La COP17 de biodiversidad terminó en Ereván, capital de Armenia, con una hoja de ruta para acelerar la protección de la naturaleza durante los cuatro años que quedan hasta 2030.
La conferencia reunió a los países que integran el Convenio sobre la Diversidad Biológica para evaluar cuánto avanzó el mundo desde que acordó 23 metas destinadas a detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
El balance dejó avances, pero también una advertencia. Los gobiernos aprobaron cerca de 50 decisiones, anunciaron nuevos fondos y fortalecieron la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, la primera revisión mundial confirmó que el planeta no avanza al ritmo necesario para cumplir las metas previstas para 2030.
El principal resultado político fue la Hoja de Ruta de Ereván. El documento pide acelerar los planes nacionales, reformar los subsidios perjudiciales para la naturaleza, aumentar el apoyo a los países en desarrollo e incorporar la biodiversidad en los presupuestos y las decisiones económicas. No establece nuevas metas: busca evitar que las ya aprobadas vuelvan a quedarse en el papel.
Qué dejó la COP17
La conferencia logró aprobar decisiones relacionadas con áreas protegidas, bosques, fauna silvestre, especies exóticas invasoras y biodiversidad marina y costera. También acordó reforzar los sistemas de seguimiento para comprobar si los compromisos producen resultados.
Además, se anunciaron cerca de 2.000 millones de dólares para biodiversidad. La cifra incluye 560 millones vinculados a la reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 500 millones mediante la Alianza para la Recuperación de Especies y más de 330 millones para el Value Nature Fund, orientado a movilizar capital privado.
Otro avance fue la aprobación de las Directrices de Seván, que establecen las reglas de funcionamiento de un órgano permanente destinado a fortalecer la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las decisiones mundiales sobre biodiversidad.
Los resultados evitaron un bloqueo diplomático y marcaron una dirección común. No obstante, la financiación continuó siendo el gran asunto pendiente.
La región cubre solo el 10 % de la financiación
La distancia entre los compromisos y los recursos adquiere otra dimensión en América Latina y el Caribe.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe concluyó que la región necesita aproximadamente 170.000 millones de dólares anuales para conservar su biodiversidad y restaurar sus ecosistemas.
Actualmente moviliza unos 17.000 millones. Es decir, dispone de uno de cada diez dólares que necesita. La brecha anual asciende a casi 153.000 millones de dólares, una cantidad equivalente al 2,1 % del producto interior bruto regional.
El dato permite dimensionar los límites de los anuncios realizados en Ereván. Los casi 2.000 millones comunicados durante la conferencia corresponden a diferentes iniciativas globales, mientras que América Latina y el Caribe enfrentan por sí solas un déficit anual cercano a los 153.000 millones.
Sin embargo, cerrar esa distancia no depende únicamente de conseguir más dinero. El estudio señala que casi el 60 % de las necesidades regionales está relacionado con la transición hacia una agricultura y una ganadería más sostenibles.
Por eso, proteger la biodiversidad también exige revisar cómo se producen los alimentos, qué actividades reciben subsidios, cómo se planifica el territorio y hacia dónde se dirigen las inversiones.
No basta con declarar áreas protegidas
Una reserva delimitada sobre un mapa puede seguir perdiendo biodiversidad si no cuenta con vigilancia, personal, restauración, planes de manejo y trabajo con las comunidades.
Del mismo modo, aumentar los presupuestos ambientales tendrá un efecto limitado si otras políticas continúan financiando actividades perjudiciales para los ecosistemas.
La Hoja de Ruta de Ereván plantea precisamente que la biodiversidad deje de ser un asunto exclusivo de los ministerios de Ambiente. Para América Latina, eso implica revisar decisiones agrícolas, pesqueras, energéticas, forestales, mineras, de infraestructura y ordenamiento territorial.
La urgencia es evidente. Durante la COP17, Ambienta informó que las poblaciones monitoreadas de vertebrados silvestres disminuyeron, en promedio, un 95 % en América Latina y el Caribe entre 1970 y 2022, según el Informe Planeta Vivo 2026. Fue la reducción regional más pronunciada registrada por ese indicador.
El dato no significa que haya desaparecido el 95 % de las especies. Refleja la reducción media en el tamaño de las poblaciones estudiadas de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
La próxima prueba será cumplir las metas de 2030
La COP17 dejó acuerdos, nuevos instrumentos y avances para la participación indígena. Pero no resolvió la distancia entre las metas internacionales y los recursos disponibles.
La próxima conferencia, la COP18, se celebrará en Ecuador en 2028, cuando solo quedarán dos años para alcanzar los objetivos de 2030.
Para entonces, presentar nuevos planes no será suficiente. Los países deberán demostrar cuánto avanzaron en la restauración de ecosistemas, la gestión efectiva de áreas protegidas, la reducción de incentivos perjudiciales y la llegada de recursos a los territorios.
La conclusión que dejó Ereván es clara: el mundo ya tiene metas y una hoja de ruta, pero todavía no financia ni ejecuta los cambios con la velocidad necesaria.
