Una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la DINACEA revela un escenario crítico respecto al control ambiental en Uruguay. El Estado carece de una trazabilidad real sobre el impacto ambiental de la industria. Con un presupuesto ejecutado de $495.479.704 en 2024, el organismo muestra fallas estructurales que dejan bajo sospecha la eficacia de la fiscalización en todo el territorio.
El hallazgo más grave del informe de enero de 2026 es el abandono de la vigilancia activa sobre una parte del universo industrial. Las firmas operan hoy en un limbo administrativo, sin que técnicos estatales certifiquen sus emisiones o vertidos, a pesar de que la normativa exige renovaciones estrictas de sus permisos de operación.
Los números de la negligencia
El periodismo de datos permite desglosar un desorden que va más allá de simples errores de oficina:
- Falta de Hoja de Ruta. 149 empresas no tienen asignada una periodicidad de inspección. Básicamente, no existen en el calendario oficial de visitas del Ministerio de Ambiente.
- Alertas Ignoradas. Durante 2024, el 9% de las inspecciones detectaron Riesgo Alto. Sin embargo, la auditoría confirma que no hay evidencia de seguimiento para asegurar que esas empresas hayan corregido sus faltas.
- Inconsistencias de datos. El presupuesto millonario contrasta con una gestión fragmentada en tres sistemas que no se integran. Esta falta de conexión provoca que empresas ‘inactivas’ en un registro aparezcan como ‘activas’ en otro. Lo que dificulta la aplicación de cualquier sanción.
El camino a la regularización: Las claves de la auditoría
El informe concluye con una hoja de ruta técnica para que la DINACEA revierta estas debilidades. El plan exige integrar tecnológicamente los sistemas y descentralizar los equipos de inspección para cubrir el interior del país. También establece una respuesta ante emergencias las 24 horas y la creación de un registro consolidado que asegure el cobro efectivo de las multas.
El laberinto de la denuncia ciudadana
Más allá de las fallas en las inspecciones, la auditoría cuestiona la respuesta del Estado hacia la población. Entre enero de 2023 y agosto de 2025, la DINACEA recibió 4.622 denuncias ambientales. Un flujo que evidencia la alta preocupación social por el entorno.
Sin embargo, el destino de estos reclamos es incierto. Aunque el 86% de los ciudadanos denuncia por vía digital, el proceso entra en una zona de silencio tras obtener el número de seguimiento. Actualmente, el organismo no ofrece herramientas para que el denunciante consulte el estado de su trámite.
La gestión de estos reclamos depende de una tecnología precaria. El seguimiento se realiza en planillas de Excel que la auditoría calificó como inconsistentes y con errores de fórmulas. Esta desconexión explica por qué solo el 57% de las denuncias son atendidas por la unidad. Mientras que el resto se dispersa en derivaciones. Al no existir protocolos para emergencias fuera del horario de oficina, la capacidad de respuesta del Ministerio frente al reclamo social queda bajo una fuerte interrogante técnica.
