Ayer, martes 6 de agosto, diversas asociaciones de vecinos y organizaciones sociales de Punta Ballena llevaron a cabo una conferencia de prensa para expresar su preocupación y oposición al proyecto de construcción de un condominio privado compuesto por 29 edificios con un total de 320 apartamentos en la zona. Los colectivos denunciaron que dicho proyecto incumple las leyes territoriales vigentes.
Tras una exhaustiva revisión del estado legal de los terrenos implicados, los participantes emitieron un comunicado a la opinión pública. En dicho documento, se solicita al Ministerio de Ambiente el rechazo del proyecto y la suspensión de su evaluación. Los vecinos argumentan que el proyecto incumple las leyes territoriales, destacando especialmente la infracción de la normativa que prohíbe construcciones en la franja de 150 metros desde la línea de ribera, considerada de dominio público.
Irregularidades en el Registro Catastral
Isabel Gadino, arquitecta y miembro del Movimiento No al Proyecto Punta Ballena, informó que la solicitud de acceso a la información pública reveló que el proyecto no cumple con las disposiciones de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. «Esos datos no aparecían en todo el proceso de evaluación ambiental», afirmó Gadino en declaraciones recogidas por Canal 10.
Gadino explicó que la Ley 18.308, vigente desde 2008, establece que cualquier fraccionamiento sobre la línea de costa debe dejar libres 150 metros desde la línea hacia adentro. «El tema se planteó en la audiencia pública con el Ministerio de Ambiente, que faltaba ese dato. Según los datos a los que accedimos, desde 1944 esta tierra sigue igual, con el mismo fraccionamiento. Ahora se está planteando un nuevo fraccionamiento que exige cumplir con la legislación vigente», añadió la arquitecta.
Detención de la Evaluación Ambiental
Los actores sociales subrayan que «la evaluación ambiental del proyecto debería haberse detenido hasta resolver los problemas catastrales». A pesar de estos incumplimientos legales, el proyecto ha seguido adelante, lo que para las asociaciones representa una violación flagrante de las disposiciones legales de orden público.
Finalmente, el comunicado de las asociaciones de vecinos concluye solicitando al Ministro Robert Bouvier que rechace la solicitud de autorización ambiental y dé por terminado el proceso de evaluación en curso. «El proyecto viola flagrantemente disposiciones legales de orden público, que no pueden ser ignoradas por ningún acuerdo entre partes», enfatizan en su declaración.
El controvertido proyecto, dado a conocer a finales de 2023, busca edificar 29 edificios y 300 apartamentos en una zona privada del balneario que actualmente no está cercada y es de acceso libre. Esta área es frecuentada por personas que practican parapente, senderismo y escalada.
El proyecto afecta a los padrones Nº 12.934, 12.935, 12.936, 12.937, 12.938, 12.939 y parte del padrón Nº 15.503, situados en la faja de defensa de costas en Punta Ballena.
En la conferencia de prensa participaron representantes de la Asociación Civil de Vecinos de La Rinconada y Portezuelo de Punta Ballena (en formación), la Asociación Vecinos de Las Grutas de Punta Ballena, la Unión Vecinal de Punta Ballena, Laguna del Sauce y El Diario, la Asociación Uruguaya de Parapente y la Red Unión de la Costa.
