Mientras el mundo discute la crisis climática en grandes foros internacionales, quienes protegen los territorios más frágiles del planeta siguen pagando esa tarea con sus vidas. En 2025, al menos 124 defensores ambientales y del territorio fueron asesinados en el mundo, según el informe anual de Global Witness “Luchando por la justicia en un mundo volátil”. América Latina concentró 105 de esos crímenes: casi el 85 % del total global.
Desde 2012, la organización ya documenta 2.375 asesinatos y desapariciones. Aunque la cifra de 2025 muestra un leve descenso respecto a los 142 homicidios y cuatro desapariciones de 2024, Global Witness advierte que no implica una mejora real.
En muchos territorios, especialmente donde hay conflicto armado y violencia sistemática, numerosos casos nunca se denuncian ni llegan a registrarse. Esa falta de reporte —la llamada subnotificación— hace que la magnitud de la violencia sea, en realidad, mayor de lo que muestran las cifras oficiales.
La ONG también señala un cambio en el tipo de agresiones. “Si bien la cifra de asesinatos se redujo, hemos visto que los casos de criminalización han aumentado”, explica Juliana Vélez Echeverri, integrante senior de campaña. Los homicidios son apenas la expresión más extrema de un abanico que incluye amenazas, acoso, desapariciones forzadas y campañas de desprestigio.
La violencia territorial en Colombia y Brasil
En 2025, ambos países concentraron el 52 % de los asesinatos globales, con 39 y 26 casos respectivamente. Siguen siendo el corazón de la violencia contra quienes defienden la tierra y el ambiente.
Colombia: cuatro años como el país más letal
De los 39 asesinatos registrados, 35 estuvieron vinculados a disputas por la tierra. El departamento del Cauca volvió a ser el foco crítico: 13 crímenes en 2025, incluidos cuatro miembros de guardias indígenas. Desde 2012, la región acumula 171 asesinatos.
Brasil: violencia duplicada y masacres rurales
Brasil registró un salto drástico: de 12 asesinatos en 2024 a 26 en 2025. La mayoría de las víctimas fueron campesinos (11) e indígenas (7), concentrados en Rondônia y Pará. Los conflictos por la reforma agraria y el reconocimiento de territorios ancestrales siguen siendo el motor principal.
Global Witness advierte además una aplicación “desigual” de los compromisos territoriales en el país que fue anfitrión de la COP30, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades rurales e indígenas.
Pueblos indígenas organizan una protesta pacífica frente a la entrada principal de la COP30 en defensa de sus territorios. Fernanda Frazão / Global Witness
Quiénes son las víctimas: campesinos, pueblos originarios y comunidades afrodescendientes
Las disputas por la tierra explican la mayoría de los asesinatos: 84 de los 124 casos registrados en la región. Otros once se vinculan directamente con la minería y actividades extractivas. Más del 75 % de las víctimas pertenecen a sectores históricamente vulnerados —campesinos, pueblos originarios y comunidades afrodescendientes—, donde la ausencia estatal facilita el avance del crimen organizado.
En México, aunque los homicidios bajaron de 19 a 10, la violencia no letal se disparó: el Cemda registró 107 casos de criminalización. Entre 2012 y 2023, más de 30.000 agresiones no mortales afectaron a defensoras en México y Centroamérica.
Fuera de la región, Asia representó el 12 % de los homicidios globales, con Filipinas a la cabeza (12 víctimas), impulsados por proyectos extractivos y políticas estatales contra la insurgencia.
Pablo San Martín Chuñil, hijo de la defensora mapuche desaparecida Julia Chuñil, participa en una manifestación para exigir justicia en Recife, Brasil. Javier Garate / Global Witness
Autodefensa ante el abandono estatal
Ante la falta de protección estatal, diversas comunidades han desarrollado sistemas propios de autoprotección, como patrullas territoriales y redes de alerta temprana.
El pueblo Kakataibo, en Perú, es un ejemplo. Su territorio perdió cerca del 20 % de su cobertura boscosa entre 2000 y 2023, mientras los cultivos de coca crecieron más de un 600 % entre 2019 y 2023. “Nuestra resistencia tiene más fuerza; estamos más empoderados”, afirma el líder Segundo Ispón. Pero advierte: “Podré sentirme protegido cuando tenga un chaleco antibalas”.
Global Witness insta a los gobiernos a reconocer, integrar y financiar estos mecanismos comunitarios bajo un enfoque civil y de derechos humanos.
La crisis coincide con un retroceso global en la cooperación: la ayuda para el desarrollo cayó 23 % en 2025, debilitando la capacidad de monitoreo de las organizaciones de derechos humanos. Ante la falta de datos y el avance de la censura, la invisibilidad del conflicto se profundiza y sigue cobrando vidas en toda la región.
