En el marco de la COP30, Ambienta abre sus páginas a voces territoriales que interpelan el sistema multilateral. Martín Delgado Cultelli, integrante del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), comparte un análisis profundo sobre las limitaciones de las Conferencias Climáticas, la exclusión de la sociedad civil y la urgencia de discutir la coherencia ambiental del Estado uruguayo, marcada por la negación al reconocimiento indígena y el impulso a la exploración petrolera. Una mirada desde el Sur que exige justicia.
La COP30 como apuesta estratégica del Sur Global
La COP30 está en marcha en Belém do Pará, Brasil. Los pueblos indígenas del Sur Global enfrentan allí una nueva oportunidad. También significa un nuevo desafío: lograr hacer oír sus voces en el escenario climático internacional.
En palabras de Martín Delgado, esta edición de la cumbre es una gran apuesta del gobierno brasileño. Busca mostrar su liderazgo y visibilizar la fuerza de los pueblos del Sur Global. Esto confronta el discurso verde del Norte. Además, busca posicionar la protección de la Amazonía como eje central del debate.
Martín es integrante de la Comunidad Danan Vedetá y del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA). Desde esa visión, considera clave interpelar el funcionamiento de las COP. Cuestiona la exclusión de las comunidades indígenas. También subraya las contradicciones de los Estados frente a la crisis ambiental.
Su análisis es crítico y territorial. Propone mirar más allá de los discursos oficiales. El objetivo es recuperar el protagonismo de los pueblos en la defensa de la vida y los territorios.
«Tenemos que reclamar que la discusión ambiental sea lo más democrática y pluralista posible. Porque en ello, nos va la vida. Hoy el corazón del mundo es la Amazonía».
COP30: Democracia condicionada y exclusión indígena
La COP30 se celebra en territorio amazónico, pero la participación de la sociedad civil sigue siendo restringida. Delgado Cultelli advierte: “Muy pocas organizaciones indígenas y ambientalistas pueden entrar a las salas de discusión de los Estados”. Además, quienes logran ingresar deben hacerlo “con actitud complaciente”.
Algunos países como Brasil, Venezuela y Colombia facilitan la presencia de delegaciones indígenas. Sin embargo, la mayoría no lo hace. En el caso de Uruguay, el Estado no apoya esta participación:
“Del pueblo charrúa solo participan dos hermanas y sin apoyo estatal. Primera gran traba democrática».
La contradicción es evidente. Si reconocemos que estamos en una crisis climática, ¿la discusión no debería ser lo más democrática y pluralista posible?
Martín señala la realidad: las COP son principalmente discusiones entre Estados y organismos multilaterales. Las empresas transnacionales participan en menor medida. La sociedad civil lo hace de forma muy ínfima.
“Las empresas hidrocarburíferas están atemorizadas de que las condicionen, mientras que las de ‘energías verdes’ ven en el cambio climático una oportunidad para hacer nuevos negocios. En ese escenario, los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales son los menos tenidos en cuenta».
La discusión sobre la crisis climática está condicionada. Esto se debe a los intereses geopolíticos de los Estados en pugna. También influyen fuertemente los intereses empresariales, especialmente los del sector energético.
Críticas y las Tres Posturas en la COP30
Tras treinta conferencias sin soluciones estructurales, la crítica al sistema de Naciones Unidas es creciente. Martín denuncia: “Los Estados y las empresas van para hacerse un lavado de cara verde, pero siguen con las mismas políticas ecocidas de siempre”.
Por ello, desde los pueblos y algunos Estados surge una propuesta. Buscan una reingeniería de las COP para que sus resoluciones sean realmente vinculantes.
En este sentido, Delgado Cultelli identifica tres posturas clave frente a la crisis climática:
- Países que Apuestan por un Cambio Global. Buscan un mundo sustentable que nos cobije a todas y todos. «A estos hay que acompañarlos y apoyarlos», afirma.
- Negacionistas Climáticos. Estos países sostienen posturas supremacistas e imperialistas. Martín advierte: “A estos países se los debe frenar con todas las fuerzas, ya que son un peligro para la humanidad”.
- Defensores del Statu Quo. Ellos no han logrado resolver nada. Solo participan en las COP para realizar lavados de cara verdes. Delgado Cultelli es claro: “A estos países hay que presionarlos para que realmente se comprometan en una agenda en favor de los pueblos y el medio ambiente”.
Justicia energética, capitalismo verde y el crimen ambiental
Las consignas del Congreso de los Pueblos son claras. Sectores críticos dentro de la propia COP exigen que la transición energética y productiva no se haga a costa de los países y territorios del Sur Global.
Martín subraya un punto clave: los mecanismos de financiamiento deben llegar directamente a las comunidades. No pueden quedar atrapados en los Estados.
Se denuncia al llamado “capitalismo verde” como una farsa. Este modelo perpetúa la explotación territorial. Además, sacrifica a los pueblos del Sur en beneficio de los del Norte. “No se puede proteger un territorio para destruir otro”, critica, refiriéndose al mercado de bonos de carbono.
En este contexto, se reclaman medidas contundentes. Incluir la figura del “crimen de lesa natura”, que los Estados limiten el poder de las empresas y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia por crímenes ambientales.
«Las guerras son en esencia ecocidas. Además de los gases de efecto invernadero que genera el complejo industrial militar-policial, no se puede ser ambientalista y defender las guerras».
Considera que la agroindustria transgénica debe ser reconocida como un crimen ambiental. No solo destruye el entorno, sino que también desplaza a campesinos y comunidades indígenas. Un mundo sustentable, afirma, debe construirse con estas comunidades. Su producción alimentaria debe basarse en la soberanía alimentaria y la agroecología.
Uruguay ante el espejo: Racismo, coherencia y crisis hídrica
El activista indígena señala varias aristas de la posición del Estado uruguayo.
Bajo presupuesto y falsa prioridad
Martín cuestiona el interés genuino en la protección ambiental. El Ministerio de Ambiente tiene uno de los presupuestos más bajos del país, junto con el de Turismo. Él advierte: “En política, el interés por un tema se mide en el presupuesto que se le asigna”.
Se pregunta: “¿Realmente se quieren tener políticas públicas ambientales contundentes? ¿O es solo para llenarle el ojo a las Naciones Unidas?”
Hidrógeno verde vs. exploración petrolera
Plantea la urgencia de discutir la política energética nacional. Uruguay ha aceptado proyectos de hidrógeno verde. Aunque se presentan como sustentables, responden a necesidades del Norte. Son para países como Francia y Alemania, no para las necesidades locales.
A esto se añade una contradicción profunda. El gobierno promueve el discurso renovable. Al mismo tiempo, fomenta la exploración petrolera en aguas continentales uruguayas.
«Es contradictorio abogar por las energías verdes y, al mismo tiempo, involucrarse en el sector de los hidrocarburos, que sabemos que representa lo peor de lo peor».
Una de las empresas interesadas es Chevron.
Reconocimiento indígena como llave ambiental
Las Naciones Unidas tienen una estimación: el 80% de la biodiversidad del planeta se concentra en apenas el 5% de tierras indígenas. Para Martín, este dato plantea una pregunta urgente: “¿Uruguay es más racista que ambientalista? ¿Uruguay va a seguir negando a sus pueblos indígenas?”
“Si Uruguay no ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, su supuesto apoyo a los pueblos indígenas en la COP será un lavado de cara. Incluso el seudo hipismo ayaguasquero de un sector de la población. Todo eso solo encubre un racismo profundo”.
Reconocer al pueblo nación charrúa es fundamental. Avanzar en la demarcación de tierras sería un paso necesario. Esto permitiría acceder a fondos y fortalecer políticas ambientales con base territorial. Martín advierte: sin este apoyo, todo gesto institucional será una mascarada.
El principal problema ambiental de Uruguay
Finalmente, Martín señala el principal problema del país: la contaminación de ríos, arroyos y lagunas por el uso de agrotóxicos. Uruguay enfrenta una crisis hídrica. Es provocada por el modelo agroexportador basado en transgénicos y la expansión de la industria forestal-celulósica. «Este modelo está colapsando nuestros recursos hídricos», advierte.