Fue un momento histórico y urgente: el 23 de julio, por primera vez, niños, niñas y adolescentes de América Latina comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir ser reconocidos como defensores ambientales niños. Lo hicieron con la convicción de quienes ya están cuidando el planeta, aunque eso les cueste la seguridad, la infancia o incluso el exilio.
Francisco Vera, el joven colombiano de 16 años, es uno de ellos. Fundador del movimiento Guardianes por la Vida, ha enfrentado amenazas de muerte por su activismo ambiental. Esto lo obligó a emigrar a España. En 2024, el director de Ambienta lo entrevistó en la Conferencia Mundial de la Libertad de Prensa en Chile. Allí, Francisco habló con claridad sobre el rol de las infancias en la defensa del ambiente, enfatizando la urgencia de actuar con esperanza, no con miedo.
¿De qué sirve el discurso si no hay protección?
«Cuando recibimos amenazas, el Estado no actúa porque no se nos reconoce como defensores ni como ciudadanos”, denunció ante la CIDH. Representantes de organizaciones como Escazú Ahora acompañaron su testimonio. Estas organizaciones documentaron 82 agresiones contra 47 defensores ambientales en Chile entre 2023 y 2024. La mayoría de estos casos no tienen responsables.
La CIDH acogió el llamado: reconocer y fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes que defienden el ambiente. Pero también evidenció una paradoja inquietante. Los países que solicitaron a la Corte IDH una opinión consultiva sobre cambio climático —Chile y Colombia— son los mismos donde estos defensores ambientales niños denuncian persecución y desprotección. ¿De qué sirve el discurso internacional si en casa no hay políticas públicas que los protejan?
El Comisionado Carlos Bernal lo expresó con contundencia: “Los niños, niñas y adolescentes necesitan medidas diferenciadas porque están en una situación de vulnerabilidad mayor”. También lamentó que la Corte Interamericana los excluyera de su opinión consultiva, a pesar de que ellos son la generación presente y la crisis climática los afectará más.
La audiencia dejó propuestas concretas:
- Informes regionales.
- Mecanismos de protección.
- Reconocimiento formal de su rol como defensores.
- Atención prioritaria a casos de violencia.
- Especial cuidado para infancias indígenas.
No son demandas exageradas. Son medidas mínimas para garantizar que quienes cuidan la vida puedan vivirla con dignidad.
La pregunta que queda es incómoda: ¿están los Estados dispuestos a escuchar a quienes aún no votan, pero ya transforman? Porque si no lo hacen, estarán fallando no solo a sus infancias, sino al futuro que dicen querer proteger.
