El más reciente conflicto urbano y ambiental de Maldonado sufrió un revés definitivo en el Poder Legislativo. El trámite para impugnar las excepciones otorgadas al megaedificio proyectado en la parada 21 de la playa Mansa en Punta del Este quedó archivado en el Parlamento. Esto ocurrió luego de que los legisladores de la Comisión de Constitución y Códigos dejaran expirar los plazos constitucionales el pasado 1 de julio sin tratar el fondo del asunto.
La Comisión -integrada por cinco legisladores del Frente Amplio, tres del Partido Nacional, dos del Partido Colorado y uno de Cabildo Abierto- tuvo tiempo hasta el inicio de julio para evaluar el recurso y darle trámite para que pasara a ser votado en el plenario de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la inacción transversal de todas las bancadas políticas sepultó el reclamo ciudadano.
«La política nos dio la espalda», sentenciaron con indignación desde el colectivo «Vecinos por La Mansa». La comunidad había logrado activar los mecanismos legales recolectando 1.400 firmas -superando holgadamente las 1.000 exigidas por la ley- bajo el amparo del artículo 303 de la Constitución de la República. Sin embargo, un error menor de forma en la carátula del expediente (se consignó el número con el que el proyecto ingresó a la Junta Departamental y no con el que salió) sirvió de argumento burocrático para congelar el reclamo de la ciudadanía de Maldonado.
Según explicó a Ambienta la arquitecta Alma Bianchi, vocera del colectivo, los parlamentarios tenían tres herramientas jurídicas claras en la mesa para subsanar ese detalle formal y defender el suelo costero: el informalismo a favor del administrado, un informe en minoría o un pedido de pronto despacho para votar en el plenario. «Tuvieron todas las herramientas para defender el reclamo ciudadano. Prefirieron la burocracia», concluyó Bianchi. Con el archivo definitivo del recurso, las excavadoras tienen vía libre para operar.

El padrón 29.629 (enmarcado en rojo), ubicado frente al mar en la Rambla Claudio Williman, donde quedó firme la excepción para la torre de 17 pisos. Foto: Captura de Google Satélite / Ambienta.
Así funciona el decreto que permitió multiplicar el cemento por siete frente al mar
Con el frente legislativo truncado en Montevideo, el proyecto privado avanza al amparo de un engranaje normativo departamental. Este mecanismo elude los controles tradicionales de ordenamiento territorial.
Se trata de un decreto creado durante la administración del exintendente Enrique Antía. El mismo faculta al Ejecutivo local a enviar solicitudes de «tolerancia» directamente a la Junta Departamental. El proceso se realiza sin necesidad de contar con un informe técnico favorable de la Dirección de Urbanismo.
Bajo este esquema, las oficinas técnicas de la Intendencia de Maldonado se limitan a describir el planteo del privado. De esta manera, quedan impedidas de emitir dictámenes vinculantes. «Sólo se solicita un informe de lo que se plantea hacer, sin opinión ninguna», reveló la arquitecta Bianchi.
Excepciones sin aval técnico
Esta falta de filtros técnicos previos permitió que la Junta aprobara el proyecto con 21 votos en 30 ediles. La decisión altera drásticamente el cuadrante residencial de la Parada 21 de la Playa Mansa. Se trata de un entorno ubicado directamente frente al mar sobre la Rambla Claudio Williman. El área se caracteriza históricamente por bloques bajos de hasta 12 metros de altura.
La excepción concede el derecho a levantar una mole escalonada de 55 metros (unas 17 plantas). La estructura albergará 91 unidades habitacionales, áreas de amenities y 120 estacionamientos subterráneos.
La propia resolución oficial fue aprobada en julio de 2025 por Antía. El texto reconoce de forma explícita que el desarrollo privado “excede en la altura, FOT (factor de ocupación total), FOS SS (factor de ocupación de subsuelo) y no alcanza el FOS verde mínimo (factor de ocupación de suelo destinado para pasto)”.
El plano final contempla un volumen constructivo de 26.148 metros cuadrados. La ordenanza sectorial fijaba para ese espacio un máximo de 3.265 m².
El dato: Las excepciones otorgadas representan un incremento cercano al 700% respecto de la superficie originalmente prevista para el sector.
LEE TAMBIÉN: LA REBELIÓN DE LA SIERRA: El hito democrático que impidió dinamitar el lomo de Punta Ballena.
El impacto en la costa
El impacto más inmediato para los predios linderos y la faja costera radica en la pérdida crítica de la capacidad de absorción del suelo arenoso. Que se verá agravada por la excavación de los subsuelos para las cocheras. El Factor de Ocupación de Suelo Verde (FOSV) se reduce del 60% normativo a un escaso 33%, lo que deja casi un 70% del terreno totalmente impermeabilizado bajo el cemento.
La profesional advirtió que la envergadura de la obra exigía un argumento técnico que justificara la excepción ambiental sobre la costa, un requisito que no consta como cumplido en el expediente.
| Parámetro Urbanístico | Normativa Vigente | Proyecto con Excepción | Impacto / Desviación |
| Altura Máxima | 12 metros | 55 metros | Cuadruplica el límite (+43 metros) |
| Superficie Edificable | 3.265 m² | 26.148 m² | Incremento del 700% en cemento |
| Suelo Verde (FOSV) | Mínimo 60% | 33% | Reducción a casi la mitad del área permeable |

Visualización de datos: La mole proyectada (volumetría translúcida) cuatriplica la altura permitida y multiplica por siete la superficie edificable en la primera línea de la Rambla Claudio Williman. Infografía: Ambienta.
Al ser consultada sobre cómo este edificio de 17 pisos alteraría la convivencia y el entorno costero, Bianchi fue categórica: «Vivimos en un barrio consolidado por los mismos vecinos desde hace 70 años, además es la playa que reúne todos los veranos a la gente de Maldonado. Es evidente que en un barrio jardín, altera el día a día con la aglomeración de 100 familias en un solo punto, embotellamientos, sombras, inundaciones en la rambla debido a que los terrenos no absorben las pluviales».

