El Día Internacional contra el Cambio Climático encuentra a Uruguay con numerosos compromisos, planes e instrumentos de medición. También con una dificultad persistente: establecer cuánto de lo anunciado se convirtió en transformaciones concretas.
La pregunta no pertenece solamente a los organismos públicos o a los especialistas. Atraviesa situaciones cercanas a la vida cotidiana: ciudades que deben prepararse para las inundaciones, costas expuestas a la erosión y comunidades que todavía esperan respuestas. Una encuesta nacional ya mostró la dimensión de esa realidad: 7 de cada 10 personas vivieron eventos climáticos extremos en Uruguay.
Uruguay ha estudiado buena parte de esos riesgos y ha preparado instrumentos para responder. Existen planes para las ciudades y la costa, inventarios de emisiones, compromisos internacionales y sistemas de seguimiento.
La información, sin embargo, se distribuye entre documentos, organismos y plataformas que no siempre trabajan con los mismos años ni presentan igual nivel de actualización. Reconstruir qué medidas se ejecutaron, cuánto avanzaron y qué resultados produjeron continúa siendo una tarea compleja.
La contradicción es evidente: la política climática de Uruguay cuenta con una amplia estructura de planes e indicadores, pero sus efectos sobre el territorio todavía son difíciles de medir.
Los riesgos están identificados
Los planes climáticos de Uruguay parten de una realidad compleja: las ciudades, la costa, la producción, el agua y los ecosistemas no enfrentan las mismas amenazas.
Para una familia que vive en una zona inundable, la adaptación puede representar una vivienda menos expuesta, un drenaje adecuado o la decisión de no construir nuevamente donde el riesgo ya está identificado.
En la costa puede implicar recuperar dunas, restaurar ecosistemas o revisar obras vulnerables. Para el sector productivo supone disponer de información y herramientas que permitan responder a sequías, excesos de precipitaciones y otros cambios en las condiciones climáticas.
El Plan Nacional de Adaptación para ciudades e infraestructuras contempla medidas relacionadas con las inundaciones, el ordenamiento territorial, las viviendas, las edificaciones, el arbolado y los espacios verdes.
El Plan Nacional de Adaptación para la zona costera, por su parte, reúne estudios sobre inundación, erosión y transformaciones de las playas. También considera las posibles consecuencias para la población, los ecosistemas, las infraestructuras y actividades económicas como el turismo.
Uruguay, por tanto, dispone de diagnósticos y planes. La cuestión pendiente es determinar qué medidas llegaron a ejecutarse y qué consiguieron cambiar.
Los objetivos no avanzan al mismo ritmo
En diciembre de 2024, Uruguay presentó su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como CDN3. El instrumento reúne los compromisos del país para reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y fortalecer sus capacidades de respuesta.
Los indicadores oficiales reflejan avances, aunque no todos siguen el mismo ritmo.
El país se había propuesto reducir para 2025 un 24% la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto interno bruto, tomando como referencia 1990. El último valor publicado corresponde a 2022 y registra una reducción del 13%. El visualizador oficial de los compromisos climáticos de Uruguay estimó para esa meta un grado de avance del 56%.
La situación se acercaba más al objetivo cuando se consideraban conjuntamente los principales gases de efecto invernadero. El indicador mostraba una reducción del 46% en 2023, frente a una meta del 50%, lo que representaba un avance del 91%.
Pero los valores disponibles no corresponden todos al mismo año. Algunos llegan hasta 2023 y otros se apoyan en información de 2021 o 2022. Esa diferencia impide construir una fotografía única y simultánea del cumplimiento de las metas.
Los porcentajes ayudan a saber si un objetivo se encuentra cerca o lejos. No explican por sí solos qué políticas produjeron los avances, qué sectores quedaron rezagados ni qué cambios puede reconocer la población.
Las emisiones también muestran cómo vivimos
Los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero permiten conocer qué actividades generan las emisiones del país. Los registros abarcan la energía, los procesos industriales, la agricultura, los cambios en el uso de la tierra y los residuos.
La información abierta disponible comprende inventarios de diferentes años entre 1990 y 2022. El conjunto publicado en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos registra una actualización en marzo de 2025.
En Montevideo, el inventario departamental presentado por la Intendencia señala una reducción del 31% de las emisiones entre 2006 y 2021, de acuerdo con la metodología utilizada. El estudio identifica además a la quema de combustibles para el transporte como la principal fuente de emisiones de la capital.
Ese resultado traslada la discusión climática a una actividad cotidiana: desplazarse.
Reducir las emisiones del transporte no depende únicamente de sustituir un combustible o cambiar un vehículo por otro. También exige considerar las distancias que recorren las personas, la cobertura del transporte público y las alternativas disponibles para trabajar, estudiar o acceder a servicios.
La forma en que se organiza una ciudad condiciona tanto sus emisiones como las posibilidades reales que tiene la población de modificar sus hábitos.
Adaptación climática en Uruguay: tener un plan no significa estar preparado
Una ciudad no está mejor preparada solamente porque conoce cuáles son sus zonas inundables. Necesita integrar esa información a las decisiones sobre vivienda, drenaje, ordenamiento territorial y obra pública.
Una costa tampoco queda protegida porque un estudio identifique los sectores expuestos. La respuesta puede requerir recuperar dunas, conservar ecosistemas, controlar construcciones o modificar infraestructuras.
La adaptación se vuelve concreta cuando una medida protege una vivienda, recupera un ecosistema o evita que una decisión actual aumente los riesgos futuros. Pero conocer cuántas acciones se encuentran en ejecución todavía obliga a consultar diferentes páginas, informes y plataformas.
La transparencia climática en Uruguay sigue fragmentada
La fragmentación de los datos no es solamente una dificultad advertida desde fuera de la administración pública.
Un compromiso publicado en el Mirador de Gobierno Abierto reconoce que la información sobre adaptación se encuentra dispersa, con formatos y niveles de detalle diferentes. El diagnóstico oficial señala que esa situación dificulta su consulta y utilización por parte de gobiernos departamentales, organizaciones sociales, la academia y la ciudadanía.
Para responder a esa carencia, el Gobierno proyecta crear una Plataforma Nacional para la Transparencia y Monitoreo de la Adaptación Climática. La herramienta incorporará progresivamente información sobre ciudades, infraestructuras y costas, además de acciones desarrolladas por actores departamentales, académicos y sociales.
Publicar planes y documentos es necesario. La transparencia también exige que las personas puedan conocer qué medidas se prometieron, qué organismos deben ejecutarlas, cuáles son sus plazos y cuánto avanzaron. Ese acceso resulta especialmente relevante en un contexto donde la conciencia ambiental crece, pero la acción colectiva sigue estancada.
La deuda no es elaborar otro plan
Uruguay no parte de cero. Cuenta con experiencia técnica, compromisos internacionales, inventarios de emisiones, planes de adaptación e indicadores.
El desafío inmediato no consiste simplemente en aprobar un nuevo documento.
La política climática necesita mostrar resultados en ciudades mejor preparadas frente a las inundaciones, costas con mayor protección, sistemas de agua menos vulnerables, ecosistemas conservados y formas de transporte con menores emisiones.
El país amplió sus instrumentos climáticos y avanzó en varios objetivos. Pero la dispersión de la información y las diferencias entre los años de los indicadores todavía impiden construir una imagen clara de sus resultados.
La próxima etapa no debería medirse por la cantidad de planes aprobados, sino por su capacidad para producir cambios verificables.
La pregunta ya no es solamente qué prometió hacer Uruguay frente al cambio climático. Es qué está cambiando, dónde está ocurriendo y quiénes todavía esperan una respuesta.
