Un año marcado por tensiones entre ciudadanía, organizaciones socioambientales y el Estado
El 2025 dejó una huella profunda en la agenda ambiental uruguaya. Fue un año marcado por conflictos socioambientales que se hicieron visibles en todo el país. Hubo movilizaciones históricas, reclamos legales y debates sobre el modelo productivo. También crecieron los cuestionamientos a la participación ciudadana. El agua, el territorio y el mar se transformaron en escenarios centrales de disputa.
Las organizaciones socioambientales asumieron un rol protagónico en la discusión pública. Desde la resistencia a la exploración petrolera offshore, la defensa de los humedales y el rechazo al Proyecto Neptuno. A continuación, una síntesis de los principales conflictos que atravesaron el país.
1. Mar libre de petroleras: la resistencia que creció en las costas
La defensa del mar uruguayo se convirtió en uno de los ejes más visibles del año. Las movilizaciones ciudadanas crecieron frente a la continuidad de los contratos de exploración offshore. También aumentó la preocupación por los estudios sísmicos, que pueden afectar a la fauna marina.
Las organizaciones advirtieron que la exploración sísmica pone en riesgo a cetáceos, peces y ecosistemas sensibles. Además, cuestionaron la falta de licencia social para avanzar con un modelo extractivo que consideran incompatible con los compromisos climáticos del país. A pesar de los reclamos, el gobierno confirmó que mantendrá vigentes los contratos de exploración. Esta postura profundizó el conflicto y abrió un debate nacional sobre el rumbo energético.
2. Agua en disputa: el Proyecto Neptuno y la caminata histórica desde Arazatí
El conflicto por el Proyecto Neptuno —una obra cuestionada por su impacto en la gestión del agua y por su modelo de financiamiento— generó una de las movilizaciones más significativas del año.
La caminata a pie desde Arazatí hasta Montevideo, que recorrió más de 70 kilómetros, se transformó en un símbolo de resistencia. Organizaciones, académicos y vecinos denunciaron riesgos para la calidad del agua potable, falta de transparencia en el contrato y un avance hacia la privatización del servicio.
La firma del contrato Arazatí, pese a las advertencias técnicas y sociales, intensificó el conflicto y dejó planteada una discusión de fondo: ¿cómo garantizar el derecho humano al agua en un contexto de crisis hídrica y presión sobre los recursos?
3. Humedales en emergencia: participación limitada y desastres ambientales
Los humedales volvieron a ocupar un lugar central en la agenda ambiental. La Red Nacional de Humedales reclamó participación real en la elaboración de normativas y denunció que los procesos de consulta fueron insuficientes y poco representativos.
A esto se sumó la crisis del humedal del Arroyo Maldonado, donde un desastre ambiental derivó en sanciones y en la exigencia de medidas urgentes de restauración. El episodio expuso la fragilidad de estos ecosistemas y la necesidad de políticas más estrictas de protección y monitoreo.
4. Expansión forestal: 75 organizaciones piden frenar el modelo
El debate sobre el modelo forestal volvió a tensarse en 2025. Un conjunto de 75 organizaciones sociales, ambientales y académicas reclamó detener la expansión del sector, argumentando impactos sobre el agua, los suelos, la biodiversidad y la concentración de tierras.
El conflicto puso sobre la mesa la necesidad de revisar el ordenamiento territorial, evaluar los límites del modelo productivo y discutir alternativas que prioricen la sostenibilidad y la equidad.
5. Punta Ballena: la defensa del paisaje y el camino hacia un plebiscito
La validación de firmas por parte de la Corte Electoral abrió un nuevo capítulo en la defensa de Punta Ballena. Vecinos y organizaciones buscan frenar proyectos inmobiliarios que podrían alterar uno de los paisajes más emblemáticos del país.
El proceso avanzó hacia una instancia de consulta ciudadana, consolidando a Punta Ballena como un caso emblemático donde conservación, turismo y desarrollo chocan en un debate que trasciende lo local.
Un año que redefine la agenda socioambiental
Los conflictos socioambientales de 2025 no fueron episodios aislados. Mostraron tensiones profundas sobre cómo Uruguay gestiona sus recursos naturales. También expusieron cómo se toman las decisiones y quiénes pueden participar en ellas.
La ciudadanía organizada, las comunidades costeras, los colectivos por el agua, las redes de humedales y los movimientos territoriales demostraron que la defensa del ambiente es hoy un actor político de peso. Todo indica que estos debates seguirán presentes en 2026, en un país que enfrenta desafíos crecientes en clima, biodiversidad y justicia ambiental.
