La relatora especial sobre derechos humanos y cambio climático, Elisa Morgera, presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe que pide la eliminación total de los combustibles fósiles para 2030, sanciones penales contra quienes difunden desinformación climática, y el cese del cabildeo y la publicidad de la industria fósil.
Señala que estas medidas son necesarias para cumplir con las obligaciones legales internacionales en materia de derechos humanos y prevenir daños «catastróficos» relacionados con la crisis climática.
Morgera, profesora de Derecho Ambiental Global en la Universidad de Strathclyde, argumenta que Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia están obligados, por el derecho internacional vigente, a desfosilizar completamente sus economías y a reparar los daños causados a comunidades afectadas.
«A pesar de la abrumadora evidencia de los impactos interrelacionados, intergeneracionales, graves y generalizados del ciclo de vida de los combustibles fósiles en los derechos humanos (…) estos países han acumulado y siguen acumulando enormes ganancias de los combustibles fósiles, y todavía no están tomando medidas decisivas», afirma.
El informe documenta cómo los derechos humanos -incluidos los derechos a la vida, la autodeterminación, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la información y los medios de vida- , han sido vulnerados por la extracción, transporte, uso y desecho de combustibles fósiles, incluidos sus derivados como plásticos y fertilizantes sintéticos.
«Estos países son responsables de no haber evitado el daño generalizado a los derechos humanos derivado del cambio climático y otras crisis planetarias a las que nos enfrentamos: la pérdida de biodiversidad, la contaminación por plásticos y las desigualdades económicas«, indica Morgera.
El texto advierte que la transición energética no basta para frenar los daños: se requiere una “desfosilización” total, que abarque a todos los sectores, incluidos la política, las finanzas, los medios y el conocimiento. Además, plantea que los Estados deben informar activamente sobre los efectos nocivos de los combustibles fósiles y los obstáculos sistemáticos puestos por la industria para ocultar estos daños.
Morgera señala que “las personas también tienen derecho a saber cómo la industria, y sus aliados, han obstruido sistemáticamente durante 60 años el acceso a este conocimiento y a una acción climática significativa mediante la difusión de desinformación e información errónea, los ataques contra científicos y activistas climáticos y la captura de espacios democráticos de toma de decisiones, incluidas las negociaciones climáticas anuales de la ONU”.
Según el informe, tan solo eliminar los subsidios podría reducir las emisiones en hasta un 10 % para 2030. Además, se insta a aplicar impuestos a las ganancias extraordinarias, recuperar ingresos fiscales evadidos y exigir a las empresas que financien la adaptación, mitigación y reparación de daños climáticos a través de fondos accesibles para las comunidades afectadas.
Las ganancias de las grandes empresas energéticas en 2023 fueron significativas: 2,4 billones de dólares para las compañías de petróleo y gas, y 2,5 billones para las de carbón. Según Morgera, estas cifras contrastan con la persistente pobreza energética y el deterioro ambiental que estas industrias no han resuelto, a pesar del respaldo estatal.
Otra recomendación clave es la restitución o compensación de territorios ocupados por la industria fósil. «Las tierras injustamente apropiadas para operaciones de combustibles fósiles deben limpiarse, remediarse y devolverse a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes y a los campesinos, si quieren recuperarlas, o deben ser compensadas de manera justa», señala.
El informe concluye con un argumento económico y social: «Lo que puede parecer radical o poco realista, una transición a una economía basada en energías renovables, ahora es más barato y seguro para nuestra economía y una opción más saludable para nuestras sociedades». Morgera añade que esto permitiría reducir gastos públicos en salud y atención a desastres, recuperar ingresos fiscales y generar beneficios ambientales.
MEDIDAS CONCRETAS QUE PROPONE EL INFORME. Prohibir la publicidad y el cabildeo de la industria fósil. Penalizar el lavado verde (greenwashing) y la desinformación proveniente de empresas, medios y agencias de comunicación. Sancionar ataques contra defensores climáticos, incluyendo demandas maliciosas, acoso en línea y violencia física. Eliminar subsidios fósiles, estimados en más de 1,4 billones de dólares en países de la OCDE y otras 48 naciones en 2023. Reorientar estos fondos hacia políticas de reparación y transición justa.
Fuente: Informe de la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático, Elisa Morgera, presentado en Ginebra (2025). Disponible AQUÍ
