Durante la COP 3 del Acuerdo de Escazú, celebrada en Santiago de Chile, los Estados Parte marcaron un hito regional. Se aprobó formalmente el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una herramienta estratégica diseñada para frenar la violencia contra quienes custodian el patrimonio natural en América Latina y el Caribe.
Este plan busca operativizar el Artículo 9 del tratado, el cual obliga a los países a garantizar un entorno seguro para el activismo ambiental. La medida surge como una respuesta urgente a una realidad crítica. En la última década, el 75% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel global ocurrieron en nuestra región.
Ejes estratégicos del Plan de Acción (2024-2030)
El documento, coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, tendrá una vigencia de seis años. Su estructura se divide en cuatro pilares fundamentales para asegurar que las políticas de protección no queden solo en el papel:
| Eje Prioritario | Objetivo Principal |
| Generación de conocimiento | Recopilar datos precisos sobre riesgos y agresiones. |
| Reconocimiento | Visibilizar y legitimar la labor de los defensores. |
| Fortalecimiento de capacidades | Dotar a los Estados de herramientas técnicas para la protección. |
| Evaluación y seguimiento | Monitorear el cumplimiento de las metas del plan. |
Implementación nacional y acceso a la justicia
Además del plan regional, siete países —incluyendo a Uruguay, Argentina y México— presentaron sus avances en planes nacionales de implementación. Estos esfuerzos buscan armonizar las leyes internas con los estándares de Escazú, facilitando el acceso a la información y la justicia ambiental.
La cumbre también abordó la creación de registros de emisiones y transferencia de contaminantes, subrayando que la transparencia es la base para una participación pública efectiva en la evaluación de impactos ambientales.
