El emblemático paisaje de Punta Ballena enfrenta una controversia histórica. Un proyecto de inversión privada propone construir 29 edificios en la Sierra de la Ballena. Esta iniciativa generó una fuerte respuesta social. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de recepción de objeciones, que cerrará el 12 de diciembre.
El rol de la ciudadanía y el Ministerio de Ambiente
La etapa de «Puesta de Manifiesto» permite que cualquier ciudadano examine el proyecto. Las personas pueden presentar sus reparos mediante la plataforma web del Ministerio de Ambiente. Una vez finalizado este período, las autoridades convocarán a una Audiencia Pública.
En esa instancia, la empresa promotora deberá defender su propuesta. El grupo inversor, liderado por el banquero Delfín Carballo González, enfrentará los cuestionamientos técnicos de la comunidad. Se estima que este encuentro ocurra a principios de 2024. Al respecto, diversos colectivos ya preparan sus argumentos, como la Red Unión de la Costa, que presentará razones de peso para la protección urgente de Punta Ballena en las próximas etapas del proceso.
Una movilización académica y vecinal sin precedentes
La oposición al complejo es amplia. Vecinos, científicos y gremios estudiantiles de la Universidad de la República se movilizaron para proteger la zona. Los estudiantes de Gestión Ambiental y Diseño de Paisaje destacaron que Punta Ballena es un ecosistema clave. No solo es un sitio turístico, sino un punto vital para el avistamiento de aves y ballenas.
Por otro lado, figuras públicas exigen medidas drásticas. La exfiscal Mirtha Guianze abogó por la expropiación del predio. Su objetivo es declarar a la zona como Patrimonio Cultural y Natural. Mientras tanto, el intendente Enrique Antía busca un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación.
Incertidumbre sobre el saneamiento y el tránsito
El ministro Robert Bouvier reconoció la sensibilidad del caso ante el presidente Luis Lacalle Pou. Aunque la evaluación ambiental continúa, los vecinos ya manifestaron sus miedos. En reuniones previas, los habitantes de la zona señalaron problemas potenciales en el tránsito y el sistema de saneamiento. La decisión final del Ministerio de Ambiente marcará un precedente sobre el uso del suelo costero en Uruguay.
