Existe preocupación ante la amenaza que el proyecto tiene sobre la seguridad hídrica, la salud pública y los derechos humanos.
En un contexto de creciente preocupación ambiental y social, diversas organizaciones han emitido un comunicado de prensa en el que alertan sobre los peligros asociados a la firma del contrato del Proyecto Arazatí – Neptuno.
Este proyecto, promovido por el consorcio Aguas de Montevideo y respaldado por el presidente Luis Lacalle Pou y el Ministerio de Ambiente, se presenta como una solución a la crisis hídrica en la zona metropolitana. Sin embargo, las voces críticas advierten que sus implicaciones podrían ser perjudiciales para el ambiente y la salud pública.
Riesgos Legales y Ambientales
Las organizaciones, entre las que se encuentran Nodo Acá el Neptuno No, Agrupación Tucu Tucu de San José, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, Sin Pavimento, Eco Franciscanas, Red Unión Grupos de la Costa, Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), OBSUR y Regchag Uruguay, enfatizan que el proyecto enfrenta actualmente observaciones legales que aún no han sido resueltas.
A pesar de la incertidumbre jurídica, el gobierno parece decidido a avanzar con la firma del contrato, una acción que podría comprometer la economía del país y poner en riesgo a sus ciudadanos.
Uno de los puntos más críticos es la dependencia del Río de la Plata como fuente principal de agua. Según los expertos, este río presenta altos niveles de contaminación por agroquímicos y residuos industriales, así como variaciones de salinidad y la presencia de cianobacterias. Estas condiciones complican los procesos de potabilización y ponen en duda la seguridad hídrica de la población, además de generar costos operativos potencialmente insostenibles a largo plazo.
Derecho Humano y Gestión Privada del Agua
Otro aspecto alarmante del Proyecto Arazatí es la posible privatización de la gestión del agua, lo que contraviene principios fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. El acceso al agua es considerado un derecho humano esencial, y su gestión debe permanecer en manos del Estado para asegurar una distribución equitativa y sostenible. La cesión de este recurso vital a una empresa privada, como lo propone el contrato, suscita temores sobre la equidad en el acceso al agua, especialmente para las comunidades más vulnerables.
Contaminación del Acuífero Raigón
Además, el riesgo de contaminación del Acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país, es otro de los puntos destacados por las organizaciones. La ubicación del Proyecto Arazatí podría comprometer la calidad y disponibilidad de agua para las generaciones futuras, afectando no solo el acceso a agua potable, sino también el desarrollo agrícola y agropecuario de la región.
Un Llamado a la Acción
Ante esta serie de preocupaciones, las organizaciones hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que se informe, debata y exija transparencia respecto a un proyecto que podría afectar a todos los uruguayos. «No se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medio ambiente», advierten en su comunicado, instando a la reflexión y a la acción antes de que sea demasiado tarde.
Gobierno de Lacalle Pou firmará contrato Arazatí
La firma del contrato del Proyecto Arazatí se perfila como un tema central en la transición política actual, y el debate sobre sus implicaciones está más vivo que nunca. Días atrás, el presidente Lacalle Pou anunció su próxima firma antes del cambio de gobierno. “La decisión ya está tomada. La decisión es que vamos a firmar el contrato. Vamos a firmar Arazatí», anunció ante la prensa.
La sociedad uruguaya se enfrenta a un momento crucial en el que la defensa del agua y el ambiente se convierte en una responsabilidad colectiva. La pregunta que queda en el aire es si el gobierno actual escuchará el llamado de quienes defienden el interés común y de quienes desde la academia argumentan los perjuicios que implica este proyecto.
El Comunicado de Prensa se puede leer aquí
