados Partes del Acuerdo, y su plazo de ejecución es de seis años: de abril de 2024 a abril de 2030.
Estructura del Plan de Acción
El Plan se estructura en cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios entre sí: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción, y evaluación, seguimiento y revisión.
A su vez, cada uno de los ejes prioritarios incluye un conjunto de acciones estratégicas que se propone impulsar para el logro de los objetivos.
Durante la sesión, delegados de gobiernos, funcionarios internacionales y representantes del público y de los Pueblos Indígenas coincidieron en que, además de dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo, el Plan de Acción era de máxima urgencia y relevancia política para América Latina y el Caribe, y un imperativo ético insoslayable, dada la dramática situación que viven las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región.
Presentación de Informes
En la segunda jornada del encuentro también se presentaron informes de la Mesa Directiva (Presidida por Uruguay), de la Secretaría (ejercida por la CEPAL) y de los representantes electos del público.
Se realizó, una sesión sobre la implementación nacional del Acuerdo de Escazú, en la que los Estados Partes dieron cuenta de sus avances y adoptaron una decisión en la materia.
Siete países de la región –Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile– compartieron sus planes nacionales, en construcción o ya aprobados, para una efectiva y progresiva implementación del tratado.
Estos planes incluyen diversas estrategias y acciones tendientes a dar a conocer ampliamente los pilares y alcances del Acuerdo, actualizar y armonizar la normativa interna y coordinar la labor de las distintas instituciones y actores involucrados.
El acceso a la información ambiental
Con la participación de expertos en la materia, tuvo lugar una sesión especial sobre el acceso a la información ambiental enfocada en sistemas, registros de emisiones y transferencia de contaminantes.
En el último día del encuentro, se llevarán a cabo sesiones especiales sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación pública en procesos de evaluación de impacto ambiental.
Además de la presentación de informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, y la lectura de las decisiones aprobadas de la COP 3.
En base a fuente de CEPAL