El Parlamento uruguayo se encuentra en un momento decisivo: la creación de delitos ambientales. Desde hace años, se debate la posibilidad de enviar a prisión a quienes generan daños irreparables al entorno. Sin embargo, hasta ahora, ningún proyecto ha encontrado el camino hacia convertirse en ley.
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados tiene en sus manos dos propuestas: el proyecto aprobado por el Senado y una alternativa de los Diputados. Con un informe detallado de la Fiscalía General de la Nación en su poder, los legisladores deben actuar con rapidez y decisión. La Fiscalía es clara: la “necesidad de tutelar jurídico penalmente el medioambiente está fuera de discusión en el ámbito internacional”.
La situación es alarmante. El ministerio público señala que hemos “llegado a forzar los ecosistemas al punto tal en que los niveles de incertidumbre sobre la posibilidad de permanencia de la vida en el planeta son demasiado elevados”. Esta advertencia no es exagerada; la realidad nos obliga a “hacer los mayores esfuerzos para revertir o mitigar esta situación”.
Las prácticas productivas actuales en Uruguay, como indica el informe, “tienen poca sustentabilidad ambiental, es decir, que producen impactos importantes o generan daños significativos al ambiente”. En este contexto, la creación de una legislación robusta no es solo una necesidad, sino una urgencia.
El proyecto aprobado en el Senado, aunque con observaciones, parece ser el candidato más viable. Incluye delitos contra la biodiversidad en áreas protegidas, y aunque su aplicación es limitada, la Fiscalía sugiere que esta restricción “puede ser la oportunidad para realizar su evaluación y mejora”.
El Ministerio de Ambiente también ha señalado que esta versión es más “light” que la propuesta original, pero en palabras del subsecretario Gerardo Amarilla, “hay que ser prácticos en estas circunstancias”. Es crucial que el Parlamento encuentre un equilibrio entre pragmatismo y efectividad para no sacrificar la protección ambiental en aras de la viabilidad legislativa.
La propuesta del Frente Amplio aprobada en el Senado es un buen punto de partida. Define claramente la contaminación de aire, agua y suelos, con castigos que van desde seis meses de prisión hasta ocho años de penitenciaría. Delitos más graves, como la introducción ilegal de desechos peligrosos, pueden llegar a recibir penas de hasta 12 años.
No podemos permitirnos esperar más. Cada día sin una legislación adecuada es un día en el que nuestro medioambiente sufre daños potencialmente irreparables. La regulación propuesta no solo traería beneficios ambientales inmediatos, sino que también desarrollaría una conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar nuestro entorno para las generaciones presentes y futuras.
Uruguay está relegado en el continente en materia de una ley para que se incluyan los delitos ambientales en el Código Penal. La implementación de una ley robusta para los delitos ambientales no es solo una cuestión de justicia; es una responsabilidad de los representantes del pueblo en el Parlamento. La necesidad de un marco legal que sancione los delitos ambientales no puede seguir siendo postergada. Es hora de que Uruguay asuma su responsabilidad y adopte una legislación que proteja su patrimonio natural, garantizando un presente y un futuro sostenible para todos y todas.
¡No podemos esperar 20 años más!
