El Gobierno uruguayo presentó ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) una definición necesaria: hablar de vivienda en Uruguay y cambio climático es hablar de una misma política pública.
Una casa segura, con saneamiento, infraestructura y servicios, reduce la exposición de una familia ante inundaciones, tormentas y temperaturas extremas.
Sin embargo, el valor de ese reconocimiento no se medirá en Antalya, la ciudad turca que alberga la Cumbre Climática. Se medirá en las localidades y zonas de Uruguay donde el riesgo es conocido, pero las soluciones todavía no llegan.
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro sostuvo durante su intervención en la COP31 que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual. Sus consecuencias son más graves para quienes viven en asentamientos, viviendas precarias o zonas inundables.
También señaló que construir una casa o trasladar una familia no basta si la intervención no garantiza servicios ni preserva los vínculos comunitarios.
El diagnóstico es correcto. Ahora la actual administración debe demostrar que puede transformarlo en resultados.
Vivienda y adaptación climática: una política de Estado
La exposición oficial se apoyó en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, elaborado por el actual Gobierno. También presentó herramientas que atraviesan diferentes administraciones, como el Plan Nacional de Relocalizaciones, aplicado desde 2010.
La distinción importa.
La política habitacional y la adaptación climática necesitan continuidad estatal. Pero corresponde al Gobierno actual definir las prioridades, asignar los recursos y responder por la ejecución durante este periodo.
No se parte de cero. Uruguay dispone de planes, registros, experiencias de relocalización y programas de mejoramiento barrial. La discusión ya no consiste únicamente en reconocer el problema. También exige determinar si las herramientas disponibles llegarán a las familias expuestas y en qué plazos.
El riesgo también es desigualdad
Una inundación no afecta de la misma manera a una vivienda segura que a una construcción precaria. Tampoco todas las familias cuentan con los mismos recursos para recuperarse.
Por eso, la adaptación climática no puede limitarse a reaccionar después de cada emergencia. Exige ordenar el suelo, mejorar los drenajes, evitar nuevas ocupaciones en zonas de riesgo y ofrecer alternativas habitacionales antes de la próxima crecida.
También obliga a evitar soluciones que reduzcan un riesgo mientras crean otros.
Una relocalización puede alejar a una familia del agua, pero también de su trabajo, de la escuela, de los servicios y de las redes comunitarias construidas durante años.
El propio Gobierno ha reconocido que la vivienda no se limita a cuatro paredes. También comprende el suelo, las infraestructuras, los servicios públicos y la convivencia.
Los planes deben llegar a cada localidad
Un mapa de riesgo no evita una inundación. Un plan tampoco protege a una familia mientras permanece detenido entre trámites, competencias institucionales y recursos insuficientes.
La adaptación necesita presupuesto, equipos técnicos y coordinación entre el Gobierno nacional, las intendencias y los municipios. También requiere la participación de las comunidades en las decisiones que transformarán sus barrios y su vida cotidiana.
Corresponde al Estado sostener estas políticas más allá de cada periodo de gobierno. Pero corresponde a la actual administración demostrar que la definición presentada ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reflejará en sus prioridades, su presupuesto y su capacidad de ejecución.
Del reconocimiento a los resultados
El Gobierno hizo bien en incorporar la vivienda a su planteamiento climático. Ese reconocimiento también amplía su responsabilidad.
Si la precariedad habitacional agrava las consecuencias del calentamiento global, la discusión sobre vivienda en Uruguay y cambio climático no puede quedar limitada a diagnósticos o exposiciones internacionales.
Los resultados no se medirán por la calidad de la presentación realizada durante la Cumbre Climática en Antalya. Se medirán en los barrios y localidades de Uruguay que dejen de inundarse, en las familias que accedan a viviendas seguras y en las ciudades capaces de actuar antes de que el riesgo vuelva a convertirse en desastre.
El Gobierno ya formuló el diagnóstico. Ahora debe convertirlo en presupuesto, ejecución y resultados.
El Estado deberá garantizar la continuidad de esa política.
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