La reciente decisión del Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, de eliminar seis ministerios—incluido el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)—ha generado un profundo rechazo por parte de organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, líderes indígenas y sectores académicos.
Mediante el Decreto Ejecutivo N° 60, el MAATE fue absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, entidad encargada de viabilizar proyectos de extracción de petróleo, gas natural y minerales, así como de impulsar la construcción de plantas eléctricas.
Desde el Gobierno se argumenta que esta reestructuración busca eficiencia administrativa. Sin embargo, múltiples voces alertan sobre los conflictos de interés que emergen al unificar en una sola cartera la fiscalización ambiental y la promoción de actividades extractivas.
La activista Helena Gualinga lo resumió con claridad: “El control, la regulación y la fiscalización de todas las actividades ahora están en manos de las mineras y las petroleras. Eso es súper grave, un retroceso total para la defensa del medioambiente y los derechos de la naturaleza”.
Una institucionalidad ambiental en riesgo
Creado en 1996, el Ministerio de Ambiente respondió a la necesidad de dotar al país de una política especializada para proteger su entorno megadiverso. La fusión de esta cartera con Energía y Minas, una práctica rara en la mayoría de países, ha sido criticada por el científico Inty Grønneberg, quien cuestionó la lógica detrás de la medida.
Aunque reconoció que existen modelos integrados como el Ministerio del Clima, Energía y Servicios Públicos en Dinamarca, insistió en que “el debate en Ecuador debe centrarse en cómo adaptar este tipo de estructuras a nuestra realidad institucional y productiva”.
Para Grønneberg, el desafío no es solo técnico, sino profundamente político. De hecho, el exministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, ahora director de WWF Ecuador, calificó la fusión como una “barbaridad” y un “retroceso de años” para la gestión ambiental. Coincide con quienes temen que se diluyan los procesos clave de participación ciudadana, como la consulta ambiental, exigida legalmente para otorgar licencias a proyectos mineros y petroleros.
Conflictos y tensiones en el territorio
Un ejemplo reciente que evidencia la fragilidad de esta institucionalidad ocurrió en Las Naves, provincia de Bolívar, donde una consulta ambiental vinculada a un proyecto minero derivó en graves protestas, personas heridas y el retraso en el inicio de la construcción.
La dirigente indígena Nayra Chalán lanzó una crítica directa: “¿Cómo el mismo ministro que se reúne con inversores mineros es el mismo que se encargará de realizar consultas ambientales y otorgar licencias? Qué canallada. Dictadura del capital minero”.
El MAATE desempeñaba un rol central en la fiscalización y otorgamiento de licencias ambientales, requisitos indispensables antes de que cualquier proyecto extractivo entre en fase operativa. Además, encabezaba la lucha contra la minería ilegal a través de la Agencia de Regulación y Control Minero y enfrentaba el reto de atender el déficit energético nacional para evitar apagones.
Reacciones y cuestionamientos colectivos
Diversos colectivos, como YASunidos, advierten que esta reconfiguración institucional puede aumentar la conflictividad socioambiental, debilitar los mecanismos de control y vulnerar los derechos de la naturaleza reconocidos constitucionalmente en Ecuador.
“No es una decisión administrativa: es un acto político que profundiza el modelo extractivista, pone en mayor riesgo las condiciones de reproducción de la vida digna, y bloquea la posibilidad de imaginar un futuro donde la vida esté en el centro y no el capital”, sostiene el colectivo en un comunicado.
Fuente: Medios ecuatorianos y redes sociales de organizaciones
