La crisis climática sigue golpeando con fuerza a América Latina y el Caribe. El informe 2024-2025 de Amnistía Internacional, titulado La situación de los derechos humanos en el mundo, denuncia que los gobiernos de la región han fallado en implementar medidas efectivas para mitigar las repercusiones en comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes.
La organización resalta que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente, agravando los efectos de la deforestación, los incendios forestales y la expansión de la extracción petrolera. En países como Brasil, Ecuador y Venezuela, el aumento de estas actividades económicas ha contribuido a la degradación de ecosistemas frágiles, mientras que, en Perú, cuatro defensores de la tierra fueron asesinados en el último año.
Migraciones climáticas y falta de protección
El informe también hace hincapié en las migraciones climáticas provocadas por fenómenos como inundaciones y el aumento del nivel del mar. En Brasil, más de 600.000 ciudadanos fueron desplazados tras fuertes inundaciones en el estado de Río Grande del Sur. En México y Honduras, comunidades costeras han denunciado la pérdida de sus medios de vida debido al avance del agua, exigiendo respuestas estatales que aún no llegan.
Además, América Latina lidera la lista de homicidios de activistas ambientales, con cifras alarmantes que evidencian la falta de mecanismos de protección. Global Witness, en su informe de septiembre de 2024, confirmó que el 85% de los asesinatos de defensores ambientales en 2023 ocurrieron en la región. La impunidad y la violencia estructural siguen marcando el panorama de derechos humanos en países como México, Colombia y Brasil.
El derecho a un medioambiente saludable
En su informe, Amnistía Internacional enfatiza que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para mitigar la crisis climática, entre ellas frenar las emisiones de carbono y poner fin a la extracción y uso de combustibles fósiles.
Además, insta a los Estados con mayores recursos a aumentar significativamente la financiación destinada a los países que necesitan ayuda para adoptar medidas de mitigación y adaptación compatibles con los derechos humanos.
La organización advierte que la pasividad estatal está condenando a generaciones futuras y exige medidas concretas para abordar la crisis climática desde un enfoque de derechos humanos.
El informe completo de Amnistía Internacional puede leerse aquí.
