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Home»Uruguay»La Justicia frena Proyecto Arazatí
Uruguay

La Justicia frena Proyecto Arazatí

El fallo del juez Alejandro Recarey advierte sobre riesgos de privatización y posibles daños ambientales, mientras el Gobierno se prepara para apelar.
Redacción AmbientaBy Redacción Ambienta25 de junio de 20242 Mins Read
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Arazatí. Foto: Estefanía Leal
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El juez Alejandro Recarey ha emitido una resolución que ordena a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) «no innovar» y abstenerse de firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, el cual estaba destinado a la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, en la costa del Río de la Plata, en el departamento de San José. Este proyecto, conocido como Neptuno, ha sido suspendido temporalmente.

La decisión del juez Recarey responde a una demanda presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucu Tucu. La orden judicial se mantendrá «hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario». Esta medida temporal ha sido bien recibida por la oposición política y varias organizaciones sociales ambientalistas que se oponen al proyecto.

El documento judicial, al que tuvo acceso Ambienta, justifica la medida cautelar afirmando que «hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable». Además, el juez Recarey apunta que «podría estar vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas».

Foto Romina Torres

El magistrado también expresó su preocupación por la calidad del agua que se suministraría a la población metropolitana, sugiriendo que podría ser de menor calidad si la toma se hiciese en fuentes menos limpias. Además, criticó la falta de discusión pública y transparencia sobre los posibles sobrecostos en las tarifas del agua.

Con esta resolución, el juez ha aceptado la medida cautelar solicitada por las organizaciones demandantes, representadas legalmente por el abogado Juan Ceretta. Ahora, estas organizaciones tienen un plazo de 30 días para presentar una demanda sobre el fondo del asunto, es decir, la construcción o no de la planta potabilizadora en Arazatí.

El fallo ha generado un intenso debate sobre la gestión del agua en Uruguay, poniendo en el centro de la discusión las tensiones entre los intereses públicos y privados, y las posibles implicancias ambientales y económicas del proyecto Neptuno.

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