El Proyecto Arazatí, que se enmarca en un complejo proceso de gestión del agua en la región, ha generado tanto expectativas como preocupaciones entre diferentes sectores de la sociedad.
En conferencia de prensa celebrada hoy lunes, el Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, anunció la concesión de la Autorización Ambiental Previa (AAP) al consorcio privado Aguas de Montevideo, que se encargará de la construcción de la planta potabilizadora de agua en Arazatí, ubicado en la costa de San José sobre el Río de la Plata.
Bouvier detalló que la autorización fue concedida tras un exhaustivo análisis técnico y que se implementarán «condiciones específicas y un estricto plan de seguimiento» para mitigar cualquier impacto ambiental. «Con esta supervisión, estamos convencidos de que el proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles», afirmó el ministro.
Sin embargo, la AAP, aunque permite al consorcio compuesto por las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast comenzar a preparar la construcción, no significa que las obras se inicien de inmediato. Para ello, es necesario firmar un contrato entre el gobierno y el consorcio, lo cual aún no ha ocurrido. El presidente saliente, Luis Lacalle Pou, ha manifestado su intención de no tomar decisiones que trasciendan su administración sin consultar al nuevo gobierno de Yamandú Orsi.
La autorización llega en un momento crucial, ya que el nuevo presidente y su partido, el Frente Amplio, han expresado su oposición al proyecto, sugiriendo la construcción de una nueva presa en Casupá, Florida, como una alternativa más viable. «La vigente autorización ambiental previa quedará sin efecto si no se inician las actividades de construcción del proyecto autorizado dentro del plazo de dos años», reza la resolución del Ministerio.
El proyecto contempla la captación de agua bruta en la zona de Arazatí, la construcción de una planta potabilizadora y una tubería aductora que se extendería por 80 kilómetros hasta Montevideo, atravesando áreas protegidas y terrenos productivos. Además, se establece que no se podrá captar agua del Río de la Plata durante períodos en los que la concentración de cloruros supere los 125 mg/L, lo que podría limitar la viabilidad del proyecto en ciertos momentos.
Por su parte, la Federación de Trabajadores de OSE (Ffose) ha manifestado su descontento con la decisión del gobierno, argumentando que no se han tomado en cuenta las preocupaciones y datos que han presentado. «Nuestros investigadores son desacreditados, así como las inquietudes y todos los planteos hechos por las organizaciones sociales», expresó Anahit Argonian, integrante de la Comisión por el Agua y la Vida. «No hay sentido en que habiliten a hacer una toma de agua en otras fuentes que no son agua dulce», agregó, resaltando los riesgos asociados a la salinidad del agua y la presencia de cianotoxinas.
La autorización ambiental y el desarrollo de este proyecto se encuentran en el centro de un debate que podría definir el futuro manejo del agua en Uruguay, en un contexto donde la sostenibilidad y la salud ambiental deben ser más críticas que nunca.
La atención ahora se centra en cómo avanzarán las negociaciones entre el consorcio y el nuevo gobierno, así como en las implicaciones que esta planta potabilizadora tendrá para la población y el ambiente.
