La localidad de Martín Chico, en el departamento de Colonia, es un rincón de biodiversidad de Uruguay, y actualmente está en el centro de una polémica que podría redefinir su futuro. La construcción de un puerto multipropósito ha despertado la alarma entre sus habitantes y defensores del medioambiente, quienes temen que el proyecto pueda causar estragos irreparables en este valioso ecosistema.
Campaña de firmas para detener el proyecto
Miguel Tovar, un vecino de la zona, se ha convertido en la cara visible de la resistencia. Con el apoyo de Greenpeace y por medio de la plataforma «Somos Puentes», se ha lanzado la campaña para recolectar firmas y frenar el avance del puerto.
«Este proyecto no solo amenaza nuestro entorno, sino también nuestra forma de vida», afirma Tovar, quien ha movilizado a la comunidad para que sus voces sean escuchadas en los niveles más altos del gobierno.
Las demandas al gobierno
La campaña, dirigida a la Vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, solicita la suspensión del proyecto hasta que se realicen evaluaciones exhaustivas sobre sus impactos y amenazas.
- Analizar los efectos en los niveles local, departamental y nacional.
- Estudiar la contaminación de suelos, flora y fauna debido a la manipulación de materiales como el hierro.
- Evaluar el impacto en el rendimiento agrícola por el aumento de partículas volátiles.
- Garantizar que el proyecto cumpla con todas las normativas legales.
- Respetar los derechos de los afectados por el megaproyecto.
- Promover un plan nacional de puertos que optimice los recursos nacionales de manera sostenible.
El proyecto y el desacuerdo de la comunidad
El 5 de diciembre de 2023, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) celebró una audiencia pública para discutir la habilitación de la empresa Mangle SA para utilizar el álveo de agua en Martín Chico. La empresa planea construir siete terminales portuarias y una zona logística, con una inversión estimada en 1.500 millones de dólares. Sin embargo, la comunidad local ha expresado su desacuerdo, preocupada por las posibles consecuencias ambientales y sociales.
A pesar de que Mangle SA asegura que no hubo objeciones de los vecinos durante la audiencia, la oposición es palpable en el enclave. Una treintena de residentes, encabezados por Tovar, han manifestado su disconformidad y han exigido mayor transparencia y garantías por parte del Estado.
La petición pública lanzada a principios de este año busca que se ofrezcan garantías sobre la legalidad del proyecto y los derechos de los habitantes. Los vecinos temen que la instalación del puerto multipropósito podría transformar su hogar en un entorno industrializado, afectando no solo al medioambiente, sino también su calidad de vida.