prospección sísmica
Bajo la superficie del Atlántico Sur, en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay, el silencio no existe; existe la armonía. En este corredor biológico vital, ballenas francas y jorobadas, delfines, cachalotes y orcas dependen del sonido para orientarse, comunicarse, migrar y cuidar a sus crías.
Sin embargo, en febrero de 2026, la calma de este ecosistema se fracturó con el arribo al puerto de Montevideo de los buques BGP PROSPECTOR y Moonrise G. Su misión: iniciar la campaña de prospección sísmica 3D (3DUR26 SURVEY), un bombardeo acústico crónico diseñado para mapear el subsuelo marino en busca de yacimientos petroleros.
Para la comunidad científica y las organizaciones socioambientales uruguayas, el despliegue de estos buques expone una profunda grieta ética en un país que se vende al mundo como un modelo global de transición energética.
Con una matriz eléctrica que supera el 90% de fuentes renovables, el Poder Ejecutivo suscribió contratos a 30 años con multinacionales como Shell, Chevron, YPF y APA. La paradoja es total: mientras Uruguay ratifica tratados globales de conservación oceánica, abre sus costas a un modelo extractivista obsoleto.
La paradoja del «Uruguay Natural»
La duplicidad de la estrategia oficial quedó al descubierto en el documento oficial «Uruguay hacia la COP30: Diálogos por el clima», al que este cronista tuvo acceso en la antesala de la cumbre climática celebrada en Belém, Brasil.
En ese texto, que definió la postura internacional del país en materia de justicia climática y transición justa, el Ministerio de Ambiente confirmó explícitamente que respetaría los contratos de exploración offshore. El argumento oficial se basó en los compromisos internacionales ya asumidos, prometiendo únicamente no habilitar nuevas zonas.
En un ejercicio de malabarismo retórico, las autoridades sostuvieron en el documento que buscar hidrocarburos en la plataforma marítima no es incompatible con la descarbonización del país. Prometieron que, si se halla crudo o gas, la producción simplemente se «ajustará» a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Acuerdo de París.
Sin embargo, para la ciencia y las comunidades locales, blindar legalmente las emisiones futuras no mitiga la urgencia del presente. Menos de un mes después de difundirse ese documento en la COP30, el 5 de diciembre de 2025, el Ministerio de Ambiente firmaba de forma reservada las autorizaciones ambientales definitivas para liberar los buques sísmicos y permitir el inicio de las detonaciones sonoras.
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La ficción del control y las «ventanas ciegas»
La tecnología sísmica utiliza cañones de aire comprimido que disparan ondas de choque de entre 230 y 260 decibeles cada pocos segundos, las 24 horas del día. Para dimensionar la escala: el oído humano sufre daños irreversibles a los 130 decibeles; a partir de los 180 decibeles se alcanza el umbral de muerte para la fauna marina.
Además, la evidencia científica internacional confirma que estas detonaciones reducen drásticamente la presencia de zooplancton —la base de la cadena alimentaria marina— en más de un kilómetro a la redonda.
El Dr. Daniel Gilardoni, ex titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, graficó el impacto en un área afectada de 60.000 kilómetros cuadrados:
«Es el equivalente a tener cuatro aviones volando de forma crónica sobre el territorio, produciendo un ruido ensordecedor durante miles de días. Las pérdidas biológicas y económicas para sectores como la pesca artesanal serian inmensas».
Frente a esto, el Ministerio de Ambiente y las empresas defienden la rigurosidad de sus manuales técnicos. Los reportes quincenales de la campaña revelan una constante: avistamiento de fauna, activación de protocolos, apagados de fuente y retrasos de disparos. Todo bajo la norma. Sin embargo, el mar no funciona bajo la burocracia humana.
470 avistamientos en el epicentro del estruendo
La primera etapa de la campaña en alta mar, iniciada en marzo de 2026, debió interrumpirse abruptamente a finales de abril debido a las intensas tormentas y fuertes vientos que azotaron la región, lo que llevó a los responsables de Viridien (ex CGG Services) a dar por finalizada esta fase operativa.
El balance de esos dos meses de actividad es revelador: los propios registros de la empresa documentaron el avistamiento de 470 ejemplares de ballenas, delfines y tortugas en el área de operaciones. Para las organizaciones, este número no es una medalla de éxito de mitigación empresarial, sino la prueba irrefutable de la alta densidad de vida en un santuario que fue sometido al estruendo.
Más allá de la operativa en alta mar, el proceso administrativo en tierra estuvo plagado de opacidad. Las organizaciones socioambientales denunciaron formalmente al Estado por violar de forma sistemática el artículo 5 del Acuerdo de Escazú —ratificado por Uruguay—, al retrasar deliberadamente la entrega de los informes de impacto ambiental solicitados por vía de gobierno electrónico.
Al retener estos documentos técnicos hasta días antes del cierre de las audiencias, las autoridades vaciaron de contenido el derecho a la participación pública y limitaron la capacidad de la ciudadanía para realizar observaciones fundadas.
La imposibilidad científica de mitigar el estruendo
Especialistas locales como la bióloga Paula Laporta y el investigador Javier Sánchez Tellechea alertan que el país opera bajo estándares mínimos y ciegos. La observación visual depende de la luz y el clima; el monitoreo acústico depende de que los animales vocalicen. Existen «ventanas ciegas» donde la actividad continúa sin saber qué pasa bajo la superficie.
En este sentido, el Dr. Marcos Sommer, Doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Kiel (Alemania) y oceanógrafo biólogo con más de 40 años de experiencia internacional, es tajante al señalar que detener la operación a solo 1.000 metros del buque carece de sustento científico: las ondas viajan miles de kilómetros bajo el agua. Llegar a tiempo no es apagar el cañón cuando el animal ya entró en el radio de mitigación artificial; es admitir que el estruendo ya rompió el silencio que sostiene la vida.
La marea de las 50.000 firmas
Ante una institucionalidad ambiental que parecía un decorado, la sociedad civil asumió la vanguardia. Colectivos como la Asamblea Mar Libre de Petroleras, Costa Viva Rocha y Amigos del Océano articularon una movilización nacional inédita. Surfistas, pescadores y activistas recorrieron las playas sumando voluntades en un proceso que tuvo su primer hito el lunes 15 de diciembre de 2025.
Ese día, la Asamblea entregó un primer bloque de 21.700 firmas ante el Ministerio de Ambiente, denunciando una maniobra de opacidad institucional: las autorizaciones ambientales definitivas a las empresas (Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS) habían sido firmadas el 5 de diciembre, pero el Gobierno retuvo la información y la difundió recién cuatro días después.
Las organizaciones denunciaron además un intento de «boicot» oficial, ya que el ministerio convocó a una conferencia de prensa de urgencia exactamente a la misma hora de la entrega de firmas para competir por la atención de los medios de comunicación.
Lejos de frenar el reclamo, la tensión alimentó la movilización. Cientos de ciudadanos marcharon por las calles de Montevideo y se concentraron frente a la Torre Ejecutiva —sede de la Presidencia de la República— y el Ministerio de Ambiente. Con redoblantes, cánticos y carteles que rezaban «El mar no se vende», «Gobierno ecocida» y «NO al ecocidio en el mar uruguayo», la protesta se replicó simultáneamente en localidades costeras de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia.
Para mayo de 2026, la campaña ciudadana ya había alcanzado un hito político histórico: 50.000 firmas entregadas formalmente, el equivalente a casi el 2% de la población total del país.
Juez y parte en alta mar
La ciudadanía no solo desnudó la falta de «licencia social» de las petroleras, sino la alarmante precariedad de la fiscalización estatal. La demanda reveló que Uruguay no cuenta con recursos propios para verificar de forma independiente lo que ocurre en alta mar: el sistema descansa en observadores de fauna marina cuyos salarios son pagados directamente por las propias empresas petroleras contratantes. Una situación de juez y parte donde quien debe vigilar es empleado de quien debe ser vigilado.
«El Gobierno no consultó al pueblo uruguayo sobre la entrega de nuestro mar», denunció Déborah Díaz, vocera del colectivo.
Marea ciudadana contra petroleras: entregaron miles de firmas y dicen NO al “ecocidio” en el mar uruguayo
La batalla por el Santuario en los tribunales
Agotadas las instancias administrativas, la batalla se mudó a los tribunales bajo una estrategia legal audaz liderada por el Dr. Pedro Riera. El abogado asumió la representación de la Asamblea Mar Libre de Petroleras y de SO.CO.BIO.MA., una organización local dedicada al rescate y conservación de fauna marina en Maldonado.
La demanda exigió la «nulidad absoluta» de los contratos de la empresa estatal ANCAP por causa y objeto ilícitos. El equipo jurídico alegó que los acuerdos comerciales violan de forma directa el artículo 47 de la Constitución de la República.
Asimismo, los activistas señalaron la vulneración de la Ley N.º 19.128. Esta norma declara formalmente a la Zona Económica Exclusiva uruguaya como un Santuario de Ballenas y Delfines, lo que prohíbe expresamente cualquier acción de «molestia intencional» contra estas especies.
«Autorizar exploración petrolera en un santuario marino es como pactar la deforestación de un parque nacional», sostuvo el Dr. Riera.
Aunque las petroleras aleguen que no buscan dañar a los animales, el concepto legal de dolo eventual aplica: las empresas conocen el riesgo catastrófico y deciden seguir adelante, lesionando bienes ambientales de interés general.
Del archivo judicial a la reactivación de la causa
El camino en los juzgados fue un laberinto de tensiones y reveses. El 11 de febrero de 2026, el juez civil de 8º Turno, Dr. Federico Tobía, rechazó la causa de las organizaciones alegando «falta de jurisdicción» y sosteniendo que el caso pertenecía exclusivamente a la justicia administrativa.
Pocos días después, la jueza Xenia Pedrozo desestimó de forma similar una acción de amparo urgente interpuesta por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La Justicia parecía llegar tarde mientras los buques ya ocupaban el puerto.
Pero las organizaciones no bajaron los brazos y apelaron. Tras meses de incertidumbre y con el barco sísmico ya operando en el mar, el tablero político y jurídico dio un vuelco definitivo. El 30 de mayo de 2026, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3.º Turno dictó una sentencia histórica: revocó el archivo de la causa firmado por el juez Tobía, confirmó la plena competencia del Poder Judicial para controlar los acuerdos estatales con las multinacionales petroleras y reactivó el proceso.
La causa ha regresado al Juzgado Letrado Civil de 7.º Turno, donde la nueva magistrada a cargo deberá resolver de forma inminente la medida cautelar de no innovar para suspender las operaciones en el mar de manera preventiva mientras se tramita el juicio de nulidad de fondo.
El dilema en el espejo marítimo
Por primera vez, la soberbia institucional del Poder Ejecutivo ha encontrado un límite infranqueable. Las audiencias judiciales han obligado a los organismos del Estado a responder bajo juramento y han convocado a once científicos de la Universidad de la República a presentar la evidencia técnica que el gobierno intentó normalizar.
Uruguay se encuentra hoy ante su propio espejo marítimo, forzado a decidir si sostiene la coherencia de su prestigio verde o si sacrifica su santuario en nombre de un modelo energético del siglo pasado.
