El próximo 5 de junio, en coincidencia con el Día Mundial del Ambiente, el colectivo Mar Libre de Petroleras Uruguay formalizará la entrega de 30.000 nuevas firmas ante el Ministerio de Ambiente. Con este nuevo bloque de adhesiones, la organización alcanza un hito político: 50.000 voluntades ciudadanas, una cifra equivalente a casi el 2% de la población nacional que busca poner freno a la exploración sísmica en el Atlántico Sur.
Este volumen de firmas consolida un proceso que inició con una primera entrega de 21.700 adhesiones, instancia que marcó el punto de partida para una articulación territorial que hoy se extiende por todo el país. La movilización, prevista para las 15:00 horas, no será un acto meramente administrativo; tras la entrega de las planillas, la actividad se trasladará a la Plaza Independencia para visibilizar, mediante el arte y la información técnica, los riesgos de la industria extractiva en aguas jurisdiccionales.
El reclamo por la licencia social
En la cuenta regresiva hacia esta jornada clave, Ambienta dialogó con Déborah Díaz, referente del colectivo, quien enfatizó la falta de consulta pública en la adjudicación de bloques marítimos. Para la organización, la «licencia social» no es una formalidad burocrática, sino un requisito ético que las multinacionales petroleras no han logrado consolidar en el territorio uruguayo.
– ¿Qué mensaje le envían al Gobierno al superar las 50.000 firmas contra la exploración petrolera en el mar uruguayo?
El Gobierno no consultó al pueblo uruguayo sobre la entrega de nuestro mar. Las más de 50.000 firmas representan un mensaje claro y contundente. Una preocupación social real y creciente enfrenta el avance de la exploración petrolera offshore en Uruguay.
Superar las 50.000 firmas no es solo un número. Es un mensaje ciudadano que le dice al Gobierno que el modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles es peligroso. La ciudadanía exige que alguien la escuche.
Nadie puede definir el mar únicamente como una zona de extracción económica. Es un ecosistema estratégico, fuente de vida, trabajo, biodiversidad y patrimonio natural. Esperamos que el Gobierno escuche esta señal. Debe abrir un debate serio, transparente, participativo y vinculante sobre el modelo de desarrollo para nuestras costas.
La verdadera soberanía no se encuentra en contratos extractivistas con multinacionales. Se encuentra en proteger nuestra biodiversidad y el futuro de las próximas generaciones. Ignorar este volumen de firmas sería ignorar un sentir nacional. Es un sentir que prioriza la vida y el ecosistema por encima de una promesa de riqueza que nunca llega a nuestras comunidades.
-¿Por qué sostienen que Shell, Chevron, YPF y APA “no tienen licencia social, ni la tendrán”?
Sostenemos que estas empresas no tienen licencia social. La confianza se construye con integridad. El historial global de estas corporaciones es devastador: años y años de saqueo y contaminación alrededor del mundo.
Hablamos de empresas responsables de los mayores ecocidios de la historia. Son responsables de la crisis climática que hoy ya sufrimos con sequías e inundaciones extremas.
No existe un consentimiento social informado. Tampoco existe una discusión pública profunda sobre los impactos que estos proyectos pueden generar. La licencia social no se compra ni se impone. Se construye con confianza, transparencia y legitimidad. Hoy esa legitimidad claramente no existe.
La ‘licencia social’ es el permiso que otorga una comunidad para que un proyecto exista. Aquí, ese permiso no existe. El modelo de negocio de Shell o Chevron va a contramano de nuestra identidad de ‘Uruguay Natural’. Atenta contra nuestro derecho a un ambiente sano. Ya lo repetimos una y mil veces en Audiencias Públicas, en redes y en las calles: no queremos petroleras en nuestro mar.
-¿Qué riesgos concretos enfrenta Uruguay si avanza la prospección offshore?
La prospección sísmica implica impactos potencialmente graves sobre la fauna marina. Afecta especialmente a cetáceos, peces y otras especies sensibles al ruido submarino de alta intensidad.
La sísmica utiliza bombardeos sonoros. Estos ruidos aturden, desplazan y pueden causar la muerte de cetáceos y especies clave. Nuestro mar es un corredor biológico vital. Los impactos acumulativos lo alterarán severamente.
Además, abrir la puerta a la explotación offshore expone al país a riesgos ambientales, económicos y sociales de largo plazo. Estos incluyen posibles derrames y la afectación de actividades como la pesca y el turismo. También genera una mayor dependencia de combustibles fósiles en un contexto global que exige transición energética.
En 2026, seguir buscando petróleo es una irresponsabilidad global. Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse como un país comprometido con la protección del océano. Puede elegir un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.
Actividades previstas en Montevideo el 5 de junio
Ese mismo día, desde la tarde, la Plaza Independencia será el punto de encuentro. El colectivo impulsará diversas actividades para la ciudadanía. Habrá información técnica sobre los pozos exploratorios y un taller para completar puestas de manifiesto.
La jornada incluirá stencil, arte, música y un espacio dedicado a las infancias. Todas estas propuestas buscan visibilizar el conflicto socioambiental. El objetivo final es fortalecer la participación ciudadana en defensa del mar.
