En los foros internacionales, Uruguay se posiciona como un alumno ejemplar de la transición energética. Sin embargo, en el puerto de Montevideo, la presencia de los buques “BGP PROSPECTOR” y “Moonrise G” cuenta una historia diferente. Si bien las embarcaciones aún no han iniciado las detonaciones de prospección sísmica, su arribo el pasado 2 de febrero marca el comienzo de una cuenta regresiva que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) intenta detener en la Justicia.
Para la Defensoría del Pueblo, este proyecto expone una incoherencia entre lo que el Estado promulga y lo que efectivamente acciona. La denuncia de la INDDHH apunta a una contradicción estructural: un país que lidera el discurso climático global mientras abre sus costas a una industria que carece de fiscalización independiente y real.
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La ficción de la fiscalización
Uno de los puntos más alarmantes del documento de la INDDHH es la denuncia sobre la falta de control efectivo. La demanda revela que el Estado uruguayo no cuenta con recursos propios suficientes. Esto impide verificar qué ocurre en alta mar una vez que comiencen las tareas.
Actualmente, el sistema descansa en los llamados «observadores de fauna marina». Sin embargo, la Institución subraya una contradicción ética. Estos técnicos son contratados y remunerados por las propias empresas petroleras (APA, CGG, PGS y Searcher). «Se configura una situación de juez y parte», sostiene la demanda. El organismo argumenta que no existe una garantía de imparcialidad cuando quien debe vigilar es empleado de quien debe ser vigilado.
Contradicción con el Acuerdo de París
La INDDHH es tajante al señalar que el impulso de la industria petrolera es incompatible con la emergencia climática global. Uruguay ha asumido compromisos internacionales para reducir emisiones y mitigar el calentamiento global. Sin embargo, el avance hacia la explotación de hidrocarburos offshore camina en la dirección opuesta.
| Discurso Oficial | Realidad en la Plataforma |
| Compromiso de proteger el 30% del mar. | Autorización de sísmica en áreas de conservación. |
| Liderazgo en energías renovables. | Apertura de nueva frontera de combustibles fósiles. |
| Adhesión al Acuerdo de Escazú (Participación). | Omisión de recomendaciones del órgano de DDHH. |
La Justicia como garante de coherencia
El petitorio final de la INDDHH pide que se impida el avance de estas actividades por su «manifiesta ilegitimidad». La Institución recuerda que el Ministerio de Ambiente otorgó las autorizaciones el 5 de diciembre, ignorando las advertencias técnicas y las medidas de cautela solicitadas previamente.
Al presentar esta acción de amparo, el organismo le recuerda al Poder Ejecutivo que el prestigio internacional de Uruguay como país «natural» y respetuoso de los Derechos Humanos no puede sostenerse si se sacrifican los ecosistemas marinos en favor de obligaciones contractuales.
