La prospección sísmica en Uruguay enfrenta una fuerte resistencia tras un reciente revés en los tribunales. La Justicia decidió no dar lugar al amparo presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Con esta acción, el organismo buscaba detener de forma urgente las actividades de exploración offshore. Sin embargo, la jueza Xenia Pedrozo se limitó a declarar que el Poder Judicial «carece de jurisdicción», desplazando el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Esta decisión ha encendido las alarmas de colectivos como Mar Libre de Petroleras. Para estas organizaciones, el fallo elude el fondo del asunto y deja el camino libre para que comiencen las detonaciones sonoras. La INDDHH argumentó que la prospección podría generar daños graves e irreversibles. La falta de estudios independientes y de una evaluación de impactos acumulativos son los pilares de un reclamo que hoy se traslada con fuerza a las calles.
Un fallo que desplaza el debate, pero no lo resuelve
La jueza Xenia Pedrozo entendió que las organizaciones debieron impugnar ante el TCA las resoluciones de Ancap. Entre ellas se encuentra Mar Libre de Petroleras. Esta decisión deja sin efecto la medida cautelar solicitada por la INDDHH. El organismo buscaba suspender de forma urgente las autorizaciones ambientales de diciembre de 2025.
La INDDHH argumentó que la prospección sísmica podría generar “daños graves e inminentes”. Estos impactos afectarían a cetáceos, peces y especies sensibles al ruido submarino. Las autorizaciones se otorgaron sin estudios independientes ni evaluación de impactos acumulativos. Tampoco se aplicó plenamente el principio de precaución.
La apelación ya está en curso, pero el tiempo juega en contra. El buque sísmico BGP Prospector ya está en Uruguay. Además, la empresa CGG Services U.S. presentó su plan de gestión ambiental. Para los colectivos, el riesgo es claro: la Justicia podría llegar tarde.
«Sin Justicia no hay mar libre de petroleras»
La ciudadanía ha respondido con movilizaciones crecientes en diversos puntos del país. El pasado 18 de febrero, Amigos del Océano y la Red Unión de la Costa se concentraron en el puerto de Punta del Este. Al día siguiente, decenas de personas se reunieron en la plaza Cagancha bajo consignas claras en defensa de la soberanía costera. Los manifestantes exigen que se respete la Constitución y se proteja el modelo de país turístico y natural frente al avance petrolero. La tensión entre modelo energético, protección ambiental y legitimidad institucional se vuelve cada vez más visible.
El riesgo de una Justicia que llega tarde
Mientras el expediente judicial entra en una fase de apelación, el buque BGP Prospector ya se encuentra en aguas uruguayas. Ante esta inminencia, las organizaciones civiles y especialistas en bioacústica alertan que el país opera bajo estándares mínimos. El investigador Javier Sánchez Tellechea señala que detener la operación a solo 1.000 metros del buque no tiene sustento científico. El sonido de los cañones sísmicos viaja kilómetros bajo el agua, impactando mucho más allá de lo que se puede vigilar a simple vista.
La bióloga Paula Laporta y otros expertos apoyan este reclamo. Advierten que Uruguay carece de una línea de base ambiental para dimensionar el daño real. Actualmente, el Gobierno mantiene vigentes las Garantías, regulaciones y exigencias para la prospección sísmica del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, para la INDDHH y los colectivos sociales, estos controles no previenen daños en especies sensibles como la franciscana. El Estado avanza sin garantías reales para proteger los ecosistemas frágiles del mar uruguayo.
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