En una decisión que marca un giro en la gestión del agua potable en Uruguay, el gobierno encabezado por Yamandú Orsi anunció la cancelación del Proyecto Arazatí -también conocido como Proyecto Neptuno- y presentó una nueva estrategia centrada en infraestructura pública, eficiencia operativa y menor impacto ambiental.
Del Río de la Plata a nuevas fuentes
Tras una revisión de 90 días sobre el contrato heredado de la administración de Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo resolvió no continuar con la iniciativa original. El Proyecto Arazatí proponía construir una planta potabilizadora sobre las costas del Río de la Plata, con una concesión privada de 17 años y medio e inversión estimada de USD 900 millones. La iniciativa fue objeto de cuestionamientos técnicos, jurídicos y ambientales desde su anuncio.
En lugar del modelo privatizador planteado por Arazatí, el gobierno decidió fortalecer el sistema actual con obras de infraestructura pública. La principal medida será la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, ubicada a 56 kilómetros de Montevideo, que permitirá procesar 200 mil metros cúbicos adicionales de agua por día. Este caudal será transportado a través de una red aductora hacia las instalaciones de Cuchilla Pereira, desde donde se distribuye actualmente al área metropolitana.
Respuestas locales ante nuevas demandas
El Poder Ejecutivo también proyecta intervenciones sobre el arroyo Solís Chico, con la construcción de una pequeña represa y una planta de tratamiento de agua de escala reducida. Estas obras buscan garantizar el abastecimiento en la Costa de Oro, una región que ha experimentado un crecimiento poblacional sostenido en los últimos años y enfrenta desafíos crecientes en su demanda hídrica.
Casupá: una reserva estratégica en revisión
Otro eje de esta nueva planificación es el avance en el proyecto de la represa de Casupá, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La obra deberá ser reformulada para mitigar impactos ambientales, pero se perfila como una reserva clave ante escenarios críticos, capaz de aportar más de 118 millones de metros cúbicos de agua al sistema nacional.
Actualmente, el área metropolitana consume cerca de 700 mil metros cúbicos diarios, cifra que representa el máximo operativo de la infraestructura vigente en Aguas Corrientes. Las proyecciones oficiales estiman que para 2045 ese consumo ascenderá a 835 mil metros cúbicos diarios, lo que refuerza la urgencia de invertir en infraestructura hídrica pública de largo plazo.
Desde el gobierno se argumenta que esta nueva hoja de ruta responde mejor a las necesidades del país, preserva la gestión estatal del agua y prioriza soluciones con menor conflictividad ambiental. Con la cancelación del Proyecto Arazatí y el impulso de iniciativas en Aguas Corrientes, Casupá y la Costa de Oro, Uruguay redefine el horizonte de su política hídrica con criterios de sostenibilidad y equidad territorial.
