El Lago Titicaca y su fuente de agua puede ser reconocido como sujeto de derecho, si prospera la iniciaciativa de amparo que presentó la APOC (Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional del Titicaca) ante el Tercer Juzgado Civil de Puno.
Las razones detrás de esta acción legal giran en torno a acusaciones sobre potenciales afectaciones al lago navegable más alto del mundo, que involucraría de cerca las funciones de supervisión y reguladoras de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio del Ambiente de Perú. Asimismo, contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno.
De acuerdo a la agencia de noticias especializada en pueblos indígenas, ambiente, crisis climática y Servindi, la demanda se dirige contra el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), encargado de garantizar el aprovechamiento y el manejo integral de sus recursos.
Se señala por parte de los demandantes, que que la falta de acciones concretas por parte de las instituciones competentes sería la causa principal detrás del deterioro medioambiental en el lago Titicaca y la Reserva Nacional del Titicaca. La falta de medidas de descontaminación efectivas para preservar la salud de estos ecosistemas vitales, aceleró su degradación.
Por otro lado, las comunidades quechuas, aimaras y uros acusan a las autoridades públicas por el presunto incumplimiento de garantizar su derecho a un ambiente sano, equilibrado y adecuado para su desarrollo y sustento. Manifiestan preocupación por la vulneración de su derecho a participar en la conservación y utilización de los recursos del Lago Titicaca, así como el derecho al acceso a sus fuentes de agua, su identidad cultural, y la libertad de creencia religiosa.
El reconocimiento del Titicaca como sujeto de derechos
Según la demanda constitucional de amparo presentada por los demandantes, referirse al Lago Titicaca como sujeto de derechos implica aceptar que este cuerpo de agua tiene la capacidad legal de poseer y ejercer derechos propios, y que debe ser representado en tribunales por seres humanos que abogarán en su nombre.
Al reconocerse los Derechos del Lago Titicaca, se puede corregir abusos y prácticas insostenibles, protegiendo uno de los cuerpos de agua dulce más importantes de Sudamérica. En el documento se detalla que la idea de que la Tierra tiene “el derecho inherente de prosperar” asegura que los elementos naturales no sean meramente vistos como recursos explotables, sino como sistemas vivos esenciales para el bienestar de todos los seres que habitan el planeta, incluyendo la humanidad.
Los Pueblos Indígenas aguardan la decisión de la justicia
En caso de que el fallo sea favorable, y se reconozcan los derechos del Lago Titicaca y su entorno, se sentaría un precedente significativo en la protección ambiental. Esto se debe a que la acción legal no solo busca proteger el hábitat natural, sino que también fortalecería el papel de las organizaciones indígenas como guardianes y defensores del cuerpo de agua afectado.
Los Pueblos Indígenas tienen la expectativa de que el Estado Peruano respalde su posición y los designe formalmente como representantes legítimos del cuidado del lago y sus afluentes.
Además, esperan que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca desarrollen un plan de acción regional para la descontaminación del Lago Titicaca y su recuperación.
Este plan incluiría la asignación de recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para la ejecución eficiente del proyecto. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) juega un papel crucial en la asignación de dichos recursos para la supervisión de las medidas de descontaminación y recuperación de la Reserva Nacional del Titicaca.
