Marcelo Cabrera, miembro del movimiento Coordinación por el Agua, fue entrevistado por Ambienta y compartió una perspectiva crítica sobre la situación actual en Uruguay. Según Cabrera, «el Estado uruguayo no supervisa ni controla esta situación, ya que hacerlo provocaría una alarma a nivel nacional».
Además, denunció que «la industria médica finge no verlo, lo que dificulta a los activistas ambientales demostrar la conexión entre el aumento de enfermedades y la calidad del agua, debido a la falta de investigaciones y a una negligencia por parte del Estado».
Nacido y residente en Montevideo, el compromiso de Marcelo Cabrera con el medio ambiente y la comunidad es evidente en su trabajo. En la «Escuela Libre» Charamusca, su labor es fundamental en la formación sobre bioconstrucción, agricultura orgánica, gestión de proyectos comunitarios y permacultura.
Su dedicación también se extiende a KalkuMapu Medicina Natural Integrativa, un espacio dedicado al estudio y la difusión de conocimientos sobre salud comunitaria. Como miembro activo de la red de jóvenes por la soberanía alimentaria y del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), Marcelo Cabrera ha dedicado más de una década a promover un estilo de vida sostenible y respetuoso con la naturaleza.
-¿Qué es el movimiento Coordinación por el Agua?
-La Coordinación por el Agua es un espacio abierto y horizontal, que no tiene ningún vínculo con organizaciones político partidarias. En primer lugar buscamos estar al tanto de todos los conflictos socio-ambientales que ocurren en el territorio nacional e intentamos que todas las organizaciones sociales y ambientales sepan lo que está ocurriendo. Así podemos estar en contacto para ayudarnos mutuamente y coordinar acciones en conjunto, tanto las organizaciones sociales como la gente que se ve directamente afectada por los diferentes proyectos de saqueo. Por otro lado coordinamos acciones estratégicas para ponerle límites a las iniciativas privadas que avanzan provocando todo tipo de desastres ambientales y poniendo en riesgo nuestra salud, de forma cada vez más peligrosa. Frente a la ausencia total del Estado en cuanto a controles ambientales y el respeto de la soberanía nacional y nuestros derechos humanos, el labor de las organizaciones socioambientales populares e independientes es cada vez más fundamental en toda Latinoamérica.
-¿Cuándo surge el movimiento?
-La coordinación se creó en febrero del año 2022. Se convocó a una reunión abierta para organizar una movilización por el Día Mundial del Agua el 22 de marzo donde participaron más de 20 personas de diferentes organizaciones. Luego de organizar un toque en Plaza Libertad, donde participaron varios artistas y se expresaron las organizaciones, decidimos que era importante generar un espacio “por el agua” para defender la calidad y la disponibilidad de este elemento necesario para la vida, y para luchar por la salud de nuestro ambiente, biodiversidad y por nuestra calidad de vida.
-¿Quiénes la integran y cómo funciona?
-Hay personas que participan a título individual, dando una mano desde donde pueden y otras participan desde sus organizaciones sociales o ambientales. La coordinación está integrada por estudiantes, docentes, investigadores, activistas, etc. Tenemos grupos operativos que trabajan sobre diferentes temáticas, grupos de investigación y comisiones de trabajo.
-¿Qué acciones están realizando?
-A veces nos enfocamos en organizar movilizaciones, conversatorios sobre temas pertinentes, charlas en lugares que nos convocan. Otras veces nos toca apoyar a colectivos que no tienen las fuerza o las herramientas para reclamar sus derechos. El año pasado por ejemplo, la crisis hídrica en Montevideo hizo del agua un tema central y se produjo una ola de movilizaciones durante todo el mes de mayo. Todos los días marchas y concentraciones diferentes en Montevideo y Canelones. En los próximos meses se organizaron de forma popular todo tipo de charlas, cines-foro, actividades artísticas que trascendieron la capital. Por eso el año pasado el rol de la Coordinación fue el de apoyar estas movilizaciones “autoconvocadas” con nuestra experiencia, recursos e información. En este momento estamos cerrando el ciclo de campamentos por la tierra y el agua.
El último campamento se realizará a mediados de febrero y a fin de mes presentaremos un informe en Derechos Humanos, con una plataforma de acciones para ayudar a mejorar la situación de las personas de la ruralidad, para poner límites a la depredación y desertificación de los ecosistemas, y generar las condiciones para que la gente que vive en el campo y quienes están en un proceso de vuelta al campo, logren trabajar y vivir dignamente.
-¿Cómo se financian?
-No contamos con ninguna fuente de financiación nacional ni internacional tampoco. Nos financiamos exclusivamente con los aportes voluntarios de quienes integramos la coordinación y las personas que eligen apoyar nuestro trabajo con aportes puntuales. Buscamos la forma de poder autofinanciar cada una de las actividades que realizamos de diferentes formas, como vendiendo pañuelos, pegotines, libros y publicaciones. Como cualquier organización popular.
-¿Cuál es el objetivo de los Campamentos por el Agua y el Territorio que vienen realizando?
-Luego de finalizada la crisis hídrica, desde la Coordinación decidimos elaborar un campamento para ver cómo seguir adelante. El Colectivo Aripucas, que integra la Coordinación por el Agua nos propuso co-organizar una serie de 5 campamentos por todo el país. De esa forma podríamos discutir todos los temas ambientales que nos preocupan desde la perspectiva de las personas de diferentes partes del país.
-¿Dónde se han realizado estos campamentos?
-El primer campamento se realizó en Arazatí, San José, donde se pretende instalar el famoso “Proyecto Neptuno Arazatí”. Lo organizamos la Coordinación por el Agua junto a la organización local “Tucu-Tucu” de Arazatí, y con el Apoyo de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y de proyecto Aripucas. El segundo se realizó en Paso Andrés Pérez, Paysandú con la temática “Derecho a la Tierra Indígena”. En Noviembre se realizó el campamento por el “Derecho a la Pesca Artesanal”, en Lago Merín. Ya en enero de 2024 se realizó un campamento en Bella Unión con la temática “Acceso a la Tierra” y el último se realizará a mediados de febrero bajo la consigna “Derechos Afro-Rurales”. Todos estos campamentos se realizaron con el apoyo de organizaciones locales de cada territorio.
-¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?
-Cada campamento es un caso particular. El primer campamento, en San José, fue mucho más multitudinario porque está cerca de la capital y porque lo realizamos estratégicamente en Arazatí y el proyecto “Neptuno-Arazatí” es un tema que preocupa principalmente a las organizaciones sociales y ambientales de Montevideo, quienes serían los principales afectados. Este campamento fue muy bien recibido, ya que luego de un año muy intenso para el tema “agua” las organizaciones ambientales estábamos necesitando juntarnos para compartir y ver cómo seguir adelante. En el caso de los demás campamentos, realizados en el interior del país, el objetivo era generar instancias de debate e intercambio para que la gente de diferentes territorios pueda debatir sobre la forma en que vivencian los conflictos eco ambientales. Logramos aprender un montón sobre las realidades de los diferentes territorios del país.
-¿Qué está pasando con el agua en Uruguay?
-Estamos en una situación gravísima, ya que Uruguay tiene una matriz productiva de exportación de materias primas de bajo valor, y que se basa en la “exportación virtual de aguas”. Los principales rubros de exportación del Uruguay son la carne, la forestación, monocultivos transgénicos de maíz y soja, arroz y productos lácteos. La industria de la celulosa no cuenta porque funciona en zonas francas y se exporta a través de zonas francas, por lo que es un territorio ocupado por Finlandia, algo así como un imperio o colonia finlandesa. La fabricación de celulosa, la producción de carne y de arroz son de las industrias que consumen más agua en todo el mundo.
A su vez, son de las más contaminantes, especialmente los monocultivos de arroz, soja, maíz, caña de azúcar y Eucaliptus, por el paquete de agrotóxicos y fertilizantes que se utilizan, sin control y en grandes extensiones. Además estos sectores productivos son los que menos generan empleo en todo el país, y las industrias como los frigoríficos y las arroceras son de capitales extranjeros.
La situación viene empeorando desde 2017 tras la aprobación de la nueva ley de riego, siguiendo la corriente de privatización del agua impulsada por los países anglosajones (USA, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Australia e Israel). La ley de riego habilita a embalsar ríos y secuestrar agua para cobrársela a los productores y de esa forma las grandes empresas y terratenientes extranjeros son los únicos que pueden acceder al agua.
A todo esto, nuestra agua está contaminada con agrotóxicos y muchos más efluentes de las industrias, y esto el Estado no lo mide ni controla porque de hacerlo generaría una alarma a nivel nacional, y la industria médica hace la vista gorda de forma que es imposible para los activistas ambientales demostrar la relación entre el crecimiento de enfermedades y las condiciones de nuestras aguas, por falta de investigaciones y una negligencia casi-terrorista del Estado.»
Tampoco se fiscalizan a las empresas, se controla el uso de agrotóxicos ni a los embalses irregulares e ilegales, de forma que quienes contaminan gozan de total impunidad para seguirlo haciendo. Finalmente mencionar que el Estado tiene como proyecto de futuro continuar con este modelo país, por lo que pretende impulsar en los próximos años el monocultivo de trigo transgénico con glufosinato de amoníaco (harina neurotóxica) y la instalación de la industria de Hidrógeno Verde, para destruir el agua y convertirla en gasolina para exportar a Alemania.
-¿Qué postura tienen ante el proyecto Neptuno?
-El proyecto Neptuno es un claro caso de corrupción, donde frente a nuestras caras se pretende hacer un traspaso de dinero público a un consorcio de 4 empresas. La propuesta original de OSE es la represa Casupá, y como alternativa las empresas propusieron el tal “Proyecto Neptuno” de un coste 3 veces superior y con numerosas limitaciones técnicas. Por un lado, los eventos de salinidad y floración de cianobacterias pueden dejar a la planta sin funcionar durante largos periodos de tiempo y puede que los costos de la operación de la planta se eleven por estas causas en el futuro. Por otro lado la población de Montevideo corre el riesgo de recibir agua contaminada y por si fuera poco el agua que garantiza el Neptuno es poca. Resulta totalmente ilógico que un Estado decida pagar 3 veces más para un proyecto que pone en riesgo el abastecimiento de agua en Montevideo des financiando a OSE y utilizando dinero que es necesario para asegurar el acceso al agua potable a la gente de la capital. Además la idea que está detrás es que el agua comience a ser administrada por empresas privadas, quienes en el futuro serían las que van a fijar su precio y tomar las decisiones sobre cómo se reparte el agua y sus usos prioritarios.
-Este año 2024 es año electoral en Uruguay, ¿qué esperan de los partidos políticos y de sus candidatos?
-Lo más seguro es que los partidos políticos y sus candidatos no quieran ni hablar de estos temas. Las campañas electorales contemporáneas se centran en debates “vacíos y abstractos” donde se da por obvio que el capitalismo tiene que seguir adelante en “piloto automático” y que para que eso sea posible hay gente, ecosistemas y territorios que tienen que “sacrificarse”: de ahí sale el concepto de “zonas de sacrificio”. Las alternativas reales como la autonomía alimentaria, es decir, otras formas de ordenar la economía, los recursos y el territorio no son tomadas en cuenta siquiera.
Las campañas políticas son muy costosas y por eso los partidos tanto “de derecha”, “centro” y “progresistas” son financiados por las empresas del saqueo: es lo que se denomina clientelismo.
Por dar un ejemplo Orsi fue criticado hace muy poco por varias organizaciones ambientales por organizar una conferencia con el “Rey de la Soja” de Argentina, quien promueve la aprobación del trigo transgénico HB4 en todo el Mercosur. Este tipo de empresarios son los que financian las campañas de unos y de los otros. La salud y la calidad de vida de la gente pasa a un segundo plano para poder sostener la financiación electoral y seguir percibiendo “coimas” de las instituciones de crédito que nos dan dinero para “el tren de UPM” y para megaproyectos extranjeros, pero no nos conceden créditos para la protección de ecosistemas, ni para la transición hacia la soberanía alimentaria, ni para desarrollar nuestra propia industria y tecnologías propias.
-¿Tienen previsto mantener contacto con ellos para conocer cuál será el accionar o qué políticas sociales y ambientales impulsarán?
-Es necesario sí, que las organizaciones sociales trabajemos en conjunto para presionar a los sectores político partidarios, partidos políticos y funcionarios públicos, para que por un lado promuevan leyes que pongan límites, y por otro lado para que se cumpla la legislación vigente, que a veces tampoco se cumple por falta de fiscalización y control de las grandes empresas y empresarios. No se destina dinero para controlar a las empresas que contaminan, pero sí se destina un montón de recursos para controlarnos y perseguirnos a las personas.
-A nivel de América Latina se avanza hacia el Hidrógeno Verde, y en Uruguay hay proyectos también, ¿Cómo ven esta alternativa energética?
-La unión europea, y principalmente Alemania son quienes promueven la instalación de más de 100 proyectos de hidrógeno verde en toda Latinoamérica. No se plantea como una discusión sino como una imposición y por eso en Uruguay quieren regular la industria “de apuro” y por decreto, sin discusión parlamentaria.
Desde nuestra perspectiva es una forma más de robarnos el agua para sostener su consumismo desmedido, pues la Unión Europea no está pensando en gestionar su energía más eficientemente, sino en seguir aumentando su consumismo y poder militar, a base de una megaindustria de hidrógeno verde en Latinoamérica.
La primer industria que literalmente va a destruir nuestra agua separando el H del H2O para llevársela en forma de energía. Pero además, al mismo tiempo que se impulsa el HV en Uruguay se están firmando contratos con las petroleras para explotar el territorio marítimo uruguayo para sacar petróleo. Acá no hay ninguna “transición”, quieren HV y petróleo, y lo quieren para sostener niveles de vida insostenibles.
-En lo personal, ¿cómo visualizas a la población uruguaya, sobre estos temas en los cuales ustedes han marcado fuerte postura? ¿Hay involucramiento de la sociedad?
-Creo que si bien la población urbana está muy desconectada de las consecuencias del avance de la mega industria, en general creo que en los últimos años hemos desarrollado un sensibilidad mayor por estos temas y eso se nota en el apoyo que recibimos de personas de todas las generaciones.
La gente quiere involucrarse, pero a veces parecen tan grandes los intereses que están detrás de las empresas y políticos que atentan contra la vida, que caemos en una resignación donde parece que ya estuviera todo perdido.
Las leyes se vienen ajustando para flexibilizar los controles ambientales y para criminalizar todo tipo de protesta contra proyectos que se aprueban de forma autoritaria y sin consulta popular. A su vez los Estados de Latinoamérica van reforzando sus aparatos represivos con cuerpos policiales entrenados especialmente para pelear contra la gente cuando sale a protestar. Esto hace que la militancia ambiental sea una lucha larga, cansadora e incluso potencialmente peligrosa. Defender la vida se ha vuelto peligroso en Latinoamérica lo que es algo que suena ridículo en la situación de “Estados de Derecho” como es Uruguay.
