El verano de 2026 termina con una radiografía compleja para el Código de Aguas en Uruguay. La calidad ambiental de las playas encendió alarmas desde Montevideo hasta Rocha. Los indicadores de contaminación por enterococos marcaron el pulso de la temporada. En paralelo, la mortandad de peces en la capital sumó confusión en la agenda pública. Aunque se explicó técnicamente por cambios de salinidad, el episodio reforzó la sensación de vulnerabilidad costera.
Ante este escenario, la reciente aprobación del Decreto 226/025 resulta estratégica. Esta norma reglamenta aspectos clave del Código de Aguas y fija nuevas reglas para el control de la contaminación. El marco legal busca proteger el recurso con un enfoque de gestión por cuencas. El desafío ahora es entender cómo Uruguay se adapta a estos nuevos estándares de control.
Para profundizar en este mapa de responsabilidades y soluciones técnicas, Ambienta dialogó con Giannina Pinotti, presidenta de AIDIS Uruguay, y Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya por el Agua (AUA).
El nuevo estándar: De coliformes a enterococos
-¿Por qué el cambio de coliformes a enterococos representa un salto de calidad en el monitoreo?
Giannina Pinotti: La adopción de enterococos como indicador de calidad sanitaria representa un cambio relevante en el enfoque microbiológico. Su fin es evaluar la aptitud de las playas. La evidencia científica internacional demuestra que estos organismos presentan una mejor correlación con el riesgo sanitario asociado a contaminación fecal reciente. Esto ocurre especialmente en aguas marinas y salobres. El cambio permite una estimación mucho más precisa del riesgo para la salud de los bañistas.
El Decreto 226/25 sustituyó al Decreto 253/79 luego de 45 años de vigencia. La nueva norma establece a los Enterococos como indicador para todo tipo de aguas recreativas. Por otro lado, el parámetro Escherichia coli (E. coli) se mantiene específicamente para aguas dulces. Esta actualización se alinea con la evidencia científica más reciente. También sigue las recomendaciones emitidas en 2021 por la Organización Mundial de la Salud.
«El cambio a enterococos permite una estimación mucho más precisa del riesgo para la salud de los bañistas».
Es importante destacar que la actualización normativa no se limita a los parámetros microbiológicos. El nuevo esquema de evaluación es más integral. Incorpora criterios vinculados a las floraciones de cianobacterias e identifica eventos de riesgo sanitario. Además, incluye la delimitación de zonas no aptas para baño. Estas pueden ser áreas de influencia de vertidos o desembocaduras de cursos de agua. Desde el punto de vista técnico, el desafío es claro. Se deben asegurar capacidades de monitoreo, análisis de laboratorio y una comunicación pública consistente en todo el territorio.
El camino hacia el 2027
-¿Está Uruguay preparado —en infraestructura, laboratorios y protocolos— para aplicar plenamente esta normativa hacia 2027?
GP: La incorporación de los nuevos indicadores y criterios sanitarios previstos en el Decreto 226/25 implica desafíos técnicos e institucionales de gran relevancia. Esto supone fortalecer y armonizar las capacidades de laboratorio en todo el país. También requiere estandarizar los protocolos analíticos. Se deben consolidar criterios de calidad que aseguren la comparabilidad de los datos. En este sentido, la normativa prevé un plazo de adecuación de hasta dos años. Este tiempo es para lograr la plena exigibilidad de los nuevos parámetros. Su implementación requiere una planificación profunda y una estrecha coordinación entre instituciones.
Asimismo, el decreto establece una medida inmediata. Dentro de los seis meses posteriores a su aprobación, se instrumentará un programa específico de apoyo a las intendencias. Este programa está orientado precisamente al fortalecimiento de las capacidades técnicas y analíticas a nivel local. Uruguay cuenta con una trayectoria consolidada y experiencia institucional acumulada en el monitoreo de aguas recreativas. Sin embargo, todavía persisten asimetrías. Existen diferencias de infraestructura y recursos entre los diferentes departamentos.
Desde una perspectiva técnica, el desafío actual no es partir de cero. Se trata de consolidar y armonizar lo existente. El objetivo final es asegurar una aplicación homogénea de los criterios de calidad en todo el territorio nacional. Esta meta debe cumplirse para cuando el plazo de adecuación finalice en 2027.
Infraestructura y el rol de las intendencias
-¿Qué cambios concretos deberían implementar las intendencias para cumplir con el nuevo decreto y lograr una reducción real de las inhabilitaciones?
GP: En el marco del nuevo decreto, se deberán fortalecer los sistemas de monitoreo. Es clave asegurar la correcta aplicación de protocolos. También se deben consolidar mecanismos de comunicación claros y oportunos a la ciudadanía. Sin embargo, la reducción sostenida de los episodios de inhabilitación requiere un enfoque integral. La calidad del agua en las playas depende de condicionantes estructurales.
En particular, muchos sistemas de saneamiento urbanos fueron diseñados hace décadas. Esto aplica principalmente a los unitarios históricos. Sus diseños responden a condiciones demográficas y climáticas distintas a las actuales. Los eventos de lluvia intensa pueden generar desbordes o arrastres de contaminación. Estos ocurren tanto en entornos urbanos como rurales. Los desechos llegan hacia los cursos de agua y playas. Esto afecta directamente la calidad del agua.
«Muchos sistemas de saneamiento urbanos fueron diseñados hace décadas y responden a condiciones distintas a las actuales».
En Uruguay, es importante entender que la gestión del saneamiento por redes tiene responsables claros. Corresponde a la Intendencia en Montevideo y a OSE en el resto del país. En áreas sin red pública, la responsabilidad es individual. Se basa en el mantenimiento de sistemas domiciliarios. Por su parte, las Intendencias tienen el rol de control. A su vez, el drenaje pluvial es gestionado por las comunas. Se trata, por lo tanto, de una problemática con responsabilidades compartidas.
La mejora estructural de la situación implica avanzar progresivamente en la infraestructura de saneamiento. También requiere el fortalecimiento del drenaje pluvial y el control de descargas. Es necesaria la coordinación entre los distintos organismos competentes. Es un proceso gradual. Requiere planificación sostenida y articulación institucional. Esto demanda inversiones importantes y una mayor conciencia ciudadana sobre el manejo de aguas residuales.
Prevención y soluciones basadas en la naturaleza
Mauro de La Vega: Desde la Alianza Uruguaya por el Agua entendemos que el cumplimiento del nuevo decreto requiere ir más allá del monitoreo. Es necesario avanzar decididamente sobre las causas que generan los episodios de inhabilitación. En la práctica, esto implica priorizar acciones concretas. Se debe mejorar el control y el mantenimiento de los sistemas de saneamiento. También es vital atender el drenaje pluvial en las zonas costeras.
Al mismo tiempo, es clave incorporar soluciones preventivas. El objetivo es reducir la carga de contaminación antes de que llegue a los cursos de agua y a la costa. Esto se logra combinando la infraestructura tradicional con soluciones basadas en la naturaleza. Además, se requiere una planificación urbana más adaptada a los eventos climáticos extremos. La reducción sostenida de las inhabilitaciones no depende de un único instrumento. Depende de una gestión continua y coordinada. El enfoque debe estar puesto firmemente en la prevención.
Análisis de picos y eventos costeros
-Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se registraron valores elevados de enterococos en varias playas del país. ¿Qué factores estructurales y coyunturales explican estos picos de contaminación?
GP: Cuando se habla de «picos», es fundamental precisar a qué playas y a qué período se refiere. La calidad del agua presenta una variabilidad espacial y temporal significativa. En el caso de Montevideo, la Intendencia ya había incorporado el indicador de enterococos en sus monitoreos. Actualmente comunica los resultados basándose en los criterios del Decreto 226/25. Esto refleja una alineación con los nuevos estándares de comunicación explícita.
Desde el punto de vista técnico, los valores elevados de enterococos tienen varias causas. Se explican por una combinación de factores estructurales y coyunturales. Los factores estructurales se vinculan a la presión urbana sobre la costa y la infraestructura de saneamiento. Los coyunturales refieren a las condiciones ambientales del momento. Por eso es clave distinguir entre situaciones puntuales asociadas a la meteorología y los problemas de fondo.
Comunicar esta información con rigor técnico es esencial. El objetivo es evitar interpretaciones simplificadas o alarmistas. Uno de los principales desafíos es traducir los cambios normativos y los resultados del monitoreo. Se debe utilizar un lenguaje comprensible para la ciudadanía. Esto requiere coordinación entre equipos técnicos, autoridades y áreas de comunicación. Además, es necesario un vínculo responsable de los medios para informar con absoluta precisión.
El fenómeno de la mortandad de peces
-Durante la primera semana de febrero se registró una mortandad masiva de peces en las costas de Montevideo. ¿Cómo se explica este fenómeno y por qué es un error técnico asociarlo con la contaminación fecal?
GP: Los episodios de mortandad de peces suelen generar preocupación. Sin embargo, no deben asociarse automáticamente con contaminación fecal. Tampoco implican un riesgo sanitario para las personas. Son fenómenos que pueden responder a múltiples factores ambientales. Entre ellos se encuentran los cambios bruscos en la salinidad o variaciones de temperatura. También influye la disminución de oxígeno disuelto. Estas condiciones físico-químicas afectan a determinadas especies según el momento.
Es importante distinguir los criterios de evaluación. El riesgo sanitario para uso recreativo se basa en parámetros microbiológicos específicos. Estos son los enterococos o la Escherichia coli, definidos en el Decreto 226/2025.
«La presencia de peces muertos, por sí sola, no permite inferir que exista contaminación fecal. Los dos fenómenos corren por carriles técnicos distintos».
Cada episodio debe ser analizado técnicamente por las autoridades competentes. Se deben considerar las características del sitio y las condiciones del momento. Una comunicación responsable es clave en estos casos. El objetivo es evitar interpretaciones simplificadas. Se busca brindar a la ciudadanía información clara sobre este tipo de eventos.
El reto de comunicar la alerta
-Más allá de los datos, ¿cómo evalúan la eficacia de la respuesta institucional y la estrategia de comunicación del riesgo hacia la ciudadanía?
GP: La comunicación del riesgo es un componente central de la gestión de playas. Tan importante como el monitoreo es que la información llegue de forma clara a la ciudadanía. Esta debe ser oportuna y estar contextualizada. En este sentido, el Decreto 226/25 representa un avance relevante. Aporta en términos de transparencia y protección sanitaria. La norma establece la obligación de señalización cuando una zona no es apta para baño. Además, promueve la publicación de los resultados de monitoreo.
Como en todo proceso de implementación normativa, existen aspectos a fortalecer. Esto aplica particularmente a la armonización de criterios. También se debe mejorar la forma en que se transmite la información. El objetivo es evitar interpretaciones erróneas. Desde una mirada técnica, lo relevante es que existan protocolos claros. Se necesitan criterios objetivos y canales de comunicación accesibles. La mejora continua en estos puntos es fundamental. Forma parte natural del proceso de consolidación del nuevo marco legal que Uruguay está transitando.
Código de Aguas: Saneamiento y gobernanza
-Si tuviéramos que trazar una hoja de ruta a cinco años: ¿qué debería priorizar Uruguay para mejorar efectivamente la calidad del agua en zonas de baño? ¿Saneamiento, drenaje, monitoreo o fiscalización?
GP: Si el objetivo es mejorar efectivamente la calidad del agua, las prioridades deben ser claras. Los esfuerzos deben centrarse en los factores estructurales que inciden sobre ella. El monitoreo es fundamental para conocer la situación y proteger la salud pública. Sin embargo, por sí solo no mejora la calidad del recurso. Su función es brindar información valiosa para la toma de decisiones.
En ese sentido, existen componentes determinantes en las zonas costeras. El más importante es el fortalecimiento y la ampliación del saneamiento. También destaca la mejora de los sistemas de drenaje urbano. A esto se suma la adecuación de las infraestructuras históricas. Estas deben adaptarse a las condiciones actuales de urbanización y variabilidad climática.
Al mismo tiempo, un monitoreo robusto cumple un rol complementario clave. Lo mismo sucede con la educación ambiental y la comunicación clara hacia la ciudadanía. Estos pilares permiten gestionar el riesgo de manera transparente. Además, ayudan a fomentar prácticas responsables. En definitiva, se trata de una combinación necesaria. Es preciso unir la inversión estructural con la gestión continua.
El rol de AIDIS y AUA en la gobernanza
-Más allá de la asesoría, ¿qué papel juegan sus organizaciones para garantizar que este nuevo marco normativo se traduzca en una mejora real de la gobernanza del agua?
GP: Desde AIDIS Uruguay, el aporte principal es brindar una mirada técnica. Esta se mantiene independiente y basada en evidencia. Somos una asociación que nuclea a especialistas en ingeniería sanitaria, ambiente y gestión del agua. Nuestra contribución radica en aportar experiencia comparada y análisis técnico. También generamos espacios de discusión que fortalezcan la implementación del nuevo marco normativo.
En procesos participativos, el aporte de las asociaciones profesionales es clave. Un ejemplo fue la actualización que derivó en el Decreto 226/2025. Nuestra labor ayuda a consolidar criterios técnicos. También permite mejorar la comprensión social de las medidas adoptadas. El objetivo final es acompañar la mejora continua de la gestión del agua en el país.
MV: Desde la Alianza Uruguaya por el Agua, nuestro rol es claro. Como fundación de articulación multisectorial, buscamos contribuir a la mejora de la gobernanza del agua. Esto implica generar espacios de diálogo y acercar el tema a la agenda pública. También trabajamos para impulsar proyectos piloto. Promovemos una mirada integral que conecte infraestructura, ambiente y cambio climático con la ciudadanía.
La implementación efectiva del nuevo marco normativo requiere de una complementariedad justa. Se necesita unir el rigor técnico con la articulación institucional. A esto se debe sumar una sólida comunicación social. Estos tres pilares son fundamentales para el éxito de la nueva reglamentación.
«Se necesita unir el rigor técnico con la articulación institucional y una sólida comunicación social».
Guía para el ciudadano: Cómo leer el dato oficial
-Finalmente, ¿cuáles son las claves que un ciudadano debe manejar hoy para interpretar los reportes sin caer en alarmismos y tomar decisiones seguras en la playa?
GP: Lo primero que un ciudadano debería saber es un concepto clave. La calidad del agua se interpreta según criterios técnicos de la normativa vigente. No se debe evaluar a partir de un dato aislado. El marco legal establece parámetros claros para determinar la aptitud para baño. Esa información debe estar siempre señalizada. Además, debe estar disponible a través de canales oficiales.
Es fundamental entender que el monitoreo cumple una función preventiva. Cuando se comunica que una playa no es apta, el sistema está funcionando. Su objetivo es proteger la salud de la población. Existe hoy una mayor disponibilidad de datos y estándares más exigentes. Esto no implica necesariamente un deterioro de la situación. Por el contrario, representa una mayor transparencia.
Desde el punto de vista comunicacional, la difusión de datos parciales es riesgosa. Sin la explicación técnica acorde, puede generar preocupaciones desproporcionadas. Por eso, siempre es recomendable consultar fuentes oficiales y considerar el contexto. Una ciudadanía informada toma decisiones más seguras. Además, contribuye a un debate público más responsable sobre la gestión del agua en nuestro país.
MV: Una ciudadanía informada es parte de la solución. Es fundamental comprender un punto clave. Los reportes de calidad de agua responden a criterios técnicos. Las inhabilitaciones temporales son, en esencia, medidas preventivas. Muchas de las causas de estos episodios tienen un origen claro. Están vinculadas a cómo gestionamos nuestras ciudades y nuestros residuos. Contar con una ciudadanía informada permite tomar decisiones más responsables. Además, ayuda a contribuir a un debate público más maduro. Este es el camino para mejorar la gestión del agua en Uruguay.
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