Bajo la superficie del mar uruguayo aún reina la calma. Sin embargo, la cuenta regresiva para la prospección sísmica ha comenzado. El pasado 2 de febrero arribaron al puerto de Montevideo los buques “BGP PROSPECTOR” y “Moonrise G”. Con su llegada, el inicio de las detonaciones sonoras es inminente. Es precisamente este «disparo de salida» el que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) busca impedir.
El 11 de febrero, el organismo presentó ante la Justicia una acción de amparo para detener de forma inmediata las prospecciones sísmicas destinadas a la búsqueda de petróleo e hidrocarburos. La medida busca frenar los efectos nocivos e irreversibles que esta actividad genera sobre el ambiente y, en consecuencia, sobre la vida y los derechos fundamentales de las personas.
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Prospección sísmica: La amenaza de los 300 decibeles
La tecnología sísmica utiliza cañones de aire comprimido. Estos emiten ondas sonoras de entre250 y 300 decibeles cada pocos segundos, las 24 horas del día. «Realizar las prospecciones en zonas protegidas, de alta sensibilidad biológica, es una violación al marco normativo vigente», señala la INDDHH. Aunque los buques están atracados, su despliegue implicaría liberar niveles de energía acústica letales en el agua.
| Especie | Riesgo ante el inicio de la Prospección |
| Ballena Franca | Abandono de áreas críticas de cría y sordera sensorial. |
| Delfines y Orcas | Daños irreversibles en su sistema de ecolocalización y navegación. |
| Peces Comerciales | Alteración de rutas migratorias y destrucción de hábitats de desove. |
Pesca nacional: Un sector en riesgo inminente
Uno de los puntos más contundentes del petitorio es el daño económico y social. La Institución advierte que las detonaciones alejarían a los cardúmenes de sus rutas habituales. Esto afecta la reproducción de especies clave para el mercado interno y la exportación.
El documento señala que el Estado ha sido omiso. No consideró cómo este ruido extremo puede vaciar zonas de pesca tradicionales. La demanda busca que la justicia actúe como una barrera preventiva. «La protección para un ambiente sano es un derecho humano inalienable», expresó la Institución al fundamentar la urgencia.
El fallo de la Justicia: La etapa definitoria
La INDDHH recuerda que el riesgo no es teórico. El organismo cita antecedentes de varamientos en costas uruguayas. La crítica principal apunta al Ministerio de Ambiente. La cartera otorgó autorizaciones para la prospección sísmica el pasado 5 de diciembre sin exigir estudios de impacto «acumulativos».
Desde la Institución indicaron el siguiente paso: la Justicia debe convocar a una audiencia para dictar su fallo. Hoy no existe un sistema de control independiente. Por eso, la Institución sostiene que permitir las detonaciones sería aceptar un daño ya advertido. La batalla legal busca evitar que esos 300 decibeles se propaguen por nuestro mar.
Recuerda nuestro balance de Uruguay 2025: El año en que el territorio habló para entender el contexto ambiental nacional.
