Un conjunto de 75 organizaciones sociales, ambientales, sindicales y comunitarias difundió un comunicado en el que expresan su “profunda preocupación y rechazo” ante la expansión forestal en Uruguay. Señalan que el gobierno pretende ampliar el área de monocultivos y flexibilizar los procesos de evaluación ambiental. El pronunciamiento surge tras las declaraciones del Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, realizadas junto a la Sociedad de Productores Forestales.
El debate sobre el modelo forestal y las políticas públicas
Según el texto, Uruguay lleva más de 35 años de expansión continua de monocultivos de eucalipto y pino. Sin embargo, la promesa de empleo y desarrollo “no se refleja en los datos públicos”. Las organizaciones señalan que, pese a la instalación de tres plantas de celulosa y la forestación de 400.000 hectáreas adicionales en los últimos 17 años, “no han crecido los puestos de trabajo en la cadena forestal”. Remarcan que el 46% de los trabajadores del sector son informales. Solo el 9% son mujeres, lo que —según el comunicado— evidencia “una fuerte desigualdad estructural”.
El documento advierte además sobre los impactos territoriales del modelo forestal. La expansión de plantaciones, sostienen, ha desplazado a productores ganaderos y reducido el acceso al campo natural. Esto afecta el arraigo rural y debilita las redes comunitarias. “En las tierras forestadas no viven familias; son campos vacíos controlados por grandes empresas que concentran tierra como ningún otro rubro”, afirman.
Expansión forestal en Uruguay y sus impactos ambientales
En materia ambiental, se citan investigaciones de la Universidad de la República y estudios financiados por las propias empresas forestales. Estos trabajos muestran efectos significativos sobre el agua, los suelos y la biodiversidad. Entre los impactos se menciona la merma en la recarga de acuíferos, la acidificación y compactación del suelo.
Foto de Eitan Abramovich Dialogue Earth
También, la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento del sistema inmunológico de las abejas. Se alerta por el uso de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, como fipronil y paraquat, que afectan a la fauna nativa y contaminan cursos de agua utilizados por comunidades rurales y por OSE.
El comunicado también recoge denuncias recientes por incumplimientos ambientales en viveros y plantaciones. Además, derrames en plantas de celulosa. Los casos de Guichón, Vivero Santana, Puntas del Parao, Quebrada de los Cuervos, Isla Patrulla y Arroyo Negro son citados como ejemplos. Son irregularidades reiteradas que, según las organizaciones, se resuelven con “multas irrisorias” y sin procesos de restauración.
Marco legal, territorio y derechos vulnerados
Las organizaciones invocan además el marco legal vigente. Señalan que el Artículo 47 de la Constitución, la Ley 18.610 y el Acuerdo de Escazú establecen la participación ciudadana obligatoria en la gestión del agua y en las decisiones ambientales. “Quienes gobiernan están negando sistemáticamente la voluntad popular”, afirman.
El comunicado incorpora también una dimensión cultural y territorial. Denuncia la afectación de sitios arqueológicos y sagrados, y sostiene que el modelo forestal “profundiza la histórica negación de los pueblos originarios”.
El pronunciamiento concluye con un mensaje contundente: “No queremos ni una hectárea más forestada con monocultivos”. Las organizaciones reclaman un diálogo profundo sobre el modelo de desarrollo y proponen alternativas basadas en la distribución de la tierra, el arraigo rural, la desconcentración de la riqueza y el respeto a la naturaleza.
