El gobierno de Uruguay confirmó que mantendrá los contratos vigentes para la exploración offshore sobre la prospección sísmica y la explotación de hidrocarburos en el mar uruguayo. Estos acuerdos abarcan siete áreas dentro de la Zona Económica Exclusiva. Sin embargo, no se habilitarán nuevas zonas para estudios sísmicos.
Esta posición quedó plasmada en el documento oficial Uruguay hacia la COP30: Diálogos por el clima, al que Ambienta tuvo acceso. El texto ganó relevancia al difundirse durante la COP30, que se celebra actualmente en Belém, Brasil. Allí se define la postura internacional del país, con énfasis en energía, justicia climática y transición justa.
Postura oficial y descarbonización
El Ministerio de Ambiente (MA) confirma que respetará los contratos de exploración offshore. Señala que esto está en línea con el cumplimiento de acuerdos internacionales. Por tanto, se continuará con las actividades ya previstas. Actualmente, no se promoverán nuevas áreas.
Las empresas con contratos activos deben definir si avanzan a las siguientes etapas de prospección o si devuelven las zonas asignadas. Un caso similar ocurrió con la Ronda Uruguay II.
El MA argumenta que la exploración offshore no es incompatible con el proceso de descarbonización iniciado por el país. En caso de hallazgo de gas o petróleo, la fase de producción deberá ajustarse a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Estas se enmarcan en el Acuerdo de París y comprometen a Uruguay a no superar un nivel máximo de emisiones de gases de efecto invernadero.
Fuerte rechazo de la sociedad civil a la exploración offshore
Esta postura oficial encendió un nuevo foco de debate. Generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales, ambientales y la academia. Desde hace tiempo, estos grupos denuncian los graves impactos que la prospección sísmica y posterior explotación tendrían sobre el ecosistema marino uruguayo.
La organización Mar Libre de Petroleras Uruguay expresó su disconformidad en redes sociales. Señalaron que el Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, «confirma, una vez más, que aprobará el inicio de la exploración sísmica». La organización cuestiona el argumento de respetar los contratos. Indican que el Gobierno puede anularlos, tal como sucedió con el proyecto Neptuno.
Desde la Asamblea, seguirán exigiendo al gobierno que no otorgue las licencias ambientales previas. Enfatizan que no existe «licencia social» para estas actividades. Este sentir se repite en manifestaciones y audiencias públicas. Mar Libre de Petroleras Uruguay convocó a la ciudadanía a mantener el estado de alerta en defensa del mar.
Transición Energética y descarbonización
En el marco de la descarbonización, el Ministerio de Ambiente señala que Uruguay continuará reduciendo las emisiones del sector energético. Se priorizarán medidas en áreas complejas como la industria y el transporte, que aún dependen de hidrocarburos importados.
El principal desafío es disminuir la participación de derivados del petróleo en la matriz de energía primaria. Este proceso deberá ser “gradual y sostenido”. La transición justa implicará no solo reducir emisiones, sino también atender los impactos sociales y económicos.
Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) trabaja en nuevos lineamientos para definir una Política Energética con horizonte al 2050. Este plan incluirá, en 2026, un proceso de diálogo participativo con actores públicos, privados y de la sociedad civil. El objetivo es construir una visión energética de largo plazo para el país.
