Representantes de comunidades indígenas de Uruguay participaron en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra. Estos delegados, de Clan Chonik, Jaguar Berá y Danan Vedetá, forman parte del pueblo nación Charrúa. El evento se realizó en Caracas, Venezuela, entre el 8 y el 10 de octubre de 2025.
El encuentro reunió a científicos, académicos, activistas ambientales y líderes sociales de 63 países. Los participantes debatieron temas cruciales para la defensa del planeta. El objetivo fue generar propuestas concretas ante la crisis climática mundial.
El congreso funcionó como antesala de la COP30, que se celebrará del 10 al 11 de noviembre en Belém, Brasil. Las conclusiones se sistematizaron en un documento marco para la acción climática. Además, los movimientos sociales participantes exigieron justicia climática histórica. Denunciaron que el Capitaloceno ha generado una fractura metabólica irreversible, convirtiendo ríos, bosques y seres vivos en commodities.
«No venimos a pedir migajas a los causantes del colapso climático capitalista, sino a imponer nuestras alternativas».
Los expertos analizaron la biodiversidad en riesgo, los derechos de la Madre Tierra y la protección del agua. La crisis climática y el modelo socioeconómico imperante fueron temas centrales. También se discutieron conflictos socioambientales, derechos humanos y contaminación.
Para profundizar más los temas y las discusiones generadas, Ambienta dialogó con Carlos Silveira, invitado al Congreso por la comunidad Chonik, y quien además colabora desde hace varios años con varias comunidades del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA).
Rol y Prioridades de la Nación Charrúa
—¿Qué implicó llevar la voz de la Nación Charrúa a un escenario internacional como el Congreso?
Fuimos 9 invitados como participantes representando algunas de las comunidades indígenas de Uruguay que formamos parte del pueblo nación Charrúa: Clan Chonik, Jaguar Berá y Danan Vedetá (Consejo de la Nación Charrúa). Dada la interconexión que existe entre los pueblos originarios y culturas tribales a lo largo de todo nuestro continente Abya Yala, nuestra voz se centró en dos puntos.
En primer lugar, exigimos el respeto y el cuidado a la tierra, el derecho a la vida en un ambiente sano y sostenible, la autodeterminación, la cosmovisión y el territorio. Este punto es clave en Uruguay, donde el Estado todavía no reconoce la existencia de comunidades indígenas charrúas.
En segundo lugar, nos enfocamos en el valor de los pueblos originarios y agricultores familiares como los encargados de la protección y cuidado del medio ambiente: los verdaderos guardianes de la tierra, los ríos y la biodiversidad. Compartimos nuestros saberes y solidaridad para hacer frente a las problemáticas de violencia ecocida producto de la colonización y los insostenibles modelos de desarrollo extractivista.
—De los temas debatidos, ¿cuáles son los más relevantes para Uruguay?
Son muchos los temas que nos interpelan directamente. Podemos destacar en primer lugar los Derechos indígenas y los tratados internacionales. A estos se suman las problemáticas relacionadas con la producción, como los cultivos transgénicos, la explotación forestal y las industrias contaminantes.
Hay una gran preocupación por la minería y la posible extracción de hidrocarburos (petróleo). A nivel de infraestructura, también nos preocupa la contaminación de los centros de datos. Finalmente, el congreso puso en evidencia la falta de propuestas alternativas al modelo capitalista y, en términos generales, la falta de compromiso en la preservación y conservación del ambiente por parte del Estado.
Conclusiones y COP30: Exigencia de Justicia Climática
—El Congreso generó una propuesta para la COP30. ¿Cuáles son los puntos principales?
Los delegados de 63 países declaramos que la COP30 será el escenario para exigir justicia climática histórica. Denunciamos que el Capitaloceno ha generado una fractura metabólica irreversible, convirtiendo ríos, bosques y seres vivos en commodities.
Frente a esta crisis civilizatoria, no venimos a pedir migajas a los causantes del colapso climático capitalista, sino a imponer nuestras alternativas. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro nos hizo un llamado a consolidar los movimientos sociales ecosocialistas del mundo para potenciar su capacidad de influencia y llevar una voz común a la COP30.
Acciones y la Nación Charrúa: Reconocimiento y diálogo
—¿Qué acciones concretas a nivel nacional se esperan implementar en Uruguay después de lo conversado en Caracas?
Acciones concretas son difíciles de implementar porque, primero, el Ministerio de Ambiente no tiene un órgano de diálogo fluido con las comunidades. Además, Uruguay no reconoce a sus pueblos indígenas. El gobierno puede prescindir totalmente de nuestra opinión.
«Como no somos un sujeto social y político reconocido, no tienen por qué contemplarnos en lo más mínimo. Es el gran problema que tenemos y todavía está lejos de solucionarse».
Pensamos presentar las resoluciones en distintas instancias que podamos articular. Otra acción que hemos planteado es que los lugares que son áreas protegidas sean cogestionados con personas indígenas para su conservación y protección, trabajando en conjunto con los guardaparques. El congreso sirve para reafirmar que muchas de nuestras líneas de trabajo están en sintonía con los movimientos de todo el continente, como una reafirmación de que estamos en buen camino. Es la misma lucha.
—¿Hay discusiones en Uruguay para incorporar los «Derechos de la Madre Tierra» en nuestra legislación o políticas públicas?
Las discusiones son mínimas. En este tema, Uruguay es un país muy atrasado en legislación ambiental comparado con Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Colombia.
El progresismo uruguayo es liberal. Puede ser vanguardista en derechos individuales, como la eutanasia. Pero los derechos colectivos, o los derechos de un territorio (donde el sujeto es el territorio), no se discuten. Uruguay está muy atrasado en derechos colectivos. El progresismo uruguayo no se anima a disputar los derechos colectivos al capital agrario.
«El progresismo uruguayo habla de derechos individuales, pero no se anima a disputar los derechos colectivos sobre el territorio al capital. Estamos lejos de que se dé esa discusión en el Parlamento».
DELITOS AMBIENTALES: La necesidad de un tribunal internacional
—¿Cuál es la postura sobre declarar el ecocidio como delito criminal internacional?
Muchas comunidades están de acuerdo en que exista un tribunal internacional de delitos ambientales para enjuiciar a personas físicas y jurídicas, como empresas, que son muchas veces las responsables de estos crímenes.
El caso de la crisis hídrica de 2023 es un ejemplo claro. En ese momento, hubo empresas desviando el curso del río y talando los bosques del Santa Lucía. Se hicieron propuestas para condenar delitos ambientales con la figura jurídica de delito penal. Esta figura no existe en Uruguay hasta ahora.
Otro caso es la destrucción de patrimonio arqueológico sagrado. Los cerritos de indios, por ejemplo, fueron destruidos para ampliar arroceras. El resultado es que, simplemente, se paga una multa.
Los derrames de UPM contaminaron arroyos enteros. Las multas que pagan estas empresas son un vuelto. Simplemente, no es suficiente solo multar. Lo que debe aplicarse es la consulta previa e informada a las comunidades. Esto es clave cuando se implementan grandes proyectos destructores. Resulta lamentable que el Ministerio de Ambiente realice la consulta solo por obligación legal, sin importar la opinión real de las comunidades.
