La sierra, hasta entonces dormida, despertó abruptamente a fines de 2023. En los días siguientes al 30 de octubre de ese año, Uruguay comenzó a registrar una movilización civil sin precedentes en su historia reciente. El detonante fue una publicación en el Diario Oficial: el proceso de Puesta de Manifiesto de un megaproyecto residencial que pretendía levantar un complejo de 29 edificios y 320 apartamentos en plena península de Punta Ballena, en el departamento de Maldonado.
El trámite, que la consultora GEA había ingresado originalmente en abril de 2022 ante la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) para obtener la Autorización Ambiental Previa, encendió las alarmas de la comunidad. El propio Ministerio de Ambiente terminó clasificando el emprendimiento bajo la Categoría C, una franja reservada exclusivamente para aquellas obras cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos significativos.
El archivo geológico contra la dinamita
Punta Ballena es uno de los lugares más fotografiados de Uruguay. Los turistas llegan por los atardeceres de Casapueblo, por el acantilado que cae al mar, por la silueta pétrea que parece una ballena dormida. Pero lo que pocos saben es que ese lomo rocoso es un archivo geológico de 560 millones de años.
El geólogo Mauricio Faraone lo explica con una mezcla de fascinación y preocupación. “Estas rocas son milonitas. Se formaron a grandes profundidades, bajo presiones enormes, durante el Ciclo Orogénico Brasiliano. Son testigos de la formación de Gondwana”, dice mientras señala las vetas estiradas “como plasticina”.
Para la ciencia, Punta Ballena no es un paisaje: es un documento que no puede reescribirse. La Zona de Cizalla Sierra Ballena —la falla que atraviesa la península— es una pieza clave para reconstruir ese rompecabezas geológico a nivel internacional. El sitio está incluido en el Inventario Nacional de Patrimonio Geológico y funciona como un laboratorio natural a cielo abierto que anualmente recibe a estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar).
Un laboratorio natural bajo amenaza
Cuando Faraone leyó el Informe Ambiental Resumen (IAR) del proyecto inmobiliario, su reacción fue de alarma: el plan preveía realizar excavaciones mediante voladuras de roca con explosivos para abrir espacio a las estructuras. “Si dinamitan esto, lo perdemos para siempre”, advirtió. El IAR omitía por completo la afectación al geositio. Llevar adelante detonaciones suponía un riesgo de degradación letal para las grutas subterráneas debido a la transmisión de vibraciones, lo que ponía en riesgo su permanencia en el Inventario Nacional, tal como manifestó la Sociedad Uruguaya de Geología.
Foto Mauricio Faraone
Los botánicos del CURE y de la Facultad de Agronomía llegaron a conclusiones igual de graves. El estudio especializado «Flora & Vegetación de Punta Ballena. Un patrimonio natural invaluable en riesgo de extinción» determinó que la loma alberga 427 especies de plantas —el 15% de la flora del país— y dos especies endémicas que desaparecerían por completo si avanzaban las obras.
Asimismo, la academia fue enfática al advertir que la península es un hogar fundamental para numerosas especies animales terrestres y marinas, consolidándose como un punto vital para el avistamiento de cetáceos y el refugio de fauna en riesgo. La ciencia fue unánime: el proyecto no era riesgoso, era inaceptable.
Foto Antonella Pollero
La herencia de los setenta y el costo de la obra
El megaproyecto no surgió de la nada. Detrás estaba un grupo inversor liderado por el banquero argentino Delfín Carballo González y los herederos de Antonio Lussich. Contaban con un “acuerdo transaccional” con la Intendencia de Maldonado para resolver una disputa histórica sobre la propiedad de los padrones que databa de los años 70, durante la dictadura militar en Uruguay, cuando las autoridades utilizaron suelo de Punta Ballena para construir la ruta panorámica y el recorrido turístico.
Tras un extenso litigio, la Suprema Corte de Justicia había reconocido la titularidad privada de las 11 hectáreas. La Intendencia de Maldonado y la Junta Departamental ya habían dado su aval ejecutivo; solo faltaba la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente.
El escenario configuraba una guerra asimétrica por el territorio: de un lado, un capital privado transnacional dispuesto a desembolsar 100 millones de dólares con el viento a favor de la legitimidad jurídica; del otro, una comunidad civil desarmada, desprovista de presupuestos corporativos, que decidió sostener la resistencia apelando únicamente a la ciencia, la militancia territorial y las herramientas del derecho.
El movimiento social y el peso de las firmas
La reacción social unió a sectores heterogéneos: vecinos, científicos, deportistas, parapentistas, fotógrafos y turistas entendieron que el paisaje que creían eterno estaba en riesgo real. El 2 de noviembre de 2023, una nutrida asamblea de vecinos reunió a unas 80 organizaciones que decidieron movilizarse bajo la denominación No al Proyecto Punta Ballena. Apenas una semana después, presentaron más de 3.000 firmas para exigir una prórroga de la Puesta de Manifiesto. El Ministerio accedió y, en el transcurso de los diez días adicionales, la plataforma web gubernamental recibió 13.545 comentarios escritos en defensa del territorio, una cifra inédita en este tipo de procesos institucionales.
La indignación pública desbordó rápidamente los canales estatales. Antes de que finalizara ese mismo mes de noviembre de 2023, la plataforma global Change.org ya acumulaba más de 90.000 firmas virtuales que exigían la expropiación de Punta Ballena. Mientras la presión social escalaba en las redes y en las calles, el grupo inversor mantenía imperturbable un cronograma que preveía la ejecución de la obra en seis etapas a lo largo de un plazo aproximado de siete años.
Quienes se resistían al complejo tenían argumentos incontestables extraídos de la propia documentación oficial de los desarrolladores. Según el informe ambiental publicado en la página web del Ministerio de Ambiente de Uruguay, entre los impactos identificados figuraba explícitamente la “pérdida de biodiversidad” con una importancia calificada como “alta”. El estudio admitido por los promotores advertía, además, un dato alarmante: solo la etapa de construcción de este proyecto afectaría de forma directa el 34,6% del área de vegetación natural de Punta Ballena.
El mapa humano de la costa: sustento e identidad
Al mismo tiempo, la resistencia cobró un fuerte sentido económico y cultural. Al amanecer, el lomo de piedra recibe a pescadores amateurs en busca de pejerrey o burriqueta. Pero mar adentro, el impacto amenazaba directamente a los pescadores artesanales. Sus embarcaciones pequeñas salen al alba siguiendo corrientes tradicionales; solo la zafra de la anchoa emplea a unas 600 personas en apenas 30 días, marcando la diferencia entre un invierno duro y uno posible. Para ellos, la privatización de los accesos, el aumento del tránsito marítimo y la alteración del ecosistema costero significaban perder su sustento.
Mientras los inversores hablaban de un proyecto de 100 millones de dólares, los pescadores artesanales hablaban de perder su lugar en el mundo.
Cuando entrevisté a Cecilia Alamón, integrante de la Red Unión de la Costa, la campaña de recolección de firmas llevaba semanas sin descanso. Su análisis desnudaba que el conflicto había quebrado los márgenes de una clásica disputa ecológica:
“La convocatoria ha sido impresionante. Se acercó gente de todos lados. Académicos, vecinos, turistas, deportistas, organizaciones sociales. Mucho más de lo que imaginamos… Punta Ballena deja de ser un conflicto ambiental; es un conflicto social, un conflicto por el patrimonio, un conflicto por la cultura. Cuando un conflicto territorial afecta la identidad de las personas que viven en sus alrededores, se vuelve profundamente significativo. Por eso esto trascendió Uruguay”.
Para Alamón, la calle estaba pariendo una herramienta de aprendizaje cívico para el futuro: “Esto va más allá de Punta Ballena. Es una herramienta para abordar otros conflictos territoriales. Para educarnos sobre nuestros derechos. Para inspirar futuras iniciativas”.
La Audiencia Pública y la movilización ciudadana
El 29 de abril de 2024 se llevó a cabo la Audiencia Pública en el Hotel del Lago. La cita se fijó un lunes en un lugar alejado y sin transporte público fluido, una estrategia que la comunidad interpretó como un intento de desalentar la participación. No funcionó. Coordinados por la Red Unión de la Costa, cientos de ciudadanos asistieron con pancartas y carteles para exponer pacíficamente sus puntos de vista.
Días antes, el 25 de abril de 2024, el movimiento ya había entregado una petición inicial de 12.418 firmas físicas en la Torre Ejecutiva dirigida al Presidente de la República y a los ministros de Ambiente y Vivienda. En mayo de 2024, ante la gravedad del escenario, los vecinos solicitaron formalmente una entrevista con el mandatario Luis Lacalle Pou para transmitirle en mano las consecuencias sociales, científicas y culturales del plan edilicio. Como puntualizó Cecilia Alamón: “El tema superó la órbita del departamento de Maldonado y del Ministerio de Ambiente. Queremos charlar con él y conocer su opinión”.
El dato omitido de los 150 metros
El verdadero quiebre institucional de la historia ocurrió el 6 de agosto de 2024. En una conferencia de prensa abarrotada, la arquitecta Isabel Gadino, docente de la Udelar e integrante del movimiento No al Proyecto Punta Ballena, presentó el resultado de semanas de investigación documental basada en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Su hallazgo desnudó un alarmante vacío de control institucional. Los planos y las fechas catastrales de 1944 permanecían archivados en las oficinas estatales, pero los analistas gubernamentales jamás se habían percatado de cruzarlos con las directrices de ordenamiento territorial vigentes. Con esta revelación, el movimiento social y científico operó como una suerte de inteligencia civil, capaz de auditar al propio Estado y desenterrar el dato técnico que las autoridades omitieron en sus evaluaciones previas.
Lo que Gadino encontró cambió la dimensión jurídica del conflicto de forma drástica. La arquitecta expuso que la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, vigente desde 2008, establece taxativamente que cualquier fraccionamiento sobre la línea de costa debe dejar completamente libres de edificación los primeros 150 metros desde la línea de ribera hacia adentro. El grupo inversor pretendía levantar el complejo sobre esa faja de defensa costera afectando directamente los padrones 12.934 al 12.939 y parte del 15.503, una maniobra de división del suelo que chocaba de frente contra la ley.
El talón de Aquiles
Las organizaciones socioambientales exigieron la suspensión y el rechazo de la evaluación: el Estado no podía convalidar un proyecto que violaba disposiciones legales de orden público. La irregularidad catastral se convirtió en el talón de Aquiles de la megaobra de 100 millones de dólares.
Cuando la entrevisté para Ambienta, Gadino habló con una mezcla de serenidad y desvelo. No se expresaba solo como técnica o académica; hablaba con la herida abierta de quien habita el territorio amenazado:
“Participo como técnica, como integrante de la Red Unión de la Costa y como habitante de Maldonado. Lo vivo con un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad ambiental y la justicia social”.
Había algo en su tono que se alejaba de la frialdad de los expedientes y tocaba una fibra íntima, la angustia de la desprotección estatal frente al avance del capital privado:
“Siento la angustia de tener que defender, como simples ciudadanos, un sitio que ya hace tiempo debería ser parte del patrimonio nacional. Pero también está la otra punta: la fortaleza que genera trabajar codo a codo con cientos de personas. Eso sostiene”.
Las barras llenas y el sueño custodiado
Las organizaciones socioambientales aguardaban con indisimulable ansiedad el pronunciamiento de las autoridades; sabían que el hallazgo del dato catastral y la violación de la franja de costa eran letales para el expediente. La respuesta oficial no tardó en llegar. El 17 de setiembre de 2024, el informe técnico de los analistas del Ministerio de Ambiente recomendó oficialmente rechazar la solicitud de los privados. Vecinos y organizaciones opositores al proyecto inmobiliario celebraron el dictamen presentado por la secretaría de Estado.
El informe detallaba minuciosamente las afectaciones ambientales que podrían producirse y concluía de manera tajante que un emprendimiento de estas características generará impactos inadmisibles sobre “la biodiversidad, el paisaje, el tránsito en la zona y los valores geológicos del sitio, tanto en la fase de construcción como de ocupación y uso residencial”.
La argumentación de los técnicos del Ministerio no dejó margen para las dudas corporativas:
“Dada la extensión y magnitud de la presencia física del proyecto, se generarán afectaciones irreversibles sobre la diversidad biológica y el ecosistema terrestre, los que presentan un gran valor para la conservación a nivel nacional”.
El informe agregaba, además, una estocada final a la estrategia de defensa de los desarrolladores, señalando que “para estos impactos ambientales negativos no existe evidencia fundada de medidas de mitigación efectivas y no resultan adecuadas ni suficientes las medidas de compensación propuestas por los titulares”.
Las 34.000 firmas y el dictamen unánime de la Junta
Con el respaldo técnico y el viento a favor, la movilización popular alcanzó su clímax. Voluntarios recorrieron ferias, playas y plazas recopilando voluntades impresas en papel, cara a cara con la población. El 10 de diciembre de 2024, la Red en Defensa de Punta Ballena Natural, Libre y Silvestre entregó un total masivo de 34.005 firmas físicas a la Junta Departamental de Maldonado.
En enero de 2025, la Corte Electoral validó 23.211 de esas adhesiones, verificando que superaban el 15% del padrón electoral requerido por el artículo 304 de la Constitución de la República para activar los mecanismos de democracia directa. El legislativo departamental quedaba obligado por ley a votar la iniciativa o a convocar a un plebiscito popular obligatorio.
El desenlace histórico ocurrió el lunes 17 de marzo de 2025. La Junta Departamental de Maldonado convocó a una sesión extraordinaria con las barras desbordadas por familias, pescadores, estudiantes y científicos que llegaron desde temprano portando carpetas de documentos. Tras un debate donde los ediles reconocieron uno a uno que Punta Ballena no podía ser tratada como un terreno disponible, los 30 representantes legislativos de todos los partidos políticos levantaron la mano al unísono: aprobación por unanimidad para declarar al extremo sur de la península como reserva natural y área protegida departamental, blindándola de forma absoluta contra futuras edificaciones.
La sala, tras contener la respiración, estalló en aplausos, lágrimas y abrazos entre desconocidos. No era solo una victoria ambiental. Era una victoria ciudadana, científica, jurídica y cultural. Era, sobre todo, la prueba de que un territorio puede defenderse cuando quienes lo habitan deciden ponerse de pie.
El blindaje del SNAP y el precedente para el mar uruguayo
Tras la votación, se creó una comisión integrada por la Intendencia, el CURE, organizaciones sociales y representantes políticos para definir el Plan de Manejo del área protegida. Finalmente, el pasado 4 de junio de 2026, la comisión aprobó por unanimidad la propuesta de ingreso de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la categoría de Monumento Natural.
El dictamen consolidó un hito de relevancia internacional: una victoria institucional unánime, donde el sistema político se vio obligado a ceder ante la presión de la fundamentación científica y popular. El blindaje absoluto mediante el SNAP reconoció formalmente algo que miles de ciudadanos ya sabían: la sierra no era un recurso disponible ni un paisaje decorativo, sino un patrimonio geológico de valor global y el testimonio de un triunfo histórico de la sociedad civil.
Hoy, Punta Ballena sigue siendo un santuario. No porque el Estado lo haya decidido originalmente, sino porque miles de ciudadanos se pusieron de pie para defenderlo. Porque una arquitecta desenterró un dato catastral que nadie había visto, un geólogo tradujo el lenguaje de las rocas antiguas y una comunidad entera entendió que la identidad del territorio no tiene precio. La ballena de piedra volvió a dormir tranquila, pero esta vez, con un pueblo entero custodiando su sueño.
Esta victoria comunitaria no solo protegió la península de Maldonado, sino que consolidó un precedente de resistencia soberana en las costas locales. Un camino que el activismo abrió con fuerza frente a los tribunales en 2025 y que continúa latiendo este año, en la histórica movilización ciudadana y judicial contra las prospecciones petroleras en el mar uruguayo que sigue librándose en defensa del océano. La sierra y el mar, bajo la misma custodia civil.
