El emblemático paisaje de Punta Ballena se encuentra en el centro de una intensa controversia, mientras un proyecto de inversión privada propone la construcción de un complejo de 29 edificios en la Sierra de la Ballena. La iniciativa, que ha generado una ola de críticas, se encuentra actualmente en la fase de recepción de objeciones, un período que culminará el 12 de diciembre.
Este proceso de «Puesta de Manifiesto» permite a la ciudadanía examinar el proyecto y presentar sus reparos a través de la plataforma web del Ministerio de Ambiente. Tras el cierre de este período, el Ministerio analizará la información recopilada y convocará a una Audiencia Pública, aún sin fecha ni lugar definidos. En esta instancia, la empresa promotora, liderada por el banquero argentino Delfín Ezequiel Carballo González, deberá defender su propuesta ante la ciudadanía y los técnicos del Ministerio. Se estima que la audiencia se llevará a cabo a principios de 2024.
La oposición al proyecto es amplia y diversa. Vecinos, organizaciones ambientalistas, científicos y gremios estudiantiles, como el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República, el de Estudiantes de Gestión Ambiental y el de Diseño de Paisaje, se han movilizado para proteger la biodiversidad de la zona. En un comunicado, los estudiantes destacaron el valor ecológico y turístico de Punta Ballena, un «punto de encuentro para esparcimiento, avistamiento de aves y ballenas».
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, ha expresado su compromiso con la protección de Punta Ballena, abogando por un equilibrio entre el desarrollo y la conservación. Sin embargo, la exfiscal Mirtha Guianze, ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ha sido más contundente, exigiendo la expropiación de la zona y su declaración como Patrimonio Cultural y Natural.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, ha informado al presidente Luis Lacalle Pou sobre el avance del proyecto, reconociendo su «sensibilidad» para la ciudadanía. Aunque aún no se han definido soluciones concretas, el Ministerio se encuentra en la etapa de evaluación del estudio ambiental y social, cuyos costos deben ser cubiertos por la empresa promotora.
En los meses de abril y mayo, los representantes de la empresa se reunieron con vecinos y organizaciones para presentar su propuesta. Durante estos encuentros, surgieron preocupaciones sobre el impacto del proyecto en el tránsito, la ocupación de la zona y el saneamiento, según la documentación presentada al Ministerio.