El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debe comprometerse a eliminar los combustibles fósiles de forma gradual y con plazos concretos, así como a tomar medidas firmes para proteger los bosques, mientras el país se preparar para recibir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Brasil en noviembre de 2025, señaló Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025.
“Las devastadoras inundaciones, sequías e incendios que azotaron Brasil en 2024 son un recordatorio del coste medioambiental y de derechos humanos de los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático”, indicó César Muñoz, director para Brasil de Human Rights Watch.
“El gobierno de Lula ha avanzado en la reducción de la tasa de deforestación en la Amazonía, pero al mismo tiempo planea enormes inversiones en la exploración y producción de petróleo y gas, lo que agravaría la crisis climática mundial”, agregó Muñoz.
Convertir a Brasil en un «gigante de la sostenibilidad»
Esa esa es la apuesta del presidente Lula. Sin embargo, planea invertir al menos 288.000 millones de reales (unos 47.000 millones de dólares estadounidenses) en combustibles fósiles hasta 2026, incluyendo nuevas exploraciones de petróleo y gas en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas. Esta producción de combustibles fósiles contribuiría a las emisiones de gases de efecto invernadero, independientemente de si los combustibles son usados en Brasil o en el extranjero.
Deforestación y minería ilegal
La deforestación y la minería ilegal, la apropiación ilegal de tierras y la violencia asociada a esas actividades siguen amenazando la vida y el sustento de pueblos indígenas y otras comunidades que dependen de los bosques para sobrevivir.
El ganado criado en zonas deforestadas ilegalmente sigue entrando a la cadena de suministro de las grandes empresas cárnicas, incluyendo para la exportación. A pesar de esto, el gobierno se ha resistido a la aplicación de una normativa europea que incentivaría cadenas de suministro totalmente rastreables—en Brasil y en otros países—mediante la restricción de compra de productos básicos como carne y cuero vinculados con deforestación y violaciones de derechos humanos.
El gobierno de Lula ha avanzado en la reducción de la deforestación en la selva amazónica, un ecosistema clave para combatir el cambio climático. La deforestación siguió disminuyendo, con una reducción de casi el 31 % entre agosto de 2023 y julio de 2024, en comparación con el mismo periodo anterior.
Sin embargo, los incendios intensificados por la sequía quemaron más de 29 millones de hectáreas de bosque y otra vegetación entre enero y noviembre de 2024. Las autoridades creen que muchos de estos incendios fueron provocados con el propósito de preparar las tierras para ganadería y agricultura.
Derechos Humanos
Durante 2024 persistieron las consecuencias de problemas crónicos de derechos humanos, como abusos policiales y violencia de género. También es necesario reforzar la protección de los derechos de niños y niñas, y de las personas con discapacidad.
La elección de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos hace aún más urgente que Brasil asuma un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, señaló Human Rights Watch.
Gobiernos y los objetivos climáticos mundiales
Existe un consenso, del que forman parte la Agencia Internacional de la Energía y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sobre la necesidad de que no haya nuevas explotaciones de petróleo, gas o carbón como condición para que los gobiernos cumplan los objetivos climáticos mundiales.
El gobierno de Brasil debería hacer su parte para limitar el devastador impacto del cambio climático sobre las personas y las comunidades. Debería iniciar inmediatamente la eliminación gradual y justa de los combustibles fósiles y la ampliación de medidas para proteger los bosques y las personas que dependen de ellos para su subsistencia.
También debería colaborar con las agencias reguladoras europeas e implementar un sistema de seguimiento del ganado y otros productos agrícolas para reducir los incentivos económicos que impulsan la destrucción de la Amazonía. Igualmente, debería actuar contra miembros del sector agropecuario que están involucrados la deforestación ilegal y la ocupación de zonas en territorios indígenas y en otras comunidades.
Este artículo fue publicado originalmente en Human Rights Watch
