Ante la entrada en vigor del Tratado de la Alta Mar, Uruguay se enfrenta a una prueba de fuego sobre su coherencia ambiental. No se puede liderar la protección de los océanos en los foros internacionales mientras se autoriza la prospección sísmica en nuestras propias aguas. Esta editorial analiza la urgencia de alinear nuestras políticas con un futuro libre de hidrocarburos.
El 2026 ha comenzado con un hito que la humanidad recordará como la «Constitución de los Océanos». Tras décadas de negociaciones, la entrada en vigor del Tratado de la Alta Mar (BBNJ) marca un punto de inflexión histórico. Por primera vez, el mundo cuenta con un marco legal vinculante para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, ese vasto territorio que cubre dos tercios del planeta.
El Tratado de la Alta Mar no es solo un papel firmado. Es la herramienta que permite crear áreas marinas protegidas donde antes reinaba el vacío legal. Así, se garantiza que el ambicioso objetivo 30×30 sea una posibilidad real frente a la crisis climática. Sin embargo, mientras el mundo celebra este avance hacia una gobernanza oceánica más justa y sostenible, en Uruguay el horizonte nos devuelve una imagen contradictoria.
«¿Es coherente liderar la transición energética global mientras se despliegan buques de prospección sísmica en nuestro propio mar?»
La paradoja uruguaya
En mayo de 2025, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reafirmaba el compromiso de nuestro país con la protección marina y la ampliación de nuestras áreas protegidas. Uruguay se presenta ante la comunidad internacional como un alumno ejemplar, con una matriz energética que supera el 90% de fuentes renovables. Pero, puertas adentro, la narrativa se fragmenta.
Mientras el país ratifica tratados globales de conservación, el gobierno avanza con la búsqueda de hidrocarburos en aguas uruguayas. La justificación oficial se apoya en una mirada extractivista: la supuesta «similitud geológica» con Namibia y la premisa de que el petróleo seguirá siendo necesario por décadas.
La voz del territorio
La respuesta de la sociedad civil ha sido clara y contundente. El movimiento «Mar Libre de Petroleras» ha dejado de ser una consigna de nicho para convertirse en una movilización nacional. Las más de 21.700 firmas entregadas al Ministerio de Ambiente y las recientes marchas demuestran que el uso del mar es hoy una preocupación central de la agenda pública.
«La ciudadanía no solo reclama por el medioambiente; reclama por la coherencia entre lo que Uruguay dice en el mundo y lo que hace en sus costas.»
Como ha señalado en Ambienta el Dr. Pedro Riera, la acción legal para lograr la nulidad de los contratos de ANCAP busca frenar la prospección sísmica en el Santuario de Ballenas. No existen «restricciones de distancia» suficientes —sean 500 o 1.000 metros— que mitiguen el impacto de bombardeos sonoros en un ecosistema que depende del sonido para sobrevivir.
Un modelo de futuro
El Tratado de la Alta Mar nos ofrece una oportunidad de oro para liderar mediante la cooperación científica y la innovación biotecnológica. Uruguay tiene la capacidad de ser un referente en economía azul. Un camino que fortalece nuestra identidad de «Uruguay Natural». Seguir insistiendo en convertirnos en un «país petrolero» en 2026 no solo pone en riesgo nuestro patrimonio natural, sino que ignora la voluntad de una población que exige armonía.
«La pregunta ya no es si podemos ser un país petrolero. La pregunta es si tenemos el coraje de no serlo.»
