Entre enero de 2023 y agosto de 2025, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) recibió 4.622 denuncias ambientales. El volumen, por sí solo, revela una ciudadanía activa y un territorio que expresa tensiones crecientes.
Residuos industriales, vertidos de efluentes y emisiones forman parte del panorama. También lo hacen los agroquímicos y la contaminación de cursos de agua. A esto se suma la afectación de humedales y la tala de monte nativo. Hay además actividades no autorizadas en áreas protegidas. Se registran cianobacterias, olores e impactos sobre recursos hídricos.
La lista es un mapa de los conflictos ambientales del país. Pero el dato más relevante no es cuántas denuncias ingresan, sino qué hace el Estado con ellas.
Durante ese período, solo el 57% fue atendido por la propia DINACEA. El 43% restante debió ser derivado a otros organismos. Eso evidencia un sistema fragmentado, sin una arquitectura institucional capaz de procesar de forma integrada la conflictividad ambiental. En 2024, el 86% de las denuncias ingresó por la web, lo que confirma que la ciudadanía ya opera en clave digital. El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no.
Una auditoría que expone fallas estructurales
Un informe ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado en enero de 2026 tras una auditoría interna que abarcó el período 1/1/2024–1/10/2025, concluyó que la DINACEA presenta debilidades graves en tres dimensiones críticas:
- Controles insuficientes sobre inspecciones ambientales.
- Información inconsistente. Errores, datos incompletos y falta de trazabilidad.
- Mecanismos de supervisión y monitoreo incapaces de garantizar cobertura efectiva, especialmente fuera de Montevideo.
La auditoría es contundente. La concentración de personal en la capital, las limitaciones logísticas y la falta de recursos técnicos comprometen la capacidad del Ministerio de Ambiente para fiscalizar en el territorio.
Un sistema de denuncias que no logra cerrar el círculo
La atención de denuncias ambientales debería ser un proceso transparente, trazable y verificable. Hoy no lo es. El diagnóstico es inequívoco. El sistema no garantiza integridad, trazabilidad ni transparencia.
El registro y seguimiento de las denuncias funciona sobre una base tan frágil que compromete la credibilidad del propio Ministerio de Ambiente. Aunque cada denuncia recibe un número de seguimiento, ese número no sirve para nada. El denunciante no puede consultar el estado del trámite y queda completamente a ciegas.
Puertas adentro, la situación es aún más grave. La División Emergencias y Denuncias administra todo el proceso en una planilla Excel que no está integrada a la base de datos institucional. Ese soporte improvisado se convirtió en el sistema por defecto. La precariedad se refleja en decisiones inconsistentes. Denuncias sobre un mismo hecho pueden consolidarse o no, sin criterios claros. El resultado son expedientes que no dialogan entre sí y huecos en la trazabilidad.
La falta de rigor se profundiza cuando se observa que muchas denuncias ni siquiera tienen un técnico responsable asignado. Eso diluye la responsabilidad y deja casos sin dueño. La asignación de prioridades también falla. Valores por defecto que nadie corrige, denuncias urgentes clasificadas como medias y un sistema incapaz de distinguir lo crítico de lo rutinario.
A esto se suma un problema estructural. No existe un mecanismo formal que registre fechas, plazos ni etapas del proceso. La DINACEA, literalmente, no puede medir cuánto demora en actuar ni evaluar si actúa bien. La fecha de cierre, cuando aparece, no siempre refleja la resolución real del hecho denunciado.
El resultado final es un sistema que produce indicadores a partir de una planilla con referencias circulares, datos incompletos e inconsistentes. Es decir: los números que se usan para evaluar la gestión pueden estar mal, y no hay forma de saberlo.
Emergencias ambientales sin cobertura adecuada
La auditoría también expuso en un flanco especialmente sensible. La gestión de las emergencias ambientales. El organismo no cuenta con un sistema que garantice atención fuera del horario de oficina, lo que deja sin respuesta inmediata incidentes que, por definición, no esperan a la mañana siguiente.
Tampoco dispone de un protocolo actualizado ni de instancias regulares de capacitación o simulacros para el personal encargado de estas tareas. En un país donde los eventos ambientales se aceleran —floraciones de cianobacterias, mortandades de peces, derrames, incendios, episodios de contaminación aguda— esta ausencia de preparación no es un detalle operativo. Es una vulnerabilidad crítica que compromete la capacidad de reacción del Estado.
Riesgos institucionales identificados
A esto se suman riesgos institucionales que no son abstractos ni menores. La falta de integridad de la información constituye un riesgo operacional directo porque impide saber con certeza qué ocurre, dónde y con qué gravedad. El impacto negativo en la imagen institucional erosiona la confianza pública en la autoridad ambiental, un capital que, una vez perdido, es difícil de recuperar. Y la ineficiencia operativa, señalada de forma explícita, revela un sistema que no logra cumplir con sus funciones básicas en tiempo y forma.
La auditoría no deja margen para interpretaciones. El modelo actual compromete la capacidad del Estado para proteger el ambiente y responder a la ciudadanía.
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Recomendaciones clave
Frente a este diagnóstico, las recomendaciones son tan claras como urgentes. La primera es desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión de denuncias. Lo que permitiría registrar, seguir y controlar cada etapa del trámite. Desde el ingreso hasta el cierre, con información confiable tanto para la administración como para los ciudadanos.
Mientras ese sistema no exista, la planilla Excel deberá mantenerse como soporte temporal, pero bajo condiciones estrictas. Se necesitan criterios claros y documentados para la generación de expedientes. Además de revisiones periódicas que permitan detectar inconsistencias, corregir datos incompletos y evitar errores derivados de referencias circulares. Solo así será posible sostener un mínimo de integridad en la información hasta que el sistema definitivo esté operativo.
Una conclusión inevitable
Uruguay cuenta con un sistema de denuncias ambientales que permite a cualquier persona alertar sobre posibles infracciones. Pero la herramienta pierde valor cuando el Ministerio de Ambiente no puede garantizar un proceso transparente, eficiente y verificable. Un sistema que recibe denuncias pero no asegura trazabilidad, que registra información sin integridad y que no puede medir sus propios tiempos de respuesta termina funcionando más como un buzón que como un mecanismo de control.
La auditoría revela un problema estructural. Sin información confiable no hay control; sin control no hay protección ambiental; y sin protección ambiental la confianza pública se erosiona. No es una cadena de fallas aisladas, es una falla de origen que afecta la legitimidad misma de la autoridad ambiental.
La transición hacia un sistema integrado, moderno y territorialmente equilibrado no es una mejora técnica ni un ajuste administrativo. Es la condición mínima para que el Estado pueda sostener su rol de garante ambiental y responder con seriedad a una ciudadanía que denuncia cada vez más y tolera cada vez menos la opacidad.
