La carpeta del proyecto para construir un puerto multipropósito y una zona logística en Martín Chico, una localidad del departamento de Colonia, Uruguay, está a estudio y evaluación por parte del Ministerio de Ambiente.
Esta iniciativa, ubicada entre Carmelo y Conchillas y a solo cuatro kilómetros y medio de la isla Martín García, ya cuenta con la aprobación del uso del álveo del Río de la Plata por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) desde principios de diciembre de 2023.
Durante la audiencia pública realizada en Montevideo el 5 de diciembre, la empresa proponente, Mangle S.A., presentó la obra. Según los vecinos que asistieron, la compañía abordó la utilización de recursos acuáticos pero evadió las preguntas sobre el impacto general en la zona. Aunque la empresa comunicó que no hubo objeciones, lo cual habría facilitado los permisos del MTOP, aún restan otros trámites para lograr la aprobación definitiva.
El pasado 12 de enero, durante la etapa de manifiesto, la instancia en la que se pueden presentar objeciones formales, el establecimiento rural Los Nogales, a través del estudio de abogados Robaina Robaina y Gutiérrez (RRG), planteó que el proyecto tiene un «manifiesto apartamiento» de las normas ambientales.
El escrito solicita al Ministerio de Ambiente que rechace la solicitud de Autorización Ambiental Previa (APP) para Mangle S.A., cuya inversión prevista es de unos 1.500 millones de dólares, y que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Objeciones al proyecto en Martín Chico
El documento presentado por RRG argumenta que el proyecto «violenta abiertamente el régimen de suelo rural» establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (ley 18.308). Esta ley prohíbe la construcción de «edificaciones que puedan generar necesidad de infraestructuras y servicios urbanos», o que «hagan perder el carácter rural o natural al paisaje». Para los abogados, la instalación de una terminal portuaria multipropósito es una «clara vulneración» de este marco legal.
El informe de la División de Evaluación e Impacto Ambiental también ha sido cuestionado por el estudio de abogados. Consideran «llamativo» que el informe afirme que no se necesita un cambio en la categoría de suelo para las instalaciones de almacenamiento transitorio de granos, ya que están asociadas a una instalación portuaria. RRG señala una «inconsistencia del argumento», destacando que el propio proyecto propone la construcción de un «acceso general y caminería», lo que implica un «relevante proceso de acondicionamiento del terreno y predio con un tan severo como inocultable impacto sobre el suelo».
Un estudio de impacto ambiental complementario, realizado por la consultora GEA, concluyó que el proyecto ha omitido completamente el cumplimiento de la ley de Ordenamiento Territorial y las directrices departamentales. El informe identifica aspectos clave que no fueron valorados ni analizados adecuadamente, como el manejo de mineral de hierro, las obras en agua y costas, y la situación del monte nativo, concluyendo que dejar el estudio de estos impactos para etapas posteriores es un grave error técnico que contraviene la legislación ambiental.
