La Asamblea Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (SO.CO.BIO.MA) presentaron una demanda por la nulidad de contratos petroleros firmados por ANCAP para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva. La acción ingresó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno.
“Hemos presentado la demanda principal declarativa de nulidad absoluta de los contratos”, dijo a Ambienta el abogado patrocinante, Pedro Riera.
Además, la demanda cuestiona los acuerdos de ANCAP con CEG, Chevron, Shell, APA y MIWEN/YPF. También impugna los contratos sísmicos multicliente con CGG, PGS y Searcher. Las organizaciones sostienen que estos convenios violan la Constitución, la Ley General de Protección del Ambiente y la norma que declara Santuario de Ballenas y Delfines al mar territorial y a la Zona Económica Exclusiva.
La demanda llega después de que el Ministerio de Ambiente autorizara cuatro campañas de prospección sísmica en 2025. La primera operación, realizada por CGG entre febrero y abril de 2026, cubrió más de 50.000 km².

Impactos ambientales y pedidos de prueba
Los demandantes afirman que la prospección sísmica y la perforación en aguas profundas generan riesgos para cetáceos, tortugas marinas y otros componentes de la biota. También advierten sobre posibles impactos en caso de derrames.
Para comprender los impactos socioambientales asociados a estas operaciones, Ambienta analizó la exploración sísmica y sus efectos en la fauna marina en este informe: La búsqueda de petróleo en el mar uruguayo y los impactos socioambientales de la exploración sísmica.
Las organizaciones pidieron que el juzgado oficie a distintos organismos. Entre ellos, a la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Buscan información sobre efectos de campañas sísmicas anteriores en la actividad pesquera.
También solicitaron datos sobre el hallazgo de una ballena muerta cerca de la ruta de un buque que realizaba prospección. Además pidieron informes sobre varamientos de cetáceos, tortugas y otras especies desde el inicio de la última campaña sísmica.
El documento cita pronunciamientos recientes de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal del Derecho del Mar y la Corte Interamericana sobre obligaciones climáticas de los Estados.
El Poder Judicial deberá evaluar la admisibilidad y el alcance de la acción. La resolución podría influir en el futuro de la exploración petrolera en aguas uruguayas.


